La Paz, 7 de mayo de 2026 (ANF).- La expansión de las economías ilegales en América Latina no puede entenderse únicamente desde la violencia o la ilegalidad. Para el criminólogo y exviceministro peruano Nicolás Zeballos, el crimen organizado funciona bajo una lógica empresarial que prioriza rentabilidad, innovación y capacidad de adaptación. Por ello, sostuvo que los Estados deben comprender el “modelo de negocio” criminal si pretenden frenar actividades ilícitas como la minería ilegal.
Las afirmaciones fueron expuestas durante el foro internacional Minería Ilegal, Violencia y Crimen Organizado, realizado en La Paz, donde Zeballos planteó que el delito debe analizarse como un fenómeno económico y no solo moral.
“El crimen organizado no es solamente violencia; es un problema severo de competitividad y desarrollo socioeconómico”, explicó. A su juicio, las organizaciones criminales operan como empresas capaces de generar ganancias, innovar y construir cadenas de suministro eficientes que les permiten mantenerse activas pese a las acciones estatales.
Bajo esa lógica, Zeballos propuso aplicar un “paradigma empresarial” para comprender cómo funcionan estas redes ilícitas. Esto implica estudiar sus canales de abastecimiento, mecanismos de operación, innovaciones técnicas y puntos vulnerables. Según el especialista, limitarse a condenar moralmente la ilegalidad impide entender la estructura productiva que sostiene estos mercados.
“Ningún mercado ilegal desaparece por ser ilegal”, advirtió, al señalar que las estrategias deben enfocarse en romper la viabilidad económica de las organizaciones criminales.
El criminólogo sostuvo que para entender la expansión del delito es necesario analizar el llamado “triángulo de oportunidad”, un marco criminológico que identifica las condiciones que permiten el crecimiento de actividades ilegales. El primer elemento es la existencia de actores motivados, es decir, organizaciones criminales que dejaron de ser bandas locales para convertirse en estructuras transnacionales resilientes y fragmentadas.
El segundo componente es la presencia de objetivos alcanzables, como mercados altamente rentables y espacios de informalidad financiera. Zeballos mencionó el caso del oro, cuyo elevado precio internacional convierte a la minería ilegal en una actividad particularmente atractiva para redes criminales.
El tercer factor es la vigilancia ineficaz. Según el exviceministro, muchos Estados han retrocedido en su capacidad operativa y terminan aplicando un “control performativo”, centrado en cumplir metas administrativas o mostrar resultados superficiales, mientras el fenómeno criminal continúa expandiéndose por falta de comprensión real sobre su funcionamiento.
Zeballos también alertó que economías ilegales como la minería clandestina generan un ecosistema criminal compuesto por múltiples capas interconectadas. En la base se encuentra la extracción ilegal del mineral, pero alrededor aparecen conductas secundarias como invasiones, bloqueos, asaltos y sicariato.
A ello se suman redes logísticas y de soporte vinculadas al lavado de activos, la corrupción y el tráfico de insumos estratégicos como el mercurio. Paralelamente emergen delitos asociados, entre ellos la trata de personas, la explotación laboral y graves daños ambientales.
El especialista cuestionó además las respuestas estatales que calificó como “enlatadas”, basadas únicamente en incrementar cámaras de vigilancia, patrullajes o estados de emergencia sin realizar previamente un análisis profundo del riesgo y del contexto territorial.
Advirtió que las organizaciones criminales suelen instrumentalizar conflictos sociales y demandas legítimas para proteger sus operaciones ilegales, una dinámica que añade complejidad a la acción estatal.
Frente a ello, recomendó que gobiernos y empresas desarrollen estrategias de gestión de riesgos sustentadas en el análisis del funcionamiento real de los mercados ilegales. Esto incluye evaluar impactos directos e indirectos, como pérdida de competitividad, incremento de costos logísticos o infiltración criminal en cadenas productivas, para diseñar intervenciones específicas y sostenibles.
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