La Paz, 21 de noviembre de 2025 (ANF).- Durante los últimos 20 años —en los gobiernos de Evo Morales, Jeanine Áñez y Luis Arce—, el Ministerio de Gobierno habría desempeñado un rol central en la articulación de procesos penales usados para perseguir opositores. Así lo denuncian los abogados Jorge Quiroz y Jorge Valda, quienes coinciden en que esta cartera de Estado actuó como un operador directo dentro de la justicia, pese a no tener competencia para dirigir investigaciones penales.
Ambos juristas sostuvieron que este patrón no solo consolidó mecanismos de persecución política, sino que, además, alimentó redes de corrupción. Las presiones, órdenes directas y resoluciones predeterminadas habrían sido parte de una práctica normalizada que, con cambios de gobierno, no solo se mantuvo, sino que adquirió nuevas formas de intervención.
Quiroz describió la participación del Ministerio de Gobierno como un proceso meticuloso y estructurado que fue consolidándose desde los primeros años del gobierno de Evo Morales. Afirmó que la injerencia avanzó hasta niveles en los que esta cartera se convirtió en el espacio desde donde se “elaboraban y distribuían” resoluciones judiciales que luego los jueces debían replicar en audiencias.
Según Quiroz, existió un “pool de abogados operadores” que llevaba las resoluciones ya redactadas. Este grupo —incorporado inicialmente por el exministro Sacha Llorenti y mantenido por Carlos Romero— estaba compuesto por funcionarios como Denis Rodas, Fernando Rivera y Boris Villegas. Su presencia en las audiencias, explicó, tenía un único propósito: garantizar que los jueces repitieran exactamente lo que el Ministerio de Gobierno les había instruido.
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