La Paz, 22 de febrero (ANF). - El Ministerio Público se rehusó en varias ocasiones a entregar a la Fiscalía Departamental Policial las copias legalizadas de las declaraciones del sargento Rubén Israel Q. P., chofer del exviceministro Rodolfo Illanes, que está procesado en la vía disciplinaria por revelar detalles de los operativos policiales de agosto de 2016 en Panduro.
“Conforme a oficios remitidos por la Fiscalía Departamental Policial al Sr. Dr. William Alave, Fiscal Departamental, en reiteradas oportunidades requerimiento fiscal policial solicitando se oficie al Dr. Filemón Sandoval, director jurídico del Ministerio de Gobierno, a objeto de que remitan fotocopias legalizadas de todas las declaraciones testificales que cursan en el cuaderno de investigaciones, dichas solicitudes a la fecha se encuentran sin respuesta”, cita parte de la acusación policial contra el sargento, emitida en febrero de 2019 y a la que tuvo acceso ANF.
El chofer de Illanes realizó tres declaraciones ante el Ministerio Público. Las dos primeras el 2016 en calidad de testigo y la última en agosto de 2018 en calidad de investigado.
Para la Policía existen contradicciones entre sus primeras declaraciones y la última, por eso el sargento estaría faltando a la verdad y además habría revelado operativos policiales “confidenciales” a medios de comunicación.
En la cuestionada tercera declaración, el sargento reveló el operativo policial activado durante los enfrentamientos con los cooperativistas mineros. Señaló que los uniformados portaban armas de fuego letales y fueron utilizados en contra de los movilizados el pasado 25 de agosto de 2016, en la localidad de Panduro.
Ese día inicialmente murió por impacto de bala el minero Rubén Aparaya Pillco y ese hecho generó la indignación de los cooperativistas, que terminaron secuestrando y asesinando al entonces viceministro Rodolfo Illanes, que había llegado a la zona a intentar restablecer el diálogo.
El sargento también había declarado que Illanes fue enviado a Panduro desarmado, sin custodia policial, ni otras medidas de seguridad que están establecidas en protocolo.
Por esa situación, el fiscal policial procesó al chofer de Illanes y en la acusación pidió su retiro o baja definitiva porque habría incurrido en faltas graves al revelar dichos detalles del operativo.
La Policía menciona que las declaraciones que hizo el sargento ante la Fiscalía son prueba de que incurrió en faltas, sin embargo, aún no cuenta con las copias legalizadas y por ello no fueron adjuntadas en su acusación contra el chofer de Illanes.
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