La Paz, 25 de mayo de 2025 (ANF).- Más de la mitad de las personas privadas de libertad en Bolivia nunca han sido condenadas. Permanecen encerradas bajo detención preventiva, una medida excepcional convertida en regla por un sistema penal sobrecargado y una justicia que, lejos de garantizar derechos, los posterga.
Así lo revela la “Agenda de Justicia y Derechos Humanos donde nadie quede afuera”, un documento elaborado por la sociedad civil rumbo a las elecciones generales del 17 de agosto de 2025. Según el informe, al finalizar 2024, 32.035 personas estaban privadas de libertad en el país, de las cuales 18.807 —casi el 59%— no tenían sentencia. El hacinamiento carcelario alcanzó el 105%, en recintos que solo tienen capacidad para 15.598 personas.
La situación fue advertida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que señaló a Bolivia como uno de los países de la región con mayores tasas de detención preventiva. En su informe “Cohesión social: el desafío para la consolidación de la democracia en Bolivia”, la CIDH subrayó que el uso excesivo de esta medida, sumado a la escasa aplicación de alternativas como las manillas electrónicas, ha agravado el colapso penitenciario.
La vida dentro de las cárceles refleja esta crisis. De acuerdo con datos del Régimen Penitenciario citados en la Agenda, en 2023 apenas se contaba con 24 médicos, 14 odontólogos, 16 psicólogos, 16 trabajadores sociales y 9 educadores para más de 28.000 personas privadas de libertad. Además, solo 1.541 policías estaban asignados a tareas penitenciarias en los 46 recintos del país.
La situación es particularmente grave para las mujeres privadas de libertad. Muchas están embarazadas o viven con hijos e hijas menores de edad dentro de las cárceles, en condiciones que afectan su desarrollo. Un gran porcentaje de ellas enfrenta procesos por delitos relacionados con microtráfico bajo la Ley 1008. Son mujeres pobres, utilizadas como transportadoras por redes criminales, castigadas con dureza sin que ello afecte a los verdaderos responsables del narcotráfico.
La Agenda de Justicia, elaborada por más de 300 organizaciones reunidas en la Plataforma de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos y la Coalición de OSC para el EPU, propone una reforma penitenciaria estructural, con enfoque de derechos humanos, género e interseccionalidad. Entre sus medidas destacan la revisión de la Ley de Ejecución Penal, la implementación de programas integrales de rehabilitación y la adopción progresiva de medidas alternativas a la prisión preventiva.
También se exige una evaluación técnica del sistema penitenciario con apoyo de organismos internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), así como la asignación de presupuesto suficiente para garantizar condiciones dignas de detención, acceso a servicios básicos y programas reales de reinserción.
Los indultos y amnistías, que podrían aliviar la sobrepoblación carcelaria, han estado ausentes desde 2021. Su aplicación, aunque no soluciona de raíz la crisis, representa una medida urgente frente al colapso.
A nivel estructural, las cárceles bolivianas enfrentan carencias crónicas. La infraestructura es precaria, los espacios educativos y laborales son escasos, y el prediario —monto destinado para la alimentación diaria— se mantiene en solo 8 bolivianos por persona, una cifra claramente insuficiente.
De cara a las elecciones, la sociedad civil exige que el nuevo gobierno asuma compromisos reales con una reforma penitenciaria humanizada y eficaz. “La prisión preventiva no puede seguir siendo la norma, ni el encierro la única respuesta penal”, señala el documento. La transformación del sistema penitenciario es una deuda pendiente con la democracia, con la justicia y, sobre todo, con la dignidad humana.
/ANF/
Articulo sin comentarios
