La Paz, 23 de junio de 2026 (ANF).- En Bolivia, la gestión de residuos sólidos continúa atrapada entre la norma y la práctica. A casi una década de la promulgación de la Ley 755 de Gestión Integral de Residuos, el país recicla entre el 4% y el 8% de su basura, mientras la mayor parte termina enterrada en botaderos y rellenos sanitarios que, en muchos casos, ni siquiera cumplen con los estándares básicos. El resultado es un sistema fragmentado, con baja fiscalización municipal y una cadena de reciclaje sostenida casi exclusivamente por trabajadoras informales.
La situación, según la representante de la Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema), Magdalena Medrano, refleja un incumplimiento estructural de la normativa. De los 343 municipios del país, apenas 43 estarían aplicando la Ley 755, y sólo algunos —como La Paz, Santa Cruz, Chuquisaca, Villa Tunari o Tiquipaya— habrían avanzado en su implementación de manera más integral.
“El problema no es sólo legal, es operativo y político. Muchos municipios prefieren pagar por tonelada enterrada antes que invertir en reciclaje”, advirtió Medrano en contacto con ANF.
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