La Paz, 2 de febrero de 2023 (ANF).- La subvención del litro de gasolina y del diésel en el país podría llevar a una crisis energética si es que no existe una transición de carburantes a energía eléctrica, según afirmaron analistas que consultó la ANF. También sugirieron diferenciar la subvención, desincentivar el uso de vehículos particulares y mejorar la Inspección Técnica Vehicular (ITV) para dar de baja a los más antiguos.
“Lo que estamos viviendo es una tormenta perfecta porque tenemos una crisis que se debe a diferentes causas y es insostenible. El Gobierno tiene varios mecanismos para maquillar ese problema, como acudir a las reservas que van disminuyendo, prestarse dólares. El daño es irreversible porque cada vez que importamos diésel y gasolina perdemos divisas que no recuperamos. Es un círculo vicioso y si no cambia de mentalidad el país va a entrar en una crisis energética, a corto plazo, ni siquiera se preocupan por la transición energética”, señaló a la ANF Francesco Zaratti, analista en energías.
La crisis energética se da cuando no se tiene dinero para importar los combustibles por lo que se tiene que racionalizar, se ingresa en una espiral de desconfianza y eso tiene repercusiones sobre la economía, dijo el experto quien además usó los términos de tormenta perfecta por tres aspectos.
El primero porque la producción nacional de hidrocarburos líquidos está disminuyendo. De 60.000 barriles de petróleo cayó a 35.000. Esa cantidad ha hecho que Bolivia importe cerca de un 50% de gasolina y un 70% de diésel.
“El segundo aspecto que hace que la tormenta sea perfecta es que la producción de líquidos disminuye más rápidamente que la producción de gas. A medida que se van agotando los pozos el porcentaje de líquidos y licuables es menor”.
Un tercer factor es el crecimiento del parque automotor, por lo cual hay demanda de líquidos y esto empuja a la importación.
“En Bolivia hay un problema estructural en el tema hidrocarburos. Vemos que ha caído la producción de gas natural en un 32% y la producción de hidrocarburos líquidos en un 40%, esta caída obedece a la falta de exploración para encontrar nuevas reservas que repongan lo que hemos ido consumiendo de gas natural y de hidrocarburos líquidos en el tiempo, pero el Estado ha privilegiado la captura de renta descuidando la sostenibilidad del sector y la sostenibilidad de los hidrocarburos como fuente de energía”, dijo Raúl Velásquez, analista en energía e hidrocarburos de la Fundación Jubileo.
Aseguró que entre las gestiones 2010 y 2020 el crecimiento se ha duplicado, pasando la cifra de 999.000 vehículos a 2.100 millones, “estamos hablando de los vehículos registrados oficialmente, también están los vehículos chutos que no están registrados y demandan también combustibles”.
Una nota publicada por este medio da cuenta que en los últimos cinco años (2018-2022), la cantidad de motorizados tanto públicos como privados que circulan en el país creció en un 13,2%, según datos del Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT). En La Paz, el incremento fue del 16,7%.
La cantidad de vehículos particulares es mayor que los públicos, aun así, cada año la cifra aumenta y las calles colapsan. Por otro lado, los sindicatos del transporte público no limitan el ingreso de nuevos asociados ( https://acortar.link/GgPq17).
El asesor internacional en temas de movilidad urbana, Freddy Koch consideró que la tasa de crecimiento del parque vehicular en Bolivia en los últimos cuatro años se mantuvo estable. Antes de 2019, el crecimiento anual era del 22%, siendo el catalizador de este alto porcentaje el ingreso de vehículo usados “transformers”
“Nosotros somos como un país stock, entra y no sale nada. Así como entran vehículos también debería darse una baja de otros por su antigüedad, por su grado de contaminación y el riesgo de que produzcan accidentes, solo en Bolivia se da de baja motorizados por accidentes en alto grado”.
En 2022, la exautoridad de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Juan Carlos Ortiz dijo que Bolivia consume 35.000 barriles diarios de diésel oíl y 34.000 barriles diarios de gasolina.
Con la invasión de Rusia a Ucrania, el precio internacional del barril del petróleo “se ha disparado”, por ende, la erogación ha sido mayor. “Esto ha sido evidente porque para el 2022 el Presupuesto General del Estado previó 700 millones de dólares para la importación de combustibles, pero eso consideraba un precio del barril de 50 dólares, en los hechos ha superado los 120 dólares a raíz de esa invasión. Entonces, se estima que se destinó el doble, es decir 1.500 millones de dólares”, señaló Velásquez.
Actualmente el precio del barril está cerca de los $us 80 y el presupuesto de la subvención para el 2023 se estimó en cerca de los $us 1.100 millones.
Este medio intentó obtener los datos oficiales con el Ministerio de Hidrocarburos y Energías, pero derivaron la solicitud al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. También se pidió datos a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) pero tampoco nos proporcionaron.
“Es urgente y necesario solucionar el problema de fondo, enfocar de mejor manera la subvención. Por otra parte, el parque automotor está muy atomizado, Mi Teleférico, los Pumakataris, el Tren Urbano en Cochabamba, todos funcionan con diésel, no se enfocan con energía renovables”, prosiguió el analista en energía e hidrocarburos.
Sugieren cuatro medidas
Tanto Velásquez como Zaratti consideraron que una solución de largo alcance es la transición energética, es decir que los autos a gasolina se vayan transformando en autos eléctricos.
“Y eso lo pueden hacer privados, pero el Gobierno tiene mentalidad estatista”, dijo Zaratti. “Creo que es importante dar pasos más ambiciosos en el tema de la electromovilidad, además de las condiciones; es decir, hay que darle la infraestructura y la capacidad para que ese vehículo pueda recargar electricidad en diferentes lugares de la ciudad o de una carretera”, mencionó Velásquez.
En Fundación Jubileo comparten que se debería reenfocar de mejor manera esta subvención para que beneficie a la población que no tiene posibilidades de pagar el costo real y realmente lo necesita, por ejemplo, para el transporte público; y en el caso del diésel, para agricultores pequeños que necesiten de su tractor o camión.
“Para eso hay instrumentos, en el caos de la gasolina está el B-Sisa, pero si se trata de un vehículo del último año debería pagar un precio intermedio y si es uno de alta gama, de alta cilindrada, debería pagar el precio real”, prosiguió.
Freddy Koch consideró que al no existir un sistema adecuado de control en la Inspección Técnica Vehicular (ITV) tampoco se da de baja a los vehículos muy antiguos y continúan en las calles. La edad promedio de coches en el país está entre los 15, 20 y más años de antigüedad. “La arista es que somos uno de los países en la región que tiene el precio del combustible bastante bajo”.
“La otra medida es no hacer la vida tan fácil a los que tienen auto particular, hay que desincentivarlos o ponerles restricciones, por ejemplo, los servicios de los estacionamientos deberían ser caros. Moverse en vehículo público es más rentable y sostenible para la ciudad”.
El 2010 hubo un intento de bajar la subvención
Desde 1985, los gobiernos de turno fijaron los precios de los carburantes -a través decretos supremos- siendo que el precio en el exterior era alto; por ejemplo, en el gobierno de Víctor Paz Estenssoro el litro de diésel costaba Bs 0,13 y en otros países, $us 15, según notas de prensa anteriores que consultó este medio.
Para el año 2000 se congeló el precio del diésel a Bs 3,40 y desde finales de 2005 a la fecha a Bs 3,72 el litro de gasolina y Bs 3,74 el de diésel. Sin la subvención el costo real sería de aproximadamente Bs 9 y Bs 11, respectivamente. La diferencia se carga al Tesoro General de la Nación (TGN).
El 25 de diciembre de 2010, mediante el Decreto Supremo 748, el Gobierno de ese entonces decidió poner fin a esta política incrementando el precio de la gasolina casi en un 50% y el diésel en un 80%. Pasaron dos semanas y la medida fue anulada debido a la presión social de diferentes sectores que la calificaron como un “gasolinazo”. Cuando sube el precio del combustible, sube toda la cadena que depende del mismo, como alimentos, transporte y otros.
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