Frontis de la Gobernación de La Paz.
La Paz, 25 de mayo (ANF).- El gobernador de La Paz, Santos Quispe, retiró la acusación particular interpuesta por esa instancia en gestiones pasadas en contra del médico Jhiery Fernández, Sandra Madeny y Lola Rodríguez, involucradas dentro del caso bebé Alexander y advirtió que el Ministerio Público deja en la impunidad la muerte del menor.
“El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz retira la acusación particular presentada en fecha 30 de septiembre de 2015 solicitando se tenga presente, sea con las formalidades de ley”, refiere el memorial enviado por la representación jurídica de la Gobernación al Tribunal Cuarto de Sentencia de La Paz.
La Gobernación tomó esta decisión, luego que el Ministerio Público retirara la acusación formal de este caso, arguyendo que no se encontraron suficientes elementos para sostener la acusación, además de que hubo errores en la obtención de elementos probatorios, pruebas observadas y otras extraviadas.
Según el memorial, la Gobernación no retiró la acusación en una primera instancia en consideración a la víctima, un menor de 8 meses de edad, de quien no se demostró que haya muerto por causa natural; en tal sentido, lamentó que la Fiscalía no haya considerado ese aspecto.
“Consideramos que el retiro de acusación del Ministerio Público vulnera los artículos 58, 59 y 60 de la Constitución Política del Estado, cuyo deber es proteger a los niños y niñas, siendo esta una de las más altas funciones del Estado, en este caso el Ministerio Público como representante de la sociedad ha dejado un vacío y en la impunidad la muerte del bebé Alexander”, refiere el memorial.
Apuntó a la Fiscalía por incumplir con los principios de objetividad, legalidad, celeridad y unidad en el proceso, y con las normas que protegen a los menores. También denunció que una abogada de la Gobernación fue interrumpida en una audiencia anterior, cuando exponía los argumentos para que no se retire la acusación.
La Gobernación pidió no dejar en la impunidad la muerte del bebé, más aún cuando es una víctima de presunta violación.
Recordó que la Fiscalía en 2014 restringió la participación de los abogados de la Gobernación y luego hizo declarar en reserva el proceso, por lo que la instancia del Gobierno departamental solo se adhirió al caso confiando en las investigaciones del Ministerio Público.
“De lo expuesto verificará el Tribunal que es el Ministerio Público el responsable directo de los actos de investigación que ahora desconoce y que por efecto de la adhesión a sus pruebas no ha dejado sin ningún elemento probatorio que haga viable la prosecución de la presente causa para conocer la verdad histórica de los hechos”, señala el documento.
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