La Paz, 22 de agosto (ANF).- La Jueza Cuarto Anticorrupción de La Paz, Melina Lima, dispuso este jueves la detención preventiva del concejal Oscar Huanca y el exconcejal Walter Alborta, ambos del municipio de El Alto, imputados por presunta corrupción en la compra de 60 buses Sariri, en la gestión del exalcalde Édgar Patana.
En audiencia se estableció que existen los riesgos procesales de fuga y obstaculización, por eso, la jueza Lima dispuso que ambos sindicados sean recluidos en el penal de San Pedro.
Un grupo de personas, afines a los imputados, protestaron por la determinación judicial y apuntaron a la alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, por impulsar este proceso.
“Se ha hecho subjetiva valoración de las pruebas, se ha demostrado todo lo que tenemos que hacer, hemos presentado los documentos. Es una vergüenza que una autoridad jurisdiccional se le presente, por ejemplo, el tema de familia. Él ha presentado certificados de nacimiento de que él tiene familia, tiene hermanos, incluso está bajo tutela de un hermano menor y la Jueza dice que la coincidencia del apellido no tiene valor”, cuestionó Marco Antonio Mamani, abogado de los sindicados.
Expresó su molestia con la decisión judicial porque considera que la jueza no valoró los elementos de defensa que presentaron, por ello, anunció que apelarán la medida para lograr la libertad de sus defendidos.
El jurista explicó que en su momento el ejecutivo municipal cometió ilícitos y no los miembros del Concejo Municipal Alteño. Dijo que sus defendidos rechazaron la contratación del sistema de transporte masivo.
Calificó de político este proceso y acusó a la alcaldesa Chapetón por ser cómplice en este caso.
La Fiscalía investiga presuntas irregularidades en el proceso de adquisición de 60 buses Sariri, durante la gestión 2013 y 2014, por la suma de Bs 91 millones. El fiscal Edwin Enríquez dijo que investigan un sobreprecio que supera los Bs 12 millones.
“Dentro de los indicios tenemos el informe circunstanciado de la Contraloría General del Estado, que viene a ser el motor principal para que se haya dado a esta investigación”, refirió el fiscal.
En 2017, la Contraloría General del Estado interpuso una denuncia penal en contra de 21 personas, presuntamente involucradas en la compra de los buses Sariri, actualmente conocidos como Wayna Buses, con un sobreprecio que supera Bs 12 millones. El daño económico al Estado se habría registrado en las gestiones 2013 y 2014.
El fiscal anunció que seguirán convocado a declarar a más sindicados y testigos para esclarecer este caso.
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