La Paz, 27 de mayo de 2022 (ANF).- Pese a la labor que realiza, Régimen Penitenciario no dispone de recursos económicos para temas de reinserción social de privados de libertad y se autogestiona financiamiento con instituciones privadas con las que coordina acciones. Las ONG sostienen que el tema no es de prioridad para el Estado y la consecuencia es la problemática de la reincidencia delictiva.
En medio de una constante ola de delincuencia y violencia que se vive en el país, con casos de atracos, asesinatos, feminicidios, infanticidios, parricidios, entre otros, según información de Régimen Penitenciario no se cuentan con recursos económicos suficientes para el trabajo de reinserción social de privados de libertad, que es una tarea de prevención de la reincidencia delictiva.
Rita Castelo, Responsable nacional del Postpenitenciario de la Dirección General de Régimen Penitenciario afirmó que “sería ideal” tener mayor cantidad de recursos económicos para el trabajo que ejecuta su despacho, sin embargo que el tema no está en sus manos.
“Por una parte considero -a criterio personal- que sería bueno (tener más recursos económicos), pero por ahora yo creo que estamos así porque estamos haciendo el lazo con las instituciones que son nuestro brazo operativo. Sin embargo, el tema del presupuesto no está en nuestras manos porque eso no lo manejamos nosotros, sino el Ministerio (de Gobierno); entonces ese recorte de los recursos no solo es en el Ministerio de Gobierno, sino en todas las instituciones, son temas que van más allá de nuestras manos”, explicó a ANF.
Así mismo, el Responsable de Rehabilitación y Reinserción Social, René Valverde Gallegos, indicó que los recursos que destina el Gobierno para Régimen Penitenciario “son bastante recortados y cada año nos va recortando más, nos estamos quedando sin algunos ítems, no tenemos mucho personal”.
Detalló que el poco presupuesto con el que cuenta el área se designa para la contratación de consultores, para rehabilitación de personas con problemas de consumo en recintos penitenciarios. “Después todo lo demás que se hace en esta área es autogestionario con otras instituciones”.
Según dijo a ANF, el Comandante General de la Policía, Jhonny Aguilera, “lamentablemente hay un alto nivel de reincidencia de personas que pese a tener condenas están en las calles y de otras que son reincidentes estando con medidas cautelares”.
Agregó que la tasa de reincidencia en Bolivia es superior al 27%, de hecho, “el 70% de quienes son apresados volvieron a cometer uno o más delitos dentro de los cinco primeros años, esto quiere decir que este 27% son personas que en un lapso menor a estos cinco años volvieron a cometer delitos”.
Indicó que el alto porcentaje se da en delitos de oportunidad, “es decir aquellas personas que forman parte de organizaciones criminales dedicadas al robo”.
En otra entrevista con ANF, el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, sostuvo que todavía no existe un dato oficial de la reincidencia delictiva y que el mismo “se está trabajando manualmente” para darlo a conocer junto al Ministerio de Gobierno.
Constantemente este Ministerio de Gobierno junto a la Policía informan sobre la captura de personas involucradas con hechos delictivos quienes, en su mayoría, cuentan con antecedentes policiales y procesos judiciales, vale decir que son personas reincidentes.
El director general de la Fundación Munasim Kullakita, organización privada que ejecuta el proyecto de reinserción social con enfoque postpenitenciario para privados y exprivados de libertad, calificó que el trabajo de reinserción y postpenitenciario “es fundamental” para evitar que alguien que cometió delitos vuelva a cometerlos, una vez que sale de la cárcel.
“Porque cuando una persona sale de la cárcel y no tiene familia, no tiene trabajo, ni recursos, carece de un entorno seguro, por lo que es lógico que tome contacto con las viejas amistades “y para sobrevivir, llenar el estómago o satisfacer sus necesidades básicas comete de nuevo un delito”.
“Es evidente que para el Estado la cárcel no es una prioridad, que lastimosamente no se asignan suficientes recursos, que no hay infraestructura capaz de aplicar modelos de reinserción. Si no hay recursos suficientes para estos temas en los centros penitenciarios, menos aún en el postpenitenciario”, afirmó Yavarini, en declaraciones a ANF.
Agregó que el Estado carece de experiencias sobre temas de reinserción y postpenitenciario, tampoco personal capacitado, e incluso carece de voluntad política para aplicar lo que la Ley 2298 de Ejecución Penal y Supervisión manda. “No hay recursos suficientes para aplicar modelos de reinserción en los centros penitenciarios menos aún en el postpenitenciario”.
El artículo 11 de la Ley 2298 de Ejecución Penal y Supervisión, de 2001, establece que “la administración penitenciaria y de supervisión promoverá que la sociedad y las instituciones, participen en forma activa, tanto en el tratamiento del interno (privado de libertad), así como en los programas y acciones de asistencia postpenitenciaria, en las condiciones establecidas por esta Ley y su Reglamento”.
No obstante, de la falta de recursos económicos para esta labor, Régimen Penitenciario inició acciones de reinserción social de privados de libertad formalmente desde 2021, de forma conjunta con ONGs, que son las que hacen la mayor inversión económica, pero de forma coordinada con esta instancia estatal. Aunque por lo reciente de los esfuerzos, el alcance todavía es reducido y principalmente en centros penitenciarios de La Paz y Santa Cruz; en el resto de los departamentos las acciones son solamente de socialización.
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