La Paz, 12 de mayo de 2026 (ANF).- La defensa de la exdiputada Lidia Patty denunció una presunta vulneración al debido proceso dentro del denominado “caso Tomates”, vinculado al Fondo Indígena, y anunció la presentación de una acción de libertad para revertir la ampliación de su detención preventiva.
El abogado Jorge Nina calificó la decisión judicial como un “atropello” y una “arbitrariedad”, al considerar que la investigación se está extendiendo a hechos que no formaban parte del proceso inicial.
Según explicó Nina, la autoridad jurisdiccional dispuso ampliar por seis meses más la detención preventiva de Patty bajo el argumento de que el Ministerio Público debe investigar hechos ocurridos en Tarija. Sin embargo, el abogado sostuvo que el proceso originalmente estaba delimitado a hechos relacionados con una comunidad de Charazani, de donde es oriunda la exlegisladora.
“El Ministerio Público pretende investigar hechos sobre los cuales ella nunca declaró. Eso vulnera el derecho a la defensa y el debido proceso”, afirmó Nina a ANF, quien remarcó que, si existieran nuevos elementos vinculados a Tarija, debería iniciarse otro proceso en esa jurisdicción, en cumplimiento del principio de territorialidad.
El jurista también cuestionó el uso de la detención preventiva, señalando que Patty regresó voluntariamente desde Argentina —donde ejercía funciones diplomáticas como cónsul— para asumir su defensa en Bolivia. En ese contexto, sostuvo que existían alternativas menos gravosas, como la detención domiciliaria con mecanismos de control y geolocalización, en lugar de mantener la reclusión carcelaria.
Respecto al denominado “caso Tomates”, Nina afirmó que la Fiscalía debe demostrar que su defendida actuó con dolo y obtuvo un beneficio económico personal, extremo que negó enfáticamente.
Explicó que Patty recibió un primer desembolso cercano a 700 mil bolivianos para la ejecución de un proyecto, pero que la obra quedó inconclusa debido a que las autoridades del entonces Fondo Indígena no realizaron los desembolsos posteriores.
“El proyecto no pudo concluirse porque no llegaron los recursos necesarios para materiales y pagos. La responsabilidad no puede recaer sobre ella cuando el propio Estado paralizó el financiamiento”, argumentó.
El abogado también puso en duda la temporalidad del proceso judicial, recordando que los hechos investigados se remontan a 2010. En ese sentido, sugirió que la reactivación del caso después de 15 años podría responder a motivaciones políticas o represalias contra la exdiputada.
Como parte de la estrategia jurídica, Nina informó que la defensa trabaja en una nueva acción de libertad para dejar sin efecto la ampliación de la detención preventiva. Asimismo, indicó que una acción anterior fue rechazada en primera instancia y actualmente se encuentra en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, en Sucre.
El jurista advirtió además que, si no encuentran reparación en las instancias nacionales, acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Finalmente, Nina señaló que dentro de las investigaciones también fueron citadas otras exautoridades y funcionarios vinculados al Fondo Indígena, entre ellos el presidente Luis Arce Catacora, en calidad de autoridad de la época. Según dijo, la defensa buscará demostrar que Patty no se apropió de recursos públicos y que su conducta no constituye delito.
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