Jueces y fiscales saturan de casos "absurdos" a opositores para mantenerlos en la cárcel

El propósito de esta “lamentable costumbre” de quienes detentan el poder –criticada por organismos internacionales como la Corte IDH, la Corte Europea de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos- es saturar de querellas penales al acusado para amedrentarlo y mantenerlo en la cárcel el mayor tiempo posible, indican.

Pese a que existen en el Código Penal figuras que permiten establecer la conexión entre delitos, agregan los juristas, las autoridades optan por acumular procesos para que el acusado tenga que lidiar contra hasta 100 causas –como en el caso de José Antonio Aramayo-, lo que a nivel internacional significa un escándalo. 

“Esto es algo recurrente, es una lamentable costumbre que tienen quienes detentan el poder, y que jamás en ningún momento existió la oportunidad de poner un alto; lo ha hecho Gonzalo Sánchez de Lozada, lo ha hecho Evo Morales durante 14 años, lo ha hecho Jeanine Áñez y lo está haciendo con mayor intensidad el gobierno de Luis Arce, entonces lamentablemente es algo que se ha normalizado en el país, una situación que en cualquier otra coyuntura a nivel internacional sería muy grave”, dijo a ANF Franco Albarracín, abogado de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia.

El activista indicó que, en términos estrictamente jurídicos, cualquier autoridad pública puede ser sujeta a denuncias por malos manejos o la supuesta comisión de algún tipo penal, pero el problema surge cuando el Ministerio Púbico y el Órgano Judicial aceptan denuncias sin fundamentos y por encargo del Órgano Ejecutivo.

“El centro del problema es el Ministerio Público y el Órgano Judicial, quiénes en lugar de poner un alto al Órgano Ejecutivo en este tema de la persecución, aceptan absolutamente todas las denuncias que presentan, sin siquiera analizarlas y empiezan a ejecutar acciones que restringen los derechos humanos como el derecho a la libertad personal”, apuntó.

Esta andanada de acusaciones penales llevó a que los considerados opositores deban de afrontar entre 20 a más de 100 demandas penales, como es el caso de José Antonio Aramayo (más de 100 casos), José María Bacovik (más de 70), Roger Pinto (con más de 20 procesos), entre otros, y ahora este mismo método se aplica contra la expresidenta, Jeanine Áñez.

El Gobierno de Luis Arce va sumando contra Áñez más de siete procesos, muchos por los mismos casos, bajo la estrategia del ministro de Justicia, Iván Lima, quien admitió que se “armó” el caso al no haber dos tercios de votos de los legisladores oficialistas en la Asamblea para llevar a la exmandataria a un juicio de responsabilidades.

“Si quieren investigarla por un supuesto golpe de Estado, pues que la investiguen, pero debería ser respetado su derecho a la libertad, pero todas estas irregularidades son motivadas por el Órgano Ejecutivo, pero van de la mano de una posición política partidaria tanto del Ministerio de Justicia (con Iván Lima) y del Órgano Judicial, lo que explica este comportamiento de presentar cientos de denuncias para cansar, derrotar y hacer todo lo posible de eliminar una voz contraria a la del partido oficialista”, apuntó Albarracín.

El abogado Constitucionalista Jorge Quiroz dijo al respecto que cuando una persona comete varios delitos hay figuras como el concurso real y el concurso ideal de delitos y se debe sancionar a la persona con la pena más grave, lo que no se hace en los casos mencionados.

“Jurídicamente (frente a varios delitos se aplica la figura del concurso real o ideal) eso es lo que se hace, pero en el caso de los políticos, lamentablemente entra a tallar un criterio bastante absurdo en torno a la manera de querer ajusticiar a las personas (…), la Corte IDH, la Corte Europea de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos, tienen un criterio frente a este accionar y lo denominan persecución penal”, señaló Quiroz a ANF.

Sobre la expresidenta Jeanine Áñez, Quiroz dijo que con la nueva denuncia presentada el 27 de abril por el presidente del senado, Andrónico Rodríguez, por siete delitos, se “configura definitivamente que se está frente a una persecución judicial” mediante la judicialización de la política. 

El Ministerio de Justicia presentó cuatro denuncias para juicio de responsabilidades contra Áñez, que tienen que ver con medidas adoptadas durante su gestión de Gobierno, y anunció que en las próximas semanas presentará una nueva demanda por las masacres de Senkata y Sacaba. A esto se suma otro proceso por la vía judicial por los delitos de "terrorismo, sedición y conspiración”. En los últimos días, la Fiscalía General del Estado observó otra proposición acusatoria contra Áñez por los casos de Sacaba y Senkata.

“Si se le ha descubierto la comisión de otros delitos, se tiene que adecuar al proceso que ya está en curso y se debe ir acumulando ahí, pero como ellos (autoridades judiciales) no quieren eso porque quieren otro mandamiento de detención, esta persona va a pasar otro tiempo más en detención preventiva”, apuntó.

Dijo que los abogados de la defensa de Áñez en su momento deberán pedir la conexitud de delitos, que son de la misma especie, para convertirlo en un solo proceso, pero adelantó que los jueces en Bolivia, en muy pocos casos han permitido realizar la conexitud.

“Lamentablemente no lo hacen porque los jueces y fiscales se han convertido en instrumentos de esta persecución penal, y no dan lugar a estas conexitudes, a estas acumulaciones de los procesos por no darles la libertad que se merecen estas personas y tratan de mantenerlas detenidas”, apuntó.

Para Quiroz se trata de un “acto de cobardía entre políticos” que se ha naturalizado en el país, y que en los organizamos internacionales de Derechos Humanos se lo ve como persecución judicial. “Eso está mal, muy mal, pero ellos creen (jueces y fiscales) en sus pensamientos, que están haciendo bien, pero la justicia tendrá que llegar y se tendrá que resarcir los daños en una corte internacional”.

Para el jurista Gary Prado es legal que una persona sea denunciada muchas veces, pero el tema es si esas denuncias tienen fundamento. Dijo que aquí es donde el Ministerio Público ha perdido su esencia de actuar con objetividad y se ha convertido en un “comisariado político”.

“El Ministerio Público admite denuncias absurdas como el del Golpe de Estado, por ejemplo, ¿cómo un Golpe de Estado si todo el sistema democrático sigue funcionando y lo que hubo fue una sucesión?, pero ellos admiten esta denuncia y con tal motivo cautelan a la expresidenta (Jeanine Áñez) que en el momento en que ocurrió el supuesto hecho no era presidenta y por lo tanto no tiene fuero, y a dos exministros que no tienen fuero bajo ninguna circunstancia, entonces eso es actuar sin objetividad, eso es actuar a pedido”, apuntó.

Dijo que los partidarios del Gobierno aprovechándose de que la ley permite que todo hecho que sea probablemente delictivo sea denunciado, “inventa una serie de hechos, le da características de hecho delictivo, que no lo son, y el Ministerio Público perdiendo la objetividad imputa y obliga a los jueces a cautelarlos”.

Prado indicó que el propósito es “utilizar el sistema judicial para arrinconar, y en su caso, encarcelar u obligar al exilio a los opositores”.

“Se trata de quedarse sin oposición, les ha funcionado perfectamente y por eso es que lo siguen utilizando, es lo que se llama la judicialización de la política, llevar la lucha política al ámbito judicial donde tienen posibilidades siempre de ganar los que están en el poder, porque el ámbito judicial es permeable a la injerencia política. Los jueces tienen miedo, se dejan presionar, pero no es que les ponen plata, es simplemente la presión, los amenazan de sacarlos de sus cargos si no cumplen, lo propio a los fiscales”, refirió.

Resultado de este manoseo judicial, agregó, surgen casos en que funcionarios prevalidos de esa confianza, fortaleza y empoderamiento que le brinda el sistema político, “cometen excesos, como lo hizo Marcelo Sosa, quien se dedicó a extorsionar a quienes investigaba para llenarse de dinero”.