Opinión

3 de septiembre de 2019 14:45

Incendios en Bolivia: responsabilidades y propuestas para cambiar de modelo


En Bolivia, cada año durante la época de invierno, familias y comunidades indígenas campesinas realizan chaqueos para habilitar sus tierras de cultivo. En los últimos cinco años éstos se han incrementado y en casos han ocasionado sendos incendios que afectan a la cobertura boscosa del país. El incremento de los chaqueos, se sustenta principalmente en políticas y normativas nacionales demandadas usualmente por el sector empresarial para fomentar el agronegocio y el cambio de uso de suelos en tierras bajas. 

Entre 2013 y 2015 se aprobaron tres Leyes (337/13, 502/14 y 739/15) que establecieron perdonazos a la deforestación ilegal y ampliaciones de plazos para subsanar el delito. En 2015 se aprobó la Ley 740 que permite ampliar de 2 a 4 años la verificación de la Función Económica Social de la tierra. En septiembre de ese año se promulgó la Ley 741 que autoriza los desmontes libres de hasta 20 hectáreas (que antes no debían sobrepasar las 5 hectáreas) en pequeñas propiedades, propiedades comunitarias o colectivas en proceso de saneamiento o tituladas y en asentamientos legales. Finalmente, el 9 de julio pasado se aprobó el D.S. 3973 de ampliación de la frontera agrícola en el departamento del Beni en tierras de vocación forestal.

Pero ¿por qué las “quemas legales” se salieron de control? El desastre que viven las regiones de la Chiquitania, Amazonía y el Chaco, que perdieron hasta  fines de agosto alrededor de 566.700 hectáreas de bosques, es el resultado de la confluencia de varios factores y decisiones políticas como la expansión ganadera y el fomento de asentamientos y nuevas titulaciones en tierras fiscales por el INRA, y si bien el avance de la frontera agrícola tiene el aval de las organizaciones y comunidades indígenas y campesinas afines al gobierno, en algunos casos son las dirigencias las que realizan los acuerdos alejadas de sus bases, quienes sí viven de actividades productivas, de recolección, caza y pesca, y por tanto, consideran la dinámica del bosque como parte de sus medios de vida. Los recientes pronunciamientos de las organizaciones indígenas del Beni, Territorio Indígena Multiétnico, Territorio Indígena Mojeño Ignaciano y Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni, que exigen al gobierno derogar la Ley 741 y abrogar el D.S. 3973, son prueba de ello.

En ese contexto, el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado también se suma a la demanda de derogar y abrogar estas normas que incentivan al chaqueo para justificar la posesión de la tierra y en otros casos para la ampliación de cultivos agroindustriales, que poco aportan a la seguridad alimentaria del país. Asimismo, solicitamos al gobierno central y gobiernos subnacionales, dejar sin efecto la ampliación de la frontera agropecuaria y hacer un llamado a la población para realizar mayor control social a los cambios de los Planes de Uso de Suelos que hoy se suscitan en la Amazonía, donde deberían participar cuerpos colegiados, autoridades y productores como lo establece la CPE para el seguimiento a las políticas públicas.

Finalmente, urge definir e implementar un nuevo modelo productivo en la zona del desastre, que no sólo busque la reforestación de las áreas quemadas, sino, considere su protección hasta que se efectivice la recuperación de la biodiversidad diezmada. Existen importantes experiencias como los sistemas agroforestales que aportan a dicho objetivo y además generan alimentos e ingresos para el vivir bien de las familias indígena campesinas. Todas las acciones deberían enmarcarse en la gestión integral de los bosques, precepto que está presente en la CPE y en muchas leyes que de ésta se derivan. 

Pablo Antezana y Coraly Salazar – Centro de Investigación y Promoción del Campesinado CIPCA

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