La Paz, 1 de julio de 2022 (ANF).- La presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Roxana Graz, denunció encubrimiento de parte de la fiscal departamental de Potosí, Roxana Choque, al gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, tras que la autoridad no sea considerada como uno de los responsables dentro del caso de las 41 ambulancias fantasmas.
“Existe un encubrimiento desde la Fiscalía departamental porque no es el único caso, son muchos otros casos que han sido denunciados en el departamento de Potosí, pero que no siguen el proceso determinado y siempre son excluidas estas personas que tienen indicios de culpabilidad dentro de la función pública”, sostuvo Graz en contacto con la ANF.
Según el documento al que tuvo acceso la ANF, el Ministerio Público decidió imputar sólo a tres funcionarios de la Gobernación de Potosí dentro del proceso de adquisición irregular de las 41 ambulancias, pese a que la Contraloría General del Estado, a través de un informe, señaló que “existen indicios evidentes de que pudiese existir responsabilidades de la Máxima Autoridad Ejecutiva (el Gobernador), como del Responsable de Procesos de Contratación”.
Dentro del proceso se presentaron los documentos de la licitación, el acta de recepción sin ninguna observación -cuando las ambulancias nunca llegaron a Potosí-, los cheques con los que se pretendía cancelar, entre otras pruebas que reflejan la cantidad de irregularidades.
“Por eso es que nosotros hemos solicitado al Fiscal General que esas investigaciones tengan que realizarse y tenga un fin y que den con los autores; también hemos solicitado el cambio de la Fiscal departamental porque creemos que no está emplazando bien todos los procesos que tienen que ver con actos de corrupción. Ahora, que el Fiscal General tampoco haga caso, entonces el encubrimiento es a nivel nacional de todos estos actos de corrupción”, sentenció la presidente del Comcipo.
Graz aseguró que la cantidad de casos de corrupción a nivel municipal y departamental es grande y que, al no recibir respuesta por los operadores de justicia y las autoridades nacionales, se ven obligados a realizar un paro cívico para la siguiente semana.
“Se ha determinado un paro de 24 horas para el día martes; y si no nos hacen caso, vamos a seguir con 48, 72 horas. Entre las demandas del paro cívico están las denuncias de corrupción, la protección de la Fiscal departamental ante tantos casos, la persecución política, la preservación del Cerro Rico, el litio”, detalló la líder cívica.
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