La Paz, 18 de marzo (ANF).- Vecinos y personas que estuvieron cerca del operativo policial y de migración ocurrido el domingo, y que pidieron mantener sus nombres en reserva, contaron a ANF que al menos unos 70 efectivos de civil y policías no identificados rodearon la Casa del Migrante ubicada en la zona de la Ciudadela Ferroviaria de La Paz a las 8 de la mañana y conminaron a sus habitantes, la mayoría venezolanos, a salir o si no ellos entrarían.
La Casa del Migrante estaba cercada por personas de civil fuertemente armadas que subieron hasta a los techos. Varios vehículos esperaban afuera y rodeaban el inmueble de propiedad de la Iglesia. Nadie se presentó como autoridad del Ministerio Público para dar legalidad al operativo.
Los migrantes venezolanos fueron saliendo uno a uno en medio de insultos de parte de la policía y del personal de migración, con empujones, a uno de ellos lo encañonaron con un arma de fuego. Luego a todos ellos les quitaron sus documentos.
Fueron llevados hasta la sede de Migración donde permanecieron hasta horas de la noche, sin agua ni alimento ni abrigo, pero no faltaron los insultos: “traidores”, “ociosos”, “malagradecidos”, fueron algunas de las palabras reproducibles que recibieron, sobre todo de un hombre de talla mediana, con deportivo azul, gorra y lentes, dijo un testigo.
En todo el tiempo que fueron interrogados por los funcionarios no contaron con abogado o con alguien que les leyera sus derechos.
Varios funcionarios de migración fueron reconocidos por los detenidos porque los vieron días antes cerca de la Casa del Migrante: tomaban fotos, preguntaban por ellos supuestamente para ayudarles.
El abogado de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia, Franco Albarracín, confirmó esta versión y dijo que la situación es preocupante por la forma irregular en que actuaron los funcionarios de Migración, que llegaron al lugar buscando a personas involucradas en actividades ilegales, acusación que remarcó es falsa, así como la aseveración del ministro de Gobierno, Carlos Romero, de que los expulsados estarían implicados en hechos delictivos.
Esa mañana “los policías estaban armados, no contaban con sus nombres y no había ningún representante del Ministerio Público para establecer que se estaba haciendo una investigación”, indicó el jurista a ANF.
“Declararon sin presencia de algún abogado que pueda darles un asesoramiento adecuado; no les dieron agua ni comida, los trataron de firma inhumana”, apuntó.
Albarracín identificó un sinnúmero de vulneraciones no solo a la norma nacional sino también a la normativa internacional en la detención de los migrantes venezolanos.
“Ellos (los venezolanos) no han cometido ningún delito, muchos de ellos son profesionales y han venido acá (a Bolivia) para sobrevivir y son solicitantes de refugio”, indicó.
Refirió que entre los expulsados hay venezolanos que están en condición migratoria legal en el país, por lo que se evidencia una grave vulneración a sus derechos.
Por esta situación, dijo Albarracín, los venezolanos se encuentran “aterrorizados, dijeron que se sienten peor que en Venezuela”.
El abogado denunció que Migración incluso a los venezolanos solicitantes de refugio “les quisieron hacer firmar un documento en el que aceptaban retirarse del país, incluso algunos firmaron, luego les dijeron que al ser solicitantes de refugio se podían quedar en el país, pero los amenazaron con expulsarlos”.
Con toda esta situación, el abogado de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia cree que peligra la solicitud de refugio de los venezolanos.
“Yo creo que sí peligra su solicitud de refugio, yo creo que es muy peligroso porque la policía está recolectando información y a ellos les preocupa que esa información sea intercambiada con inteligencia venezolana para seguir persiguiéndolos”, apuntó.
Como Asamblea de Derechos Humanos, Albarracín indicó que notificarán esta vulneración de derechos a Amnistía Internacional, a Human Rights Watch y a la Relatoría de los derechos del Migrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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