La Paz, 22 de octubre (ANF).- Andrés Gautier, responsable del área socio-terapéutica del Instituto para la prevención de la Tortura (ITEI), señaló que en experiencia del ITEI, en casos de tortura en los que están implicados agentes de la policías, existe una “alianza encubridora” entre el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y el Órgano Judicial para no transparentar lo ocurrido.
“En el trabajo que el Instituto de Terapia Investigación está haciendo desde hace muchos años, tanto en la sociedad civil como en las cárceles, en particular de La Paz, lo que estamos observando es que hay una alianza encubridora de años en casos de maltrato y de tortura, donde la policía en particular está implicada, (en estos casos) el IDIF tiene que callar sobre lo ocurrido”, dijo Gautier en entrevista con TVU.
En recientes días se conoció sobre la muerte de una joven madre en celdas de la Estación Policial Integral (EPI) de Chasquipampa, en La Paz, y el fin de semana sobre la muerte por tortura de un privado de libertad de la cárcel de Chonchocoro a manos presuntamente de un teniente de Policía y por orden del coronel del penal.
Gautier refirió que en varios casos de muertes en celdas policiales y en los penales no se investiga y en muchos de ellos las autoridades declararan como si se tratara de un suicidio.
“Nunca ha habido un análisis sistemático, necropsias sobre estos casos y se los declara como suicidios y no se sabe más, no hay investigación”, apuntó.
En los últimos cuatro años se registraron a razón de 50 muertos en los penales del país, la gran mayoría de ellos por enfermedad, al no poder acceder a un tratamiento de salud adecuado.
Sobre el caso de la muerte de la joven en la EPI de Chasquipampa, Gautier indicó que se debería iniciar inmediatamente una auditoría, y como ha sido una muerte en custodia “se supone que se ha judicializado y la autopsia debería hacerla un médico forense independiente” para garantizar que no resulte manipulada.
Por otra parte, dijo, debería haber un protocolo de autopsia para casos de muerte en custodia policial, basado en el protocolo de Minnesota, “para ver si la versión del corte de uñas de la víctima, como se denunció, es real, porque sería claramente para esconder evidencia”.
Sobre el IDIF, indicó que en estos casos, donde están implicados funcionarios policiales, no puede hacer un uniforme independiente, y muestra de esto es que no visita a la víctima de forma inmediata después de lo ocurrido, y si la visita es para hacer una investigación superficial, “donde no se tocan puntos delicados que podrían poner en duda el accionar de un representante de la policía”.
“Hay una alianza de tres partes: la policía, el IDIF y la justicia, y en tanto tiempo que este tema no está enfrentado de forma consciente y sistemática en Bolivia, que esto va a continuar, estamos en un grave problema”, enfatizó.
Refirió que solo una reforma judicial no puede cambiar este tipo de actuar de las autoridades, porque se trata más de un tema de mentalidad que está existiendo en órganos de profesionales del Estado “que han aceptado que sus órganos no cumplan con la ley, con la Constitución y que la situación siga así”.
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