Siles a ONG que no se adecuaron a ley 351: "cometieron desacato y hay consecuencias"

“Si yo desacato una sentencia del Tribunal Constitucional y me voy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya no hay recursos posteriores.  ¿La CIDH nos va a decir que el objeto (de las ONG) es de no contribuir (al desarrollo económico)?,  olvídese no hay eso. Hay una obstinación no sabemos con qué propósito que ha sido de permanentemente cuestionamiento a  esta normativa”, señaló.

En entrevista con ANF otorgada antes de las elecciones judiciales del 3 de diciembre, Siles dijo que tanto el exDefensor, Rolando Villena y otras ONG que presentaron un recurso cautelar ante la CIDH en contra de la Ley 351 han perdido su tiempo, ya que en su criterio un sinnúmero de entidades sin fines de lucro tramitan su adecuación.

“Como se dice vulgarmente  les salió el tiro por la culata porque el Tribunal Constitucional falló en constitucionalidad de lo que dice la Constitución de cuál es el objeto de una ONG; en todo el mundo sucede así, vaya usted a otro país y no quiera en su objeto contribuir al desarrollo económico, político social, lo echan, lo sacan del país”, aseguró.

De acuerdo a los datos oficiales proporcionados, desde el 2013 hasta finales de noviembre, de 489 ONG, fundaciones y entidades sin fines de lucro que se registraron ante el  Sistema de Registro de Personalidades Jurídicas (Sirepeju), 78 ONG, fundaciones y entidades sin fines de lucro consiguieron sus personería jurídica, 475 reservaron su nombre y 139 modificaron su estatuto de constitución. 

La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), el Centro de Estudios y Apoyo al Desarrollo Local (CEDLA) y el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) presentaron un recurso cautelar ante la CIDH en contra de la Ley 351y su reglamento,  por considerar que atenta a derechos elementales que hacen a la libre asociación.

La ley en cuestión exige en su artículo séptimo a las ONG definir claramente su "contribución al desarrollo económico y social", mientras que en el artículo 14 señala que si la institución realiza actividades "distintas" a las establecidas en la Ley 351, son pasibles a la "revocatoria" de la personería jurídica, para ello se establece un mero trámite administrativo en la reglamentación.

Consultado de por qué el Estado boliviano no consideró las observaciones que realizó el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Asociación, Maina Kiai, quien calificó  a la Ley 351 y su decreto 1597 como “un ataque al fundamento mismo del derecho a la libertad de asociación”, y advirtió que restringe las actividades de las ONG y las pone en riesgo de cierre en Bolivia, Siles cuestionó al Relator. 

“Quién es el Relator para decirnos lo que debemos hacer?, no es Dios. Le enviamos una carta diciéndole lo errado que estaban (…). En el pasado Bolivia se sometía a cualquier pronunciamiento, a cualquier afirmación de cualquier organismo internacional, hoy Bolivia no se somete. Hace una década hemos asumido una condición soberana, no nos dicen qué debemos hacer”, expresó.

Descartó además cualquier modificación a la Ley 351 tal como lo hizo el actual presidente de Ecuador, Lenín Moreno, quien dejó sin efecto una ley sobre ONG aprobada por su antecesor, Rafael Correa, por considerarla vulneratoria de derechos.   

El 4 de julio de 2016, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el mismo que aprobó la repostulación indefinida del presidente Evo Morales, hizo conocer el fallo emitido el 15 de diciembre de 2015 a la acción abstracta de inconstitucionalidad. Entonces, el TCP le dio la razón al Gobierno y no consideró las observaciones del Relator Especial de la Naciones Unidas.