El centro de estudios advierte que la reforma laboral impulsada por el nuevo gobierno parte de un diagnóstico errado y profundizaría la desprotección de los trabajadores.
Sanabria indicó que, además, la minería ilegal genera una evasión masiva de regalías e impuestos, inyecta dinero ilícito en la economía formal y crea una competencia desleal para los mineros legales.
La autoridad indicó que el Órgano Ejecutivo es la única instancia que redujo el gasto corriente en cerca del 30%, pero no pasó lo mismo con otras instancias públicas.
1.774,3 millones de bolivianos fueron destinados al pago de deudas salariales y otros compromisos con el magisterio; 857,7 millones de bolivianos se asignaron al pago de sueldos devengados del personal de salud.
Sanabria denunció que el Ministerio Público actúa con lentitud y sin conocimiento técnico en materia minera, lo que debilita las investigaciones y deriva en la falta de sentencias.
El ciclo se completa con el retorno de capitales “limpios” al sistema financiero global que son depositados en cuentas en centros financieros internacionales como Estados Unidos o Suiza, dijo Sanabria.
Según Sanabria, el problema no se limita al impacto ambiental o a la evasión de normas administrativas, sino que constituye una amenaza directa a la gobernabilidad y a la soberanía estatal.
Otro componente clave de la estrategia es la implementación del Sistema de Minutación Segura, una herramienta tecnológica diseñada para reducir errores y prevenir fraudes en la compraventa de bienes inmuebles.
De acuerdo con el PGE reformulado el 31,2% del gasto corriente corresponde a bienes y servicios, mientras que el 20%, igual a 54.678 millones de bolivianos, se destina a sueldos y salarios.
A partir de l 15 de julio se podrán recoger de los bancos de 1.001 a 3.000 dólares, desde mediados de agosto de 3.001 a 5.000 dólares y así sucesivamente en el plazo de un año, indicó el ministerio de Economía y Finanzas.
