Bolivia se ubica por debajo del promedio regional en un contexto de desaceleración. Sin embargo, informes previos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial presentan un escenario más adverso, al anticipar una recesión.
La diputada Rivero dijo que solicitan la presencia de los ministros de Planificación, de Economía y de Obras Públicas para que expliquen cómo se está avanzando el desembolso de los recursos.
Las declaraciones del ministro “en espacios internacionales han sido consistentes en señalar que el país prioriza la aplicación de políticas económicas soberanas, en función de sus propias necesidades y características”.
El 31 de marzo, el entonces ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, comunicó la suspensión de los contratos con Vitol y Trafigura hasta que se esclarezca el problema de la “gasolina basura”.
En materia de información, la ley propone la creación de una Cuenta Satélite de la Economía Creativa, destinada a medir con mayor precisión la contribución de este sector al Producto Interno Bruto (PIB).
La Fiscalía entregó un reporte en el que detalla cuatro procesos penales: el caso Botrading, adulteración de combustible, contrabando de gas y los contratos con supuesto sobreprecio en la adquisición de crudo.
Planteó una medida de siete días para restablecer el suministro de combustible en el país y desmontar los casos de corrupción. Aclaró que la medida no es definitiva, sino temporal.
El “juqueo” ha derivado en un problema de violencia, con incursiones dentro de la mina bajo el mando de grupos armados. Dirigentes alertan que los líderes de los grupos portan pistolas en niveles profundos, elevando el riesgo de enfrentamientos.
El presidente de YPFB indicó que varias empresas que anteriormente importaban combustible para su propio consumo dejaron de hacerlo por la diferencia del precio internacional.
En seis meses de gobierno, Paz posesionó a tres ejecutivos de YPFB; los anteriores dos salieron en medio de cuestionamientos sobre la calidad de la gasolina, los nuevos contratos de importación y el desabastecimiento de diésel.
La norma incluye las deudas hasta el 31 de diciembre del 2017 mientras no sumen 10 millones de bolivianos. Además, el beneficio alcanzará los que tengan deudas de 2020 debido a los efectos de la pandemia.
El anuncio se produjo en el marco de la reunión de los ministros de Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo, y de Chile, Francisco Pérez, celebrado en la cancillería de La Paz.
El gobierno señaló que el total de las pérdidas económicas de estas 15 empresas son de 2.655 millones de bolivianos y tienen un patrimonio negativo de 1.901 millones de bolivianos.
