La Paz, 16 de noviembre (ANF).- El caso bebé Alexander, uno de los procesos judiciales más controversiales de los últimos años, provocó la destitución de tres jueces y la separación de una fiscal en medio de serios cuestionamiento en el trabajo investigativo de este caso.
Hablamos de los jueces del Tribunal Décimo de Sentencia de La Paz, Patricia Pacajes (presidenta), Gladys Guerrero y Roberto Mérida (jueces técnicos), quienes dictaron una sentencia de 20 años de cárcel contra el médico Jhiery Fernández, y de la fiscal Susana Boyán que dirigió las investigaciones de este caso desde 2015.
Fue a través de un audio en septiembre pasado que inició el debacle del Tribunal en cuestión. En él, la jueza Pacajes, presidenta del tribunal, reveló en estado de ebriedad que el bebé Alexander no sufrió una violación y que el galeno Fernández fue sentenciado sin pruebas. Incluso que para la resolución del caso existió una fuerte presión política.
Conocido el audio, fue la presidenta del Tribunal Décimo de Sentencia de La Paz la primera en ser destituida por el Consejo de la Magistratura y procesada por ir en contra de la reserva del caso Alexander, mientras que se determinó la suspensión y posterior proceso disciplinario contra los jueces Guerrero y Mérida, quienes responsabilizaron del hecho a Pacajes.
El 31 de octubre y luego de su internación en un psiquiátrico paceño, la jueza Pacajes fue detenida preventivamente en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes (COF) de La Paz acusada por el delito de incumplimiento de deberes por revelar detalles del caso Alexander.
Pasaron ocho días en los cuales incluso se conoció que la sentencia del médico Fernández fue mal redactada, la Magistratura emitió un informe de la auditoría que se realizó al caso Alexander.
Según las indagaciones, se encontraron faltas disciplinarias, una irregular suspensión de audiencias y presuntos delitos penales cometidos por 24 funcionarios, 10 jueces y 14 fiscales, que participaron en el proceso.
Asimismo, se dispuso procesos por la vía administrativa y penal por los delitos de retardación de justicia e incumplimiento de deberes contra Pacajes, Guerrero y Mérida. Cuatro días después se conoció de la destitución de estos dos últimos jueces.
Fiscales son alejados de sus cargos
La fiscal Boyán, quien junto al exfiscal departamental Edwin Blanco apeló la condena del médico Fernández para que se eleve a 30 años sin derecho a indulto, pese a las denuncias de irregularidades en el caso, fue removida de su cargo por orden del nuevo fiscal distrital de La Paz, William Alave.
Esté la nombró funcionaria de la unidad de registro biométrico y control de firmas de la Fiscalía en La Paz, cargo que poco antes había sido ocupado por Blanco que también renunció alegando ser víctima de “bullying”. Finalmente, este 16 de noviembre se conoció que Boyán presentó su carta de renuncia argumentando motivos personales.
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