Escaso presupuesto y falta de infraestructura permiten celdas sórdidas y rehabilitación relegada

Las declaraciones se expresaron en el Segundo Conversatorio de la Agencia de Noticias Fides (ANF), luego de conocerse algunas realidades violatorias a los derechos humanos de los privados de libertad por parte de las autoridades penitenciarias. En el conversatorio se admitió que las precarias condiciones en los penales y zonas de castigo se deben, en algunos casos, al hacinamiento y falta de una infraestructura adecuada que se combina con el escaso presupuesto.

Parte de las denuncias recogidas por ANF se encuentran corroboradas en el informe de gestión del Servicio Para la Prevención de la Tortura (Sepret) del año 2021 y otras las hicieron conocer  los mismos internos. Desde el Gobierno señalaron que se vienen tomado las acciones para garantizar los derechos de los privados de libertad.

Limpias recordó, en base a las leyes nacionales, que toda persona sometida a cualquier forma de privación de libertad “será tratada con el debido respeto a la dignidad humana”, y que existe un trabajo que se realiza para cambiar la percepción y significado de los castigos en las cárceles, debido a que la ley no reconoce castigos, sino sanciones; por lo tanto, “lugares como la Grulla y Muralla, en el penal San Pedro de La Paz, y el Bote en Palmasola de Santa cruz, se deberían suprimir” para optar por lugares de contención donde los internos, con la ayuda de personal penitenciario, inicien un proceso de reflexión.

Limachi evidenció que lamentablemente existen celdas de castigo muy pequeñas, que ella en una de sus visitas constató, como en la cárcel de Chonchocoro de El Alto, y en Palmasola, donde no cabía ni un colchón.

Otros sectores de castigo son extremadamente fríos y sin luz solar que atentan contra la salud física y mental de los privados de libertad. En estos lugares los internos incluso sobrepasan los días legalmente establecidos por la autoridad penitenciaria por la negligencia de los celadores, y tampoco existe ningún tipo de asistencia sicológica a quienes sufren este tipo de encierros.

El director penitenciario reconoció que los castigos por faltas graves son hasta de 60 días de encierro, sin embargo “muchas veces sobrepasamos estos plazos, lo que no está escrito en la ley, y eso es justamente lo que estamos regularizando ahora”.

El Subcomité contra la Tortura (SPT) recomendó al Estado Boliviano la eliminación de estos lugares de castigo al interior de los penales, así como aquellos que están al interior de las secciones donde los propios internos asumen la atribución de castigar, cuando esa responsabilidad es tuición exclusiva de la autoridad penitenciaria.

Limpias recordó que la ley faculta a una sola persona que es el director del centro penitenciario, para establecer un tipo de sanción que puede ser apelada por el interno.

Informó que muchos de estos lugares infrahumanos de castigo están siendo eliminados para habilitar otros muchos más amplios y en mejores condiciones, pero la infraestructura de las cárceles no acompaña este proceso ya que, en la mayoría de penales, hay hacinamiento.

Indicó que no solo es cambiar de nombre al lugar, sino cambiarle el sentido, que realmente se conviertan en lugares de reflexión para los internos, “donde el privado de libertad, acompañado por nuestros equipos multidisciplinarios, reflexione”.

“Los encerramos, cumplían incluso más del tiempo que se estipulaban en la sanción y después los sacaban y nadie le decía por qué has cometido el error, la falta, no había una reflexión; entonces creo que en ese sentido estamos haciendo lo posible por cambiar y son valerosas las instituciones que nos apoyan como la pastoral penitenciaría”, apuntó.

Limachi indicó que las celdas de castigo deben ser objeto de una revisión muy adecuada y sobre todo se deben respetar las reglas básicas que son la dignidad y el trato humano, estándares que ha aceptado el Estado y que están dentro de la misma Constitución Política.

Limpias indicó que existe un marco normativo nacional que garantiza los derechos de los privados de libertad a la rehabilitación y a la reinserción social, donde a parte del gobierno nacional, los gobiernos subnacionales participan en el tema de la alimentación, los servicios básicos e infraestructura penitenciaría.

Bajo este marco normativo, explicó Limpias, “hemos tenido un nuevo centro penitenciario en Uyuni, con recursos de la gobernación de Potosí, igual en Tarija, con un nuevo bloque en la cárcel de Morros Blancos, entre otros.

“El nuevo sentido que le estamos dando a las cárceles es justamente buscar ese tipo de inversión y en los próximos días esperamos que en un par de semanas estemos inaugurando un nuevo centro penitenciario en Riberalta, con una capacidad para 300 personas privadas de libertad”, dijo.

Limpias indicó que el Gobierno nuevamente busca encauzar el proyecto de los complejos carcelarios que llevan siete años de retraso, para dar solución al problema del hacinamiento que impide la clasificación de internos y un mejor proceso de rehabilitación.

Liceth Limachi destacó la importancia de más y mejor infraestructura en los centros penitenciarios, que en muchos casos ha tenido que ser resuelto por los propios internos con la construcción de celdas. Cuestionó la reducción de presupuesto de Régimen Penitenciario para esta gestión.

“Se logró serias mejoras, pero evidentemente existen siete años de demora en el proyecto de cárceles, el 2020 se tenía programada la entrega de un centro penitenciario en La Paz que debía acoger a todos los privados de libertad de la cárcel de San Pedro, entonces una reducción de presupuesto no solo conlleva al tema de infraestructura, sino también el tema de ítems”, indicó.

Limachi dijo que, si bien hay nuevas cárceles, hay que ver cómo está conformado el equipo multidisciplinario para los nuevos recintos, debido a que una reducción presupuestaria afecta a la cantidad de personal que debe abordar el tema de la rehabilitación y reinserción social de los internos.

“Hay que ver que las condiciones y reducción del presupuesto conlleva a que se siga vulnerando derechos de personas privadas de libertad y de los que trabajan con ellos también”, apuntó.

Limachi considera que el tema de la rehabilitación fue tratado únicamente en el centro penitenciario de Qalauma, que acoge a menores de edad, y que en los demás recintos no existen las condiciones, más aún al haber alcohol y droga.

“El alcohol y la droga pasan por todas partes y tiene que haber un control efectivo, la reinserción social también pasa justamente por cuidar porque hay personas que ingresan sanas y lamentablemente las vuelven adictas”.

Indicó que estas son realidades muy latentes y que si no se controlan, porque es deber del Estado, “no vamos a hablar de una reinserción efectiva”.