La Paz, 8 de noviembre de 2022 (ANF).- Bajo el principio “primero encarcelo y luego investigo”, el sistema judicial boliviano continúa apresando a personas sin ningún elemento de prueba. Esta aseveración es respaldada por los diferentes casos como el de la estudiante de enfermería Danna, señalada por la investigadora, el fiscal y hasta por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en base a conjeturas, como la responsable del rapto de un menor de edad.
Con esos argumentos es que activistas de los derechos humanos y víctimas de la justicia acusan a policías y fiscales de ser una amenaza para los ciudadanos, sobre todo los de escasos recursos, y un peligro para la sociedad.
Entre algunos casos identificados están el de Carla Bravo en Tarija, acusada de homicidio, por la supuesta muerte de su pareja, que luego apareció vivo; el de Reynaldo Ramírez, un joven trabajador acusado de feminicidio y sentenciado a 30 años de cárcel; y, otro como el del médico Jhiery Fernández. Todos ellos liberados solo porque apareció una prueba irrefutable fuera del Ministerio Público, que a los fiscales no les interesó indagar.
“Son un perjuicio para la sociedad, ellos son un peligro para la sociedad, me avergüenza que esas personas con tan poco criterio usen un uniforme y estén detrás de un escritorio, ellos de verdad son un riesgo para la sociedad”, señaló la mamá de Danna muy indignada por lo ocurrido con su hija y con toda su familia.
El representante de la Asociación de Víctimas Judiciales en Tarija, Willy Neri Benito, coincidió con esta aseveración. Sus años de experiencia en el activismo por los derechos humanos le permiten identificar un “modus operandi” en los operadores de justicia, cuál organización criminal que busca beneficios mientras más personas detenidas haya.
“El peligro para la sociedad son los fiscales, los investigadores, los peritos, los jueces, ellos son el peligro porque son delincuentes, los he denunciado, pero dicen que no pueden ser sacados del cargo hasta que haya una sentencia ejecutoriada, sin embargo, a las personas a simple denuncia las encierran, entonces de esta manera se protegen, son un clan criminal”, enfatizó el activista en declaraciones a ANF.
Neri Benito estimó que en las cárceles del país al menos un 70% son inocentes, encarcelados con casos armados, con pruebas forzadas y fabricadas. Dijo que muchas de estas víctimas al no poder luchar contra ese “monstruoso muro de impunidad” que levantan los operadores de justicia con el poder que tienen, se resignan porque no tienen dinero y ya están cansados de las trabas que les presentan a cada paso, porque ya no pueden pagar a un abogado, porque la esposa y la familia los han dejado, y en la cárcel para sobrevivir solo pueden ganarse algunos centavos.
“Muchos se resignan y otros se van obligados por esta situación a acogerse al proceso abreviado para tratar de salir antes”, refirió.
Fiscal general del Estado, Juan Lanchipa: Foto: FGE
En estos casos, agregó, la misma Defensoría del Pueblo es cruel con ellos al decirles, según mencionó: “Usted tenía las vías para recurrir (apelar), por qué no lo ha hecho”. Y él reflexiona: “Pero cómo va a recurrir sino tiene para pagar a un abogado para que haga una casación o una revisión extraordinaria, la casación o la revisión no cuesta 2.000 bolivianos, es mucho más, entonces, las personas sin recursos, sin capacidad de reclamar, de exigir justicia, están condenadas al fracaso en sus defensas”.
El reciente caso de Danna reveló cómo la Policía y el Ministerio Público fuerzan indicios donde no los hay y fabrican pruebas para implicar a las personas con tal de tener un caso cerrado y calmar la presión pública y la de sus inmediatos superiores.
“Nunca han prestado caso a mi declaración, no me escuchaban y estaban más por mostrarse como héroes para cerrar el caso, porque decían que el investigador y la fiscal estaban con la soga al cuello y que si o si necesitaban una persona parecida para cerrar el caso”, relató Danna a un medio local.
A Danna la vistieron de forma similar a la presunta raptora que aparece en los videos, le recogieron el cabello en un moño, le obligaron a ponerse una chompa y hasta le hicieron un lunar en su rostro para que coincida de forma forzosa con la imagen, todo en un ambiente policial y fiscal nada amable y hostil.
“Me ponían el barbijo y no me permitían que yo me muestre, la investigadora Astrid Cucho me decía que me ponga el barbijo sino otras mamás me iban a reconocer y por otros bebés me iban a culpar”, relató Danna. La presión psicológica y las amenazas de agresión por las policías era fuertes.
El representante de Cochabamba de la Asociación de Víctimas Judiciales, Miguel Antezana, en su experiencia como activista, indicó que este tipo de casos son “el pan de cada día” en el país, y muestra claramente que tanto a la policía como al Ministerio Público “no les interesa de quién se trate, simplemente quieren un trofeo para exponerlo ante los medios de prensa y ante la sociedad y decir ‘esta es la persona culpable’”.
“Después de aprehenderlo, cautelarlo y enviarlo a la cárcel pública, recién se ponen supuestamente a investigar, y eso no dura 72 horas, una semana o 30 días, sino muchos meses o años y eso causa un daño irreversible a toda la familia”, dijo a ANF.
Neri Benito recordó que en el caso de Jhiery Fernández los operadores de justicia “fabricaron pruebas y las pruebas que él tenía a su favor las hicieron desaparecer”. “Esa es una generalidad en Bolivia”.
Antezana refirió que Danna tuvo mucha suerte al haber estado solo dos meses en la cárcel, pero aclaró que todo el proceso de desprestigio de su vida y de su familia, de pisotearla civilmente y socialmente, además del grave daño económico, nadie lo repara y menos esas autoridades sumidas en la corrupción.
“Si no se conocía sobre la mujer que raptó al niño Alex, a mí me iban a sentenciar de 10 a 15 años, y todos me señalaron, hasta el ministro de Gobierno diciendo que yo era la raptora, lo hizo sin presentar pruebas, entonces yo exijo mínimo unas disculpas públicas a nivel nacional a esas autoridades”, demandó Danna.
Pese a los reiterados casos de abusos judiciales con este tipo de actuar de los operadores de justicia, no se conoce que alguna autoridad haya pedido disculpas, por el contrario, la impunidad en estos casos es del 100% y no existe autoridad política que se interese en el tema.
Según los casos, la fiscalía amenaza al procesado cuando anuncia que denunciará la arbitrariedad. Si bien ante el evidente error cometido la persona es liberada, los fiscales le recuerdan que sigue siendo investigado en el caso para evitar las denuncias. Esto ocurre en le caso de Danna, ocurrió en el caso de Carla Bravo y del médico Jhiery Fernández.
Foto archivo: FGE
Antezana, activista de Cochabamba, indicó que los fiscales de turno, los investigadores y jueces que envían a las personas a la cárcel, “no tienen un poquito de conciencia ni moral ni la sencillez para disculparse de corazón y resarcir los daños, y esto ocurre porque la corrupción está en la cúspide del sistema judicial”.
Neri Benito señaló que estos casos de injusticia son parte de la normalidad en el país, lo que muestra que Bolivia ha retrocedido 200 años, época en la que imperaba el modelo inquisitivo, donde a sola versión de una persona y sin ninguna prueba, era suficiente para sentenciar y lapidar a quien sea.
Para el activista se trata de un modus operandi al estilo de organización criminal que aplican los operadores de justicia, a quienes les conviene “que haya más detenidos” debido a que es un “negocio redondo, a ellos no les conviene que bajen los índices de criminalidad, ellos cobran por todo ello”.
“Te amedrentan, te presionan hasta la desesperación y luego envían a sus operadores ya sea de la policía o del fiscal y de forma subliminal te sugieren que tu caso tiene solución hasta que tu propongas ‘con cuánto será’, y el ahí donde te piden el dinero que siempre dicen que no es para ellos, sino para el juez”, contó.
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