La Paz, 4 de diciembre de 2024 (ANF).- Pese al rechazo de productores, industriales y comerciantes, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, dijo que el decomiso de alimentos que se comercialicen con sobreprecio es el resultado de varios pedidos que le hicieron al presidente del Estado, Luis Arce.
"Hemos hecho socializaciones en la Asamblea, ayer hemos estado con la CAO en Santa Cruz, donde hemos hecho una explicación de la naturaleza y el espíritu de la disposición adicional séptima, que es resultado del pedido que ha recibido el presidente de varias regiones para que se haga un control a la especulación", sostuvo la autoridad.
Ante la incapacidad de superar la crisis económica que se refleja en el encarecimiento de productos, el Gobierno pretende usar el aparato público para tener la potestad de realizar controles y confiscaciones, a toda la cadena productiva y comercializadora de alimentos, para controlar los precios.
“Con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”, indica la disposición adicional séptima del PGE 2025.
La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) emitió un comunicado en el que pide a los legisladores de la Asamblea Legislativa quitar la disposición del proyecto de Ley del PGE 2025. La Cámara Nacional de Industrias también se sumó a ese pedido, porque temen que su producción sea confiscada a título de incremento de precios.
Los gremiales también rechazaron esa disposición, porque la norma alcanza a toda la cadena productiva y comercializadora.
Los productos decomisados serán comercializados a través de los supermercados estatales a precios, supuestamente, “justos”.
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