La Paz, 20 de abril de 2026 (ANF).- La denominada “gestión compartida”, una práctica extendida en varios gobiernos municipales rurales de Bolivia, se ha convertido en uno de los principales mecanismos de acoso y violencia política contra mujeres electas, según advirtieron especialistas y organizaciones que trabajan en la defensa de sus derechos. Lejos de representar una forma legítima de alternancia, esta figura opera —de acuerdo con activistas— como un sistema de coerción que vulnera la ley y debilita la democracia.
Grover Sinka, representante de la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (Acobol), describió este fenómeno como uno de los factores “más complejos y determinantes” de la violencia política en el país. Se trata, explicó, de acuerdos firmados en la etapa preelectoral entre candidatas titulares y sus suplentes, en los que se establece que la autoridad electa ejercerá solo la mitad de su mandato —dos años y medio— para luego renunciar en favor de su reemplazo.
“Es un mecanismo completamente ilegal que se justifica erróneamente en una supuesta alternancia”, sostuvo Sinka en contacto con ANF.
La Constitución Política del Estado establece que el mandato de las autoridades electas es de cinco años y no puede ser fragmentado mediante acuerdos privados. Sin embargo, estos documentos —incluso protocolizados por notarios— continúan circulando, pese a carecer de validez jurídica, apuntó el especialista.
El problema no se limita a la firma de estos acuerdos. Según Sinka, una vez cumplido el plazo fijado, se activa un ciclo de presión y violencia para forzar la renuncia de las titulares. Este proceso incluye hostigamiento, amenazas directas y movilizaciones de organizaciones sociales que exigen el cumplimiento del pacto. En muchos casos, agregó, se recurre a los llamados “usos y costumbres” como argumento para legitimar estas prácticas, incluso en municipios que no se rigen por autonomías indígenas.
“Ahora ya no solo se pide la renuncia, sino que se redactan documentos como si fueran deudas”, advirtió Sinka.
En estos casos, las autoridades son obligadas a firmar compromisos económicos ficticios que establecen sanciones —de hasta 200.000 bolivianos o la pérdida de bienes— si no abandonan el cargo.
Mary Marka, del Observatorio para la exigibilidad de los derechos de las mujeres, coincidió en que la gestión compartida es una práctica ilegal que funciona como una causa directa de acoso y violencia política. A su juicio, se trata de un mecanismo impuesto principalmente a mujeres en municipios rurales del occidente del país, donde las estructuras comunitarias ejercen una presión creciente.
“La gestión compartida no está en la ley electoral. Se impone bajo presión y se disfraza de norma comunitaria”, afirmó Marka a ANF.
Esta presión no solo se ejerce sobre las autoridades, sino también sobre su entorno familiar. En muchos casos, relató, se recurre a los familiares varones para obligar a las mujeres a cumplir con los acuerdos.
“Se les dice: ‘dile a tu mujer que haga esto’, y si no lo hacen, se cuestiona su rol como hombres”, explicó, evidenciando la dimensión patriarcal del problema.
Otro de los efectos de esta práctica es la anulación del rol fiscalizador de las mujeres en la gestión pública. Marka señaló que muchas autoridades son presionadas para firmar documentos o aprobar proyectos sin el debido respaldo técnico, con el objetivo de evitar que supervisen el uso de recursos municipales. “Se busca que no se metan, que no cuestionen”, sostuvo.
Ambos coincidieron en que existe un vacío en la protección institucional. Si bien el Tribunal Electoral otorga las credenciales a las autoridades electas, no hay mecanismos efectivos que garanticen que puedan ejercer sus funciones sin presiones. “Las dejan solas frente a estructuras de poder locales que operan con lógica coercitiva”, advirtió Marka.
Desde el punto de vista legal, la gestión compartida entra en contradicción directa con la Ley Nº 243 Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, que establece sanciones para cualquier acción que busque obligar a una autoridad a renunciar o limitar el ejercicio de su cargo. Asimismo, vulnera el principio constitucional del mandato representativo y la Ley del Régimen Electoral, que no contempla este tipo de acuerdos.
Además, distorsiona el principio de paridad y alternancia, concebido para garantizar la participación equitativa entre hombres y mujeres. En la práctica, dijo Marka, esta figura termina siendo utilizada para desplazar a mujeres electas, configurando una forma específica de violencia política de género.
Ante este panorama, Acobol y otras organizaciones impulsan reformas para que la gestión compartida sea reconocida explícitamente como una forma de acoso político en la normativa vigente. Sin embargo, Sinka advirtió que el debate no es sencillo, ya que involucra tensiones entre derechos colectivos y derechos individuales.
Marka planteó la necesidad de pasar del discurso a la acción. Propuso fortalecer el acompañamiento técnico y legal a las mujeres electas, de modo que puedan enfrentar estas presiones y ejercer sus derechos con respaldo institucional. “La ley existe, pero necesita herramientas reales para ser aplicada”, apuntó.
En los últimos cinco años se registraron más de 600 casos de acoso y violencia política y al menos 109 renuncias forzadas de mujeres autoridades, de acuerdo a datos de la Defensoría del Pueblo.
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