Rodrigo Méndez y Arturo Murillo fueron detenidos en EEUU. Foto: Redes Sociales
La Paz, 27 de mayo (ANF).- Tras la detención el exministro Arturo Murillo en Estados Unidos (EEUU), oficialistas y opositores señalaron que la justicia norteamericana le dio “catedra” a la Justicia boliviana en la investigación del caso "Gases lacrimógenos", y aplazaron al Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa. Un diputado sugirió la creación de un “FBI boliviano” (Buró Federal de Investigaciones, FBI, por su sigla en inglés) para que investigue con imparcialidad todos los actos de corrupción en las gestiones de Evo Morales y Jeanine Añez.
El diputado Rolando Cuéllar (MAS) señaló que la población boliviana festeja la detención de Murillo, además criticó la administración judicial en el país, porque las acciones investigativas en Estados Unidos han reflejado que “la justicia norteamericana le ha dado catedra a la justicia boliviana”.
Destacó la celeridad en las indagaciones de EEUU y cuestionó al Fiscal General por no avanzar de la misma manera en los casos de Senkata y Sacaba y en las solicitudes de extradición de los exministros Murillo, Luis Fernando López y Yerko Núñez.
Acusó al Ministerio Público de “inoperancia” y al fiscal Lanchipa de incurrir en retardación de justicia e incumplimiento de deberes, por eso le pidió “dar un paso al costado”.
La exdiputada Lidia Patty (MAS), denunciante del supuesto “golpe de Estado”, pidió que el Fiscal General y otros fiscales sean procesados por incumplir sus deberes al dejar escapar al exministro Murillo y a otros involucrados en el caso gases lacrimógenos.
“Yo creo que puedo enseñar a ser fiscal departamental y General, eso es lo que puedo enseñar, porque no están trabajando para nuestro país”, manifestó Patty.
Por su parte, el diputado Erwin Bazan (Creemos) refirió que las investigaciones serias, como la que hizo el FBI en EEUU le haría mucho bien a la justicia en Bolivia.
“Cuánto nos gustaría tener un FBI boliviano. Si tuviéramos un FBI boliviano haciendo este tipo de investigaciones serias, justas, correctas e imparciales, hasta el último masista cerraría la puerta en Chonchocoro”, manifestó.
Anunció que pedirá un informe al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, sobre las acciones específicas que asumió para investigar a Murillo.
Alejandro Reyes, diputado de Comunidad Ciudadana, pidió al gobierno del MAS no atribuirse los resultados investigativos logrados por la justicia norteamericana.
“Hay que resaltar el rol del Ministro de Gobierno (Eduardo Del Castillo) diciendo que ha felicitado tanto el sistema judicial de los EEUU como la acción del FBI, entonces, el FBI o el sistema democrático es bueno en algún momento y es imperialista en otro, estamos viendo una total incongruencia respecto al discurso”, sostuvo.
A su turno, el exprocurador del Estado, José María Cabrera, recordó que en la gestión pasada se interrumpió la investigación del caso gases lacrimógenos bajo presión de Murillo, quien era el "todopoderoso" del gobierno de Jeanine Añez y lo hizo destituir de su cargo de Procurador cuando hizo notar las irregularidades en ese caso y en el tema de la privatización de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica (Elfec).
“Lastimosamente ha tenido que ser la justicia de Estados Unidos la que esclarezca este caso, empieza después la justicia estadounidense y la resuelve antes que la justicia boliviana”, indicó.
La mayoría de los políticos coincidieron que el exministro Murillo y otros deben ser extraditados para que respondan ante la justicia boliviana.
A su turno, el Fiscal General señaló que la investigación del caso gases lacrimógenos en el país está en la fase final de la etapa preparatoria y hay una imputación contra Murillo, emitida el 12 de enero de este año.
"El ministerio Público ha iniciado el procedimiento de extradición previsto en nuestra normativa procesal penal para que la solicitud de extradición sea atendida y resuelta por la autoridad jurisdiccional competente", refirió Lanchipa.
Las reacciones surgen luego que Murillo y otras cuatro personas fueron detenidas en Estados Unidos por los delitos de sobornos y lavado de dinero dentro del proceso de compra irregular de gases lacrimógenos y otros materiales no letales.
Por ese hecho, los ciudadanos norteamericanos Luis y Bryan Berkman (dueño de la empresa intermediaria que participo en el proceso de compra) pagaron fianza en este caso, mientras Rodrigo Méndez (exjefe de gabinete de Murillo) y Philip Lichtenfeld fueron detenidos preventivamente. La situación jurídica de Murillo se definirá en audiencia programada para el 7 de junio.
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