La Paz, 9 de enero (ANF).- La fiscal del caso Alexander, Susana Boyan, fue denunciada por presionar y amedrentar constantemente mediante gritos al Tribunal Décimo de Sentencia y amenazar con procesos a sus integrantes, y de esta manera retardar el juicio que ya cumplió más de tres años sin llegar a una sentencia.
Según documentos que llegaron a la redacción de ANF, la jueza presidenta del Tribunal Décimo, Patricia Pacajes, denunció a Transparencia Institucional del Consejo de la Magistratura que el Tribunal es “
constantemente presionado y amedrentado por los gritos de la señora fiscal Susana Boyan”.
“Es así que a principios de 2016 la suscrita presidenta (Patricia Pacajes) fue objeto de criterios en pleno juicio oral del cual se tiene como testigo al Dr. Roger Valverde, exmagistrado, quien le señaló a la fiscal ‘que por primera vez habría visto tanta falta de respeto a un tribunal’”, se lee en el documento.
También el 22 de mayo de la gestión pasada Pacajes
fue amenazada por Boyan “con gritos” de interponer denuncias en su contra, situación que devino en una crisis nerviosa de la magistrada que tuvo que ser llevada a emergencias del Hospital Obrero de la Caja Nacional de Salud.
El caso Alexander inició en octubre de 2014 y el juicio en diciembre de 2015 sin que hasta el momento exista una sentencia. Para el abogado Cristian Alanes, consultado por ANF, estás y otras acciones del Ministerio Público tienen el propósito de dilatar el caso.
Alanes,
defensor del médico Jhery Fernández, principal acusado del caso a decir de la fiscalía, dijo que incluso los abogados se ven amedrentados y amenazados por el Ministerio Público.
“Éstas son formas de amedrentar al Tribunal de Sentencia (con procesos de prevaricato), y asimismo
los abogados de defensa nos vemos cohibidos de ejercer el derecho a la defensa porque nos andan coartando, amenazando, amedrentando en cada una de nuestras participaciones en el juicio oral”, denunció.
Dijo que es lamentable el proceder de la fiscalía porque genera retardación de justicia en el caso. “Son dos años ininterrumpidos de juicio oral que se han visto dilatados por el actuar particularmente del Ministerio Público que ha estado obstaculizando de manera constante el normal desarrollo del juicio oral”, apuntó.
Alanes indicó que inicialmente el Ministerio Público no asistía a las audiencias y cuando empezó a asistir presentó incidentes “que
lo único que han hecho es dilatar y dilatar la tramitación de este juicio”, lo que le generó dos “severas llamadas de atención” de parte del Tribunal Décimo de Sentencia.
“Ya casi al borde de la vacación judicial
el Tribunal se vio obligado a emitir dos severas llamadas de atención al Ministerio Público por la dilación que ha estado haciendo, porque tanto el Tribunal de Sentencia como la parte contraria, en este caso los acusados, han sido víctimas de amenazas y atropellos por parte del Ministerio Público, todo ello tiene en este momento resoluciones emitidas por el Tribunal Décimo de Sentencia”, remarcó.
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