Dirigente de Adepcoca, Franclin Gutiérrez. Foto: ANF
La Paz, 17 de julio (ANF).- Jorge Santiesteban, abogado defensor de Franclin Gutiérrez, afirmó que por la falta de pruebas la fiscalía entró en contradicciones y no puede sustentar la orden del gobierno de mantener preso al líder de Adepcoca.
“Con este hecho (de contradicción) se puede demostrar que el fiscal no puede sustentar un posible cumplimiento a ciertas consignas que le pudieron haber dado personeros del gobierno” de mantener preso a Gutiérrez, expresó Santiesteban.
El 28 de agosto de 2018, Gutiérrez fue enviado con detención preventiva a la cárcel de San Pedro de La Paz por ser supuestamente el autor intelectual de la muerte del teniente de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) Daynor Sandoval Ortiz en una emboscada en La Asunta.
El abogado indicó que el fiscal departamental de La Paz, Williams Alave, entró en contradicciones al señalar que existen pruebas en contra de Gutiérrez, pero en la misma entrevista habla de indicios.
“Se nota la contradicción en la que él entra en sus declaraciones, porque por una parte indica que ellos tendrían pruebas para acusar a Franclin Gutiérrez, pero más adelante en la misma entrevista indica que de acuerdo al requerimiento conclusivo, en base a los indicios, ya no habla de pruebas, y esto puede derivar en una acusación formal o en un sobreseimiento”, dijo.
A esto se suma que en un audio difundido en redes sociales se escucha decir al exfiscal Carlos Mariaca que no existen pruebas para acusar formalmente al dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Franclin Gutiérrez, con miras al juicio moral. El exfuncionario fue apartado de la investigación en febrero de este año de manera sorpresiva.
En agosto de este año se cumple un año desde que Gutiérrez fue encarcelado, tras ser imputado por una supuesta emboscada que habría organizado para atacar a los policías en la Asunta; producto del hecho violento un policía murió y otros siete resultaron heridos.
A la fecha, la Fiscalía no menciona qué tipo de pruebas hay en contra Gutiérrez, mientras que el Gobierno se limita a decir que hay videos y audios que demuestran que el dirigente cocalero instigaba a la violencia. El Ejecutivo pidió 30 años de cárcel para el dirigente.
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