La Paz, 7 de octubre de 2025 (ANF).- Beatriz Bautista, integrante de la organización Qhana Pukara Kurmi, denunció que las comunidades indígenas enfrentan un sistema judicial profundamente desigual cuando buscan justicia frente a los abusos de empresas mineras.
“La justicia no funciona en este país cuando se trata de temas mineros”, afirmó en contacto con ANF, al señalar que los intereses económicos pesan más que los derechos colectivos de los pueblos originarios.
Desde su experiencia acompañando el conflicto en el ayllu Acre Antequera, en Oruro, Bautista sostuvo que la balanza siempre se inclina hacia el poder económico, ya sea de empresas transnacionales, nacionales o cooperativas.
“Todo se rige por el poder económico”, enfatizó, y añadió que ni siquiera las recomendaciones de organismos internacionales logran incidir en la estructura de impunidad que rodea a la minería. Pese a haber presentado informes ante el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) y otras instancias, aseguró que “no funcionan las recomendaciones internacionales”.
La jurista recordó que las comunidades indígenas han hecho uso de su derecho al consentimiento previo, libre e informado, reconocido por la Constitución y por convenios internacionales, para rechazar la presencia de empresas mineras en sus territorios. Sin embargo, sus decisiones son ignoradas.
“La minera Illapa sigue operando sin el consentimiento del Ayllu Antequera”, lamentó Bautista, destacando la violación de un derecho que constituye la base del respeto a la autodeterminación de los pueblos.
El caso más emblemático, dijo, es el de la comunidad Totoral Chico, que realizó una consulta interna y rechazó las operaciones de la minera Avicaya. Las familias exigen la salida de la empresa y la devolución de sus territorios. Denunciaron despojo y contaminación.
“El Ayllu, compuesto por ocho comunidades, ha sido claro: no queremos minería”, subrayó Bautista. Sin embargo, la respuesta institucional ha sido la indiferencia.
Para Bautista, las fallas del sistema judicial boliviano son estructurales y revelan una jerarquización de intereses. Las denuncias presentadas por las autoridades originarias contra las operaciones mineras no han recibido ninguna respuesta por parte del Ministerio de Medio Ambiente ni del Ministerio de Minería. “Hay una inacción total de las autoridades”, denunció.
Uno de los episodios más graves ocurrió cuando un grupo de mujeres de Totoral Chico fue agredido y desplazado por mineros de los sindicatos. Para proteger su integridad, las víctimas presentaron una acción de libertad, un recurso constitucional de carácter urgente. Sin embargo, el juez Odal Herrera, del juzgado séptimo de Oruro, denegó la acción alegando falta de pruebas y dando mayor valor a las declaraciones de los mineros implicados.
Bautista consideró que esta decisión evidencia la parcialidad del sistema judicial. “La justicia protege a los que tienen poder, no a las mujeres indígenas que defienden su territorio”, sostuvo.
El caso fue apelado ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), pero el proceso lleva más de un año sin avance. “La acción duerme en el TCP, ni siquiera ha llegado al magistrado relator”, denunció, advirtiendo que la lentitud judicial prolonga la vulnerabilidad de las mujeres desplazadas.
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