La Paz, 26 de febrero del 2026 (ANF). – Los diputados Daniel Fernández y Lissa Claros, del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y de la bancada Libre, coincidieron en que el presidente Rodrigo Paz dio un “golpe” a la institucionalidad de la Vicepresidencia del Estado con el Decreto Supremo 5552.
“Más que un abuso de poder, es un atropello y básicamente es un ‘golpe de Estado’ y la institución como tal. Nosotros no defendemos personas, defendemos la institucionalidad y la independencia de los poderes. Lamentamos muchísimo que Rodrigo Paz esté actuando de esta manera, atropellando y violando (la institucionalidad)”, declaró Claros a la ANF.
La parlamentaria argumentó que en ninguna parte del mundo, dentro de un país democrático, se observó tal atropello a la institucionalidad de un Estado, debido a que las atribuciones del segundo mandatario fueron reducidas a su mínima expresión.
El jefe de Estado, Rodrigo Paz, reconfiguró, mediante el DS 5552, la estructura de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, eliminando sus funciones administrativas y limitando su accionar a tareas de apoyo legislativo y asesoramiento jurídico.
El vicepresidente tendrá que gestionar recursos con el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, si requiere realizar un viaje al exterior. No podrá designar a ninguno de sus directores porque gran parte de dichas unidades ahora dependen del Ministerio de la Presidencia.
El diputado “larista” comparó la administración de Paz con los tiempos dictatoriales en Bolivia, ya que Paz no estaría respetando la independencia de la cabeza de otro poder del Estado, donde es presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
“Quieren acallar a una voz que ‘representa’ a los más humildes; en ese sentido, creo que estamos viviendo tiempos de dictadura, tiempos de imposición. Las grandes mayorías realmente están queriendo ser olvidadas. Estamos muy sorprendidos”, declaró Fernández.
El legislador no descartó tomar acciones desde la Asamblea Legislativa para hacer respetar a la cabeza del Órgano Legislativo.
Por otro lado, seguidores de Lara se apostaron en la Plaza Murillo para protestar contra el DS 5552; además, acusaron al empresario Samuel Doria Medina de estar detrás de la formulación de la normativa cuestionada.
No descartaron autoconvocarse para salir a las calles y protestar contra el “gobierno dictatorial” Paz.
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