La Paz, 25 de agosto de 2025 (ANF).- Las cárceles del país superan hasta el 100% de su capacidad, lo que ha generado un entorno de insalubridad, inseguridad y violaciones de derechos humanos. En este contexto. Casi el 60% de los privados de libertad son detenidos preventivos, sin sentencia. Los internos exigen al Tribunal Supremo de Justicia un trato igualitario y la revisión de sus procesos judiciales.
La decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de instruir la revisión urgente de los plazos de detención preventiva de los casos de Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari ha generado reacciones en centros penitenciarios de todo el país. Reclusos en situación preventiva, iniciaron protestas exigiendo igualdad de trato y denunciando un sistema judicial selectivo.
De los 33.275 privados de libertad, a junio de 2025, el 58,2% de los privados de libertad son detenidos preventivos. El director nacional del Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, dijo que el instructivo del máximo tribunal de justicia provocó “protestas generalizadas” en los centros de reclusión.
El funcionario detalló que, de 18 mil detenidos preventivos en las cárceles, 11.000 ya pasaron un año con detención preventiva, 7.000 internos están más de dos años y cerca de 4.500 “sobrepasaron los plazos procesales, tres años con detención preventiva”
El malestar de los internos se registró en San Pedro (La Paz) y Palmasola (Santa Cruz). Protestaron contra las autoridades por actuar con favoritismo, al considerar que solo unos pocos reciben atención y celeridad procesal mientras miles de personas continúan privadas de libertad sin sentencia.
La polémica se desató luego de que el TSJ por medio de su presidente Romer Saucedo ordenó, mediante un instructivo, la revisión de los expedientes de Añez, Camacho y Pumari. Otorgó un plazo de 24 horas para verificar si se han excedido los términos legales de la detención preventiva.
Esta medida fue celebrada por los implicados como Pumari, Camacho y Añez, asimismo por sus abogados que están a la espera de que las autoridades jurisdiccionales en los próximos días liberen a sus defendidos. No obstante, sectores del evismo y del MAS criticaron el instructivo porque consideran que la medida refleja un uso político de la justicia.
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, es uno de los que dijo que miles de privados de libertad “están a la espera de que sus procesos sean revisados en los plazos legales de tramitación”. Pumari reprochó la posición del defensor porque -en su criterio- nunca se preocupó por el cumplimiento del debido proceso.
Edwin Flores, representante de los privados de libertad en la cárcel de Mocoví en Trinidad, dijo que la última decisión del Tribunal Supremo de Justicia genera esperanza en la población carcelaria. El tribunal instruyó la realización de jornadas a nivel nacional para verificar los plazos de detención preventiva.
En declaraciones a radio Fides Trinidad dijo que hay personas que están cinco años con detención preventiva y que es gente de escasos recursos económicos, por esa razón no realizan sus trámites para dejar las cárceles, pero tampoco tienen el efectivo apoyo de los abogados de Defensa Pública.
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