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Seguridad

10 de agosto de 2022 10:39

Gobierno dice que cocaleros son parte de una organización criminal que usa líneas internacionales

Según la autoridad, las comunicaciones de los arrestados revelan que los cocaleros pretendían secuestrar a efectivos policiales, herir y quitar la vida a los efectivos del orden que resguardan el mercado ilegal de coca de Arnold Alanes

del castillo Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno, en conferencia de prensa.
SEPTIEMBRE 1

La Paz, 10 de agosto de 2022 (ANF).- El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que los cocaleros que fueron arrestados en los conflictos en Villa el Carmen pertenecen a una organización criminal que hace uso de líneas telefónicas internacionales para no dejar registro de comunicación en territorio nacional.

“La gran mayoría de los cocaleros están usando números internacionales para operar criminalmente dentro del territorio nacional”, afirmó Del Castillo en conferencia de prensa.

Según la autoridad, las comunicaciones de los arrestados revelan que los cocaleros pretendían secuestrar a efectivos policiales, herir y quitar la vida a los efectivos del orden que resguardan el mercado ilegal de coca de Arnold Alanes, afín al partido en función de Gobierno.

“Estas personas estaban usando números con prefijos de la República de Chile, no estaban usando números de teléfonos celulares de compañías nacionales. Esto es una clara muestra de que son organizaciones criminales que buscan no ser identificados dentro del territorio nacional para que las acciones investigativas no puedan identificarlos con completa normalidad”, condenó el ministro de Gobierno.

Hasta el momento se registraron 24 cocaleros fueron arrestados, 5 mujeres y 19 varones, y son acusados de tenencia y manipulación de explosivos durante los enfrentamientos entre cocaleros y policías en Villa el Carmen.

Del Castillo aseveró que el Ministerio de Gobierno se constituirá como parte del proceso penal contra cada uno de los detenidos que fueron identificados en flagrancia, por ahora fueron puestos ante autoridades del Ministerio Público para que determinen la situación jurídica de cada uno.




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