La Paz, 6 de abril de 2026 (ANF).- El Gobierno boliviano rechazó este lunes las denuncias del expresidente Luis Arce sobre presuntas vulneraciones a sus derechos o "torturas psicológicas" en el penal de San Pedro y aseguró que cumple con las condiciones legales de detención, en respuesta a una carta pública en la que el exmandatario se declaró “preso político”.
La Dirección General de Régimen Penitenciario expresó esa posición en un comunicado en el que negó “de manera categórica” las acusaciones , aunque informó que se realizará una verificación de los hechos en el marco de los principios de transparencia.
El pronunciamiento surge tras la difusión este lunes de una carta pública del exmandatario en la que denuncia la supuesta afectación a sus derechos humanos, se declara “preso político” y acusa al Gobierno de Rodrigo Paz de impulsar una persecución en su contra.
La autoridad penitenciaria aseguró que Arce “cuenta con un espacio que garantiza plenamente su seguridad personal y condiciones adecuadas de detención”, en cumplimiento de la normativa vigente, y rechazó cualquier versión sobre tratos inadecuados o vulneración de derechos fundamentales.
El exjefe de Estado, detenido desde el 10 de diciembre de 2025 por el caso Fondo Indígena, afirmó que su aprehensión se realizó sin orden legal y la calificó como “un secuestro al margen de la ley”.
Asimismo, denunció la vulneración del debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, además de señalar que sus solicitudes judiciales, incluidos pedidos de atención médica, fueron rechazadas.
Arce también señaló como presuntos actos de “tortura psicológica” el hecho de que en sus primeros días en prisión se hayan producidos controles constantes y registros fotográficos en horarios nocturnos.
Frente a estas acusaciones, el Gobierno indicó que dispuso una verificación para aclarar lo ocurrido dentro del recinto penitenciario.
Además, informó que investiga el ingreso irregular de cámaras al penal, señalando que ya se identificó a las personas que habrían realizado registros audiovisuales y autorizado su ingreso.
Según el comunicado, se iniciarán sanciones administrativas por la vulneración del derecho a la privacidad de los internos.
JA
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