La Paz, 23 de mayo de 2025 (ANF).- La sociedad civil boliviana, a través de la Agenda de Justicia y Derechos Humanos, exigió al Estado acciones concretas para proteger a las poblaciones LGBTIQ+ frente a la violencia, la discriminación sistemática y la falta de acceso a la justicia. Entre sus principales demandas destaca la tipificación urgente de los crímenes de odio, la capacitación de operadores judiciales y el reconocimiento pleno de los derechos civiles como el matrimonio y la adopción.
La Agenda recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la orientación sexual, identidad y expresión de género son categorías protegidas por la Convención Americana de Derechos Humanos. Por lo tanto, los Estados parte —como Bolivia— tienen la obligación de garantizar el ejercicio pleno de estos derechos sin ningún tipo de discriminación.
Sin embargo, las organizaciones alertan que, pese a los estándares internacionales y las recomendaciones recibidas, el acceso efectivo a la justicia para personas LGBTIQ+ en Bolivia continúa siendo limitado. No existen políticas claras ni información pública suficiente que permita evaluar la situación de esta población dentro del sistema judicial.
De acuerdo con el informe “Acceso a la Justicia de la Población LGBTIQ+ en Bolivia”, elaborado por ADESPROC Libertad, solo un 10% de las recomendaciones internacionales en esta materia han sido cumplidas por el Estado. Un 30% se encuentra en proceso o parcialmente implementado, mientras que el 60% restante ha sido completamente ignorado.
Una de las escasas iniciativas normativas, la Ley 807 de Identidad de Género, enfrenta serias dificultades en su implementación. La Agenda denuncia que el Estado no ha cumplido con las recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, especialmente en áreas críticas como salud, seguridad ciudadana y registro civil.
El informe también visibiliza la situación de las mujeres trans. Una encuesta nacional a 53 mujeres trans revela barreras persistentes como la discriminación por parte de funcionarios públicos, la desatención de denuncias y la impunidad sistemática en los casos de violencia, lo que refuerza la sensación de abandono institucional.
Aunque en 2023 el Tribunal Supremo de Justicia aprobó un Protocolo de Juzgamiento Penal con Perspectiva de Derechos Humanos, en la práctica persisten los prejuicios y la falta de formación sobre los derechos de las diversidades sexuales. Prueba de ello es que, de aproximadamente 80 casos de violencia registrados en los últimos años, solo dos han obtenido sentencias condenatorias.
Entre los principales problemas señalados por la sociedad civil destaca que la normativa penal boliviana aún no tipifica los crímenes de odio. Estos delitos, caracterizados por su crueldad y motivación prejuiciosa, requieren una respuesta legal específica y contundente.
Además, entidades como la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) y los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) no admiten denuncias de violencia entre personas del mismo sexo bajo la Ley 348. Esta omisión institucional profundiza la exclusión legal de las personas LGBTIQ+.
Otra demanda urgente es el reconocimiento de los derechos civiles. El sistema judicial boliviano no admite acciones de tutela para garantizar el matrimonio igualitario ni la adopción por parte de parejas del mismo sexo, lo que vulnera el principio de igualdad ante la ley.
Frente a este panorama, la Agenda de Justicia y Derechos Humanos propone una serie de medidas concretas. Entre ellas, modificar el Código Penal para incluir delitos cometidos por prejuicio, garantizar investigaciones diligentes y sanciones efectivas, y reparar integralmente a las víctimas.
Asimismo, la sociedad civil plantea implementar campañas de sensibilización y formación dirigidas a fiscales, jueces, policías y personal de salud. Estas acciones permitirían eliminar prejuicios institucionales y garantizar un trato respetuoso hacia la población LGBTIQ+.
También se solicita la articulación con el Consejo de la Magistratura para asegurar que todos los funcionarios judiciales reciban capacitación específica sobre derechos LGBTIQ+, además de promover campañas dirigidas a la ciudadanía en general para prevenir la violencia basada en prejuicios.
Finalmente, las organizaciones instan al Estado a garantizar la participación activa de los colectivos LGBTIQ+ en la Comisión 898, que da seguimiento a las conclusiones de la Cumbre de Justicia de 2016, e impulsar una legislación que garantice derechos como el matrimonio igualitario, la adopción y la seguridad social para parejas homoparentales.
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