La Paz, 10 de septiembre (ANF).- El excomandante de la Policía, Javier Fuad Vaca, fue enviado con detención preventiva a la cárcel de San Pedro por las muertes en la zona Sur de la ciudad de La Paz durante la crisis política de 2019. La Fiscalía rechazó el 2020 las denuncias por las muertes de tres personas.
El exjefe policial deberá permanecer en prisión durante seis meses, mientras duren las investigaciones en el caso denominado “golpe de Estado”.
Vaca es acusado de los presuntos delitos de homicidio en grado de complicidad y encubrimiento, por las muertes sucedidas en noviembre de 2019, en la zona Sur de La Paz.
Al menos tres personas murieron durante los conflictos en la zona Sur (Pedregal y Rosales) como resultado de la violencia de las fuerzas de seguridad: Percy Romer Conde Noguera, Juan Martín Pérez Taco y Beltrán Paulino Condori.
La Fiscalía rechazó las denuncias el 2020, en dos casos tuvo que reabrir las investigaciones, según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
En el caso de Percy Romer Conde, según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes la investigación es escasa. El expediente apenas contiene la declaración de la hermana de la víctima, el protocolo de autopsia, el muestrario fotográfico de esta y del lugar del hecho y algunos informes operativos policiales que, en su mayoría, no reportan novedades.
A pesar de que la hermana de la víctima realizó solicitudes para que se realice la investigación, según consta en el expediente. “No obstante, el 22 de noviembre de 2020, sin realizar la totalidad de estos actos, la Fiscalía dictó una resolución de rechazo de la denuncia, señalando que no existían suficientes elementos para individualizar a los posibles autores”, sostuvo el grupo de expertos.
En relación a Juan Martín Pérez, la investigación en este caso también fue escasa, “sin avances sustanciales”. La familia del joven incluso denunció al GIEI haber sido presionada por la Fiscalía, e incluso la madre amenazada con un proceso.
“Se evidencia un retraso injustificado en las actuaciones de la Fiscalía, así como una omisión en el cumplimiento de sus obligaciones de investigar. El 11 de septiembre de 2020 la Fiscalía emitió una resolución de rechazo alegando “el obstáculo legal conocido como plazos procesales, que, al haber transcurrido, determinan se debe emitir resolución pertinente, toda vez que el órgano jurisdiccional ejerció control jurisdiccional que impide continuar con la investigación”, refiere el informe del GIEI.
Posteriormente, el 19 de octubre de 2020 se reabrió la investigación después que el investigador asignado al caso dijo que no se le había practicado la autopsia de la muerte de Pérez, pese a que su familia pidió una necropsia.
Beltrán Paulino Condori, de acuerdo a los testimonios de sus familiares, fue herido en su domicilio, cuando intentaba proteger las ventas de su casa de las piedras que eran arrojadas a las viviendas por personas no identificadas. En ese intentó recibió un disparo.
“El 10 de septiembre de 2020, el fiscal de materia emitió una resolución de rechazo de la investigación bajo el argumento de que no se habían podido obtener los suficientes elementos de convicción que permitieran identificar al o los autores del hecho.540 No obstante, el 30 de noviembre de 2020, se abre de nuevo la investigación por instrucción de fiscal.541 Se desconoce si se han implementado nuevos actos investigativos”, se lee en el informe del GIEI.
Para el grupo de expertos en estos casos no se justifica el retraso en las investigaciones. “El hecho de que la Fiscalía haya emitido solicitudes de rechazo representa una ausencia del Estado en la garantía de los derechos de los familiares para conocer la verdad de las circunstancias de la muerte de sus seres queridos”.
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