La Paz, 12 de mayo de 2025 (ANF).- Las condiciones inhumanas en celdas de castigo de cárceles y celdas policiales en Bolivia no solo vulneran derechos fundamentales, sino que exponen la cara más oscura de la democracia boliviana. Así lo advirtieron Andrés Gautier, responsable del área socioterapéutica del Instituto de Terapia e Investigación (ITEI); Pedro Callisaya, Defensor del Pueblo; y Susana Saavedra, directora de Fundación Construir, durante la presentación del Tercer Informe Anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), un documento que refleja de manera cruda la situación estructural del sistema penitenciario.
“El informe ha presentado varias fotos que son la expresión de la realidad”, sostuvo Gautier, subrayando que las imágenes difundidas no buscan escandalizar, sino visibilizar centros de detención “asquerosos”, como los calificó.
Según el especialista, estas condiciones revelan un Estado que trata a las personas privadas de libertad como “seres humanos de segunda categoría”.
Hace más de cinco años, el ITEI advirtió sobre el trato degradante que se da a los privados de libertad en las celdas de castigo de los penales y los calificó lugares de aislamiento que sirvan para tratar “de basura” a los privados de libertad.
“Las autoridades saben muy bien el efecto que tiene en la persona las condiciones infrahumanas, antihigiénicas, nauseabundas, el efecto que tiene en el ser humano, lo saben, si no, no mandarían a las personas en esas condiciones”, dijo en entrevista con ANF.
Gautier fue enfático al señalar que las condiciones carcelarias son un “criterio del nivel de democracia en un país”. A su juicio, lo que se observa en estos centros es la parte más oscura del sistema democrático boliviano, donde persiste una visión profundamente discriminatoria del Estado hacia quienes se encuentran en reclusión.
Pedro Callisaya respaldó esta denuncia con datos. Durante su intervención para la presentación del informe, refirió que el MNPT monitoreó diez cárceles, encontrando en las celdas de castigo una infraestructura deplorable: goteras, baños en mal estado y espacios sin condiciones mínimas para el descanso. “Esto ha motivado incluso que planteemos una acción constitucional”, explicó.
El defensor detalló además que el 76% de las personas privadas de libertad no recibe una valoración médica al momento de su ingreso al penal, lo cual representa un riesgo adicional para su integridad física y mental. Esta omisión, sumada a la falta de control sobre el tiempo que los reclusos permanecen en celdas de castigo, vulnera múltiples derechos.
ANF realizó dos reportajes en los que mostró las condiciones de salud en que viven los privados de libertad y la situación de sobrevivencia de los internos que son llevados a los lugares de castigo como Muralla y Grulla en el penal San Pedro de La Paz. Pese a estas denuncias, la vulneración continúa en las cárceles.
En cuanto a las celdas policiales, Callisaya indicó que se han monitoreado 20 de ellas. El 45% no cuenta con cámaras de seguridad, el 74% carece de información sobre derechos y salvaguardas, y el 16% de los detenidos manifestó haber recibido maltrato policial al momento de su aprehensión.
Para Gautier, la existencia misma de celdas de castigo muestra cómo el Estado concibe la sanción: “usa los tratos degradantes, y esa es la carta de presentación del Estado”. Aseguró que este tipo de prácticas no son nuevas, sino que persisten desde el fin de la dictadura, sin mejoras sustanciales a lo largo de décadas de democracia.
Susana Saavedra, por su parte, expresó especial preocupación por la falta de condiciones básicas en muchas de estas celdas: “Algunas de ellas no tienen baños, un gran porcentaje no tiene iluminación, no tiene conexión eléctrica”. Ante la falta de servicios sanitarios, las personas detenidas deben usar los baños comunes en horarios restringidos o, en el peor de los casos, hacer sus necesidades dentro de la celda.
Saavedra también alertó que, en algunos penales, las personas privadas de libertad son llevadas a estas celdas de castigo como parte de un periodo de “ambientación”, incluso sin haber cometido ninguna falta.
“Estamos hablando de seres humanos a los que se les está negando las condiciones más dignas de vida”, insistió.
El informe presentado evidencia que el sistema penitenciario boliviano no distingue entre culpables e inocentes a la hora de aplicar tratos degradantes. Gautier remarcó que “las cárceles son el lugar oscuro donde pocos van, donde muchos temen entrar”, lo que contribuye a su invisibilización y al desinterés político y judicial.
Callisaya adelantó que el MNPT emitió recomendaciones específicas en función de estos hallazgos, pues “este es un tema muy complicado” que requiere acciones urgentes. Las cifras y testimonios expuestos en el informe revelan un patrón sistemático de negligencia y maltrato institucionalizado.
Saavedra subrayó que lo alarmante no es solo la precariedad estructural, sino la normalización de estos espacios como parte del sistema de justicia. Lamento que esta situación se agrava cuando no hay una justificación legal clara para el encierro en celdas de castigo.
Los tres especialistas coincidieron en que la situación actual no puede ser vista como un hecho aislado, sino como el reflejo de un Estado que aún no ha logrado garantizar los derechos humanos dentro de sus propios centros de detención.
Gautier recordó que esta crisis no es exclusiva de Bolivia, pero eso no exime al Estado de su responsabilidad. “Eso pasa no solamente en Bolivia”, dijo, “pero eso no significa que debamos aceptarlo como inevitable”.
El informe, con datos y evidencias recolectadas a lo largo del último año, busca provocar un cambio en la manera en que el país concibe la privación de libertad. “No se trata solo de infraestructura”, enfatizó Saavedra, “sino de la dignidad de las personas”.
Los testimonios e imágenes contenidos en el tercer informe del MNPT son una llamada de alerta sobre los rincones más oscuros del sistema democrático boliviano, donde los derechos humanos aún esperan ser respetados.
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