La Paz, 21 de noviembre de 2025 (ANF).- El abogado y analista jurídico, Jorge Valda, afirmó que la profunda crisis del sistema judicial boliviano tiene, entre sus causas centrales, la intervención política ejercida desde los ministerios en procesos penales durante las últimas dos décadas. Según señaló, esta práctica se convirtió en un mecanismo sistemático de persecución y corrupción que distorsionó la administración de justicia y afectó a miles de ciudadanos.
Valda enfatizó que los casos de persecución política —entre ellos los de César Apaza, Raúl Uría y otros miles de afectados, según sus estimaciones— no pueden quedar en la impunidad. A su criterio, el país debe iniciar un proceso de reparación integral que reconozca la responsabilidad del Estado en estos hechos y devuelva dignidad a las víctimas.
Para lograrlo, plantea como primer paso la realización de auditorías judiciales específicas en todos los procesos donde el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Justicia, la Procuraduría General del Estado u otras entidades estatales hayan intervenido.
“Hubo injerencia ilegal e indebida”, afirmó en contacto con ANF, y agregó que estas auditorías deben abarcar los últimos 20 años, periodo en el que —sostiene— se consolidó un patrón de manipulación institucional.
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