La Paz, 19 de agosto de 2025 (ANF).- La empresa Shell Bolivia Corporation Sucursal en el país ("SBC") planteó una “disputa” contra el Estado boliviano por adoptar medidas ilegales que vulneran los derechos del inversor bajo el tratado y derecho internacional. Pide una compensación debido a los daños causados por Bolivia a través de sus órganos estatales, lo que se traduce en “pérdidas económicas significativas, que asciende a cientos de millones de dólares".
Estas vulneraciones son: abuso de autoridad pública en relación con los contratos de operación, anulación del laudo arbitral, incumplimiento de pagos, negativa a emitir documentación, disposición ilegal de barriles de crudo de propiedad de SBC.
El Estado boliviano ha sido notificado, de esa manera se da formalmente “el inicio al periodo de seis meses estipulado por el Artículo 8(2) del Tratado para las Partes negociaren y realizaren consultas en aras de dirimir la Disputa”, se lee en el documento difundido en el programa Antes del Mediodía de radio Fides.
El documento tiene fecha del 5 de agosto de 2025, al igual que el sello de recepción de la Procuraduría General del Estado, la nota también está dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Estado Plurinacional de Bolivia con domicilio en la Casa Grande del Pueblo.
En relación al abuso de autoridad pública con los contratos de operación, la Shell Bolivia (inversor) acusa al Estado de intervenir de manera indebida en los tres contratos de operaciones con la empresa. Dicha interferencia incluyó la promulgación y aplicación de medidas legales y regulatorias diseñadas para “reducir los rendimientos y la rentabilidad de la inversión del inversor, con el fin de favorecer a YPFB”.
Por otra parte, denuncia que los tribunales de Bolivia “anularon ilegalmente” un laudo arbitral legítimo y ejecutable dictado a favor de la SBC contra YPFB por un tribunal arbitral que actuó conforme al derecho boliviano.
Acusa a Bolivia de incumplir sus obligaciones de pago por varios millones de dólares por concepto de Retribución al Titular adeudadas al Inversor bajo contratos comerciales celebrados entre SBC y YPFB. Además, que están previstas en el Tratado que prevé no adoptar medidas arbitrarias o discriminatorias y de proteger contra expropiaciones directas e indirectas.
El inversor también denuncia que Bolivia se negó a emitir una documentación legalmente requerida que otorgara a SBC una liberación de responsabilidad final, total e irrevocable respecto de un Contrato de Operación.
La empresa acusa a YPFB de haber vendido ilegalmente miles de barriles de crudo propiedad de SBC sin autorización ni consentimiento. Finalmente, señalan que, durante muchos años, diversos órganos de administración de justicia de Bolivia “han mantenido una persecución maliciosa e ilegal en contra de SBC y cinco de sus empleados”.
Denuncia de extorsión
Según la empresa inversora, la persecución se produjo a través de acciones penales sin sustento, que empezó en circunstancias “opacas y de carácter punitivo”, señala a las instituciones del país de omitir el cumplimiento de sus obligaciones, el documento dice que facilitaron el desarrollo de procedimientos penales arbitrarios e ilícitos.
Acciones que fueron iniciadas “por Troya Constructores y Servicios S.R.L. y su Co representante legal el Sr. Jaime Núñez del Prado Sciaroni en un claro intento de extorsionar un pago de SBC de la suma de US $20 millones. El Sr. Núñez del Prado presentó una denuncia penal el 6 de septiembre de 2021 acusando a los funcionarios de SBC de haber estafado a su compañía. Su denuncia se fundó en la supuesta existencia de un "contrato" que nunca existió”.
Aunque Núñez del Prado no habría logrado acreditar sus acusaciones, “los fiscales bolivianos las aceptaron sin cuestionamiento alguno y actuando de oficio iniciaron una investigación penal en contra de los empleados de SBC. A pesar de que la investigación inicial fue rechazada por carecer de fundamento, los fiscales adoptaron la medida altamente inusual de imputar a empleados de SBC por el delito de estafa el 8 de febrero de 2022”.
La empresa señala que Bolivia a través de sus órganos estatales ha causado daños al inversor, que se traducen en “pérdidas económicas significativas, que asciende a cientos de millones de dólares, así como daños morales”. En consecuencia, se lee en el documento, Bolivia está “obligada” a proporcionar una “compensación” de acuerdo con el principio de reparación integral.
/NVG/
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