La Paz, 29 de julio (ANF).- La comisión de fiscales asignado al caso Fraude Electoral sobreseyó a 12 exvocales y exfuncionarios del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en base a la declaración testifical del gerente de Neotec, Marcel Guzmán de Rojas, y el informe técnico de la Universidad de Salamanca, con los que habría desvirtuado la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) a los comicios generales de octubre de 2019.
“Los suscritos representantes del Ministerio Público, en comisión de la fiscalía especializada anticorrupción (…), decreta el sobreseimiento a favor de María Eugenia Choque Quispe, Antonio José Iván Costas Sitic, Lucy Cruz Villca, Idelfonso Mamani Romero, Lidia Iriarte Torres, Edgar Gonzales López, Wilson Rodríguez Vinaya, Abimael Machicao Jiménez, Oswaldo Aspi Mamani, José Antonio Pardo Álvarez, Winsor Saire Quipildor y Sergio Matínez Beltrán”, se lee en parte de la resolución de sobreseimiento de la Fiscalía.
Los exfuncionarios estaban acusados por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, falsificación de documentos, manipulación informativa, alteración y ocultación de resultados, beneficios en función del cargo y uso indebido de datos informáticos.
Según el informe final de auditoría de la OEA, el equipo auditor detectó manipulación dolosa en los comicios de octubre de 2019, en dos planos: a nivel de las actas, a partir de la alteración de las mismas y la falsificación de las mismas por los jurados de mesas; y, a nivel del procesamiento de los resultados, a partir del redireccionamiento del flujo de datos a dos servidores ocultos y no controlados por el personal del TSE.
En primera instancia, la comisión de fiscales, según el documento de sobreseimiento, desvirtúa el informe de auditoría de la OEA, mediante la declaración testifical de Marcel Guzmán de Rojas, gerente de Neotec, empresa encargada del servicio de mantenimiento y soporte técnico para el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares (TREP), que presentó muchas deficiencias en el proceso.
En el acta de declaración, Guzmán califica en todo momento a la OEA de “mentir abiertamente” en su informe.
“En la última versión del informe de la OEA, la OEA sostiene que el TSE ocultó 5,3% de las actas que eran el 5% que, si estaban en el TREP, pero no las publicamos, eso es falso”, se lee en el documento.
La segunda anomalía, señala Guzmán, es el corte del TREP “que se da por algo que tanto la OEA y Andrade dicen que ocurrió pero que no puedo verificar: o sea es falso”.
Otra anomalía en el informe de la OEA, agrega, es que “dicen que yo me negué a ir a trabajar a San Jorge para el TREP, cuando el TREP se hace en el Sereci de la plaza Venezuela”.
“La OEA miente abiertamente, sobre todo en las primeras páginas del informe, da información falsa, o sea no es que se equivoca”, refiere en otro párrafo.
Y sobre la anomalía en la tendencia, indica Guzmán en otra parte del documento, “nuevamente miente la OEA, porque esa anomalía en la tendencia no existe, ni en el cómputo ni en el TREP”.
La comisión de fiscales señala que bajo los principios de responsabilidad y objetividad, y con el fin de proteger los intereses del Estado y la sociedad, y atendiendo el informe de auditoría preliminar de la OEA, determinó requerir a la fiscalía general del Estado contratar un organismo libre de presión e injerencia política, que recayó en el “Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE” de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, España, para realizar una “Pericia en el Área de Seguridad Informática y Administración de Redes” sobre la integridad informática de los resultados de las elecciones del 20 de octubre de 2019.
Según la fiscalía, la pericia de la Universidad de Salamanca “ha demostrado la inexistencia de manipulación en el proceso electoral”.
Sobre falsificación de firmas de 176 actas escrutadas en Argentina, considerado en el informe de auditoría de la OEA, la comisión de peritos de la policía no pudo emitir un criterio conclusivo. “Al no contar con los elementos suficientes de comparación requeridos, nos vemos imposibilitados de realizar el dictamen pericial requerido”, se lee en el informe fiscal.
Con estos argumentos, la comisión de fiscales determinó sobreseer el caso debido a que el hecho denunciado “no constituye delito a los efectos de subsunción a los ilícitos descritos y denunciados”.
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