Opinión

19 de febrero de 2019 10:19

La vigencia del 21 F

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Nadie en su sano juicio y sin importar si estuviera a favor o en contra del reconocimiento de los resultados del referéndum del 21 de febrero (21 F) del 2016, podrá negar que la conclusión de aquella consulta democrática no ha perdido vigencia hasta la fecha. Esta realidad nos pone frente a la complejidad que la coyuntura política encierra. Para reflexionar en torno a las razones que motivan la vigencia del 21 F (referéndum que rechazó una nueva postulación presidencial de Evo Morales y Álvaro García) luego de tres años, destaquemos algunos componentes del problema. 

Por un lado tendremos a instituciones tales como el gobierno y el Estado, y por otro a la sociedad. La lógica del comportamiento de estos componentes se encuentra a travesada por el tiempo, como principal característica. Por supuesto que tendremos también otras variables que demuestran aquellos comportamientos, pero se trata de variables secundarias para el razonamiento explicativo que seguiremos. 

El comportamiento de cada uno de los actores (gobierno, Estado y sociedad) expresa un tiempo propio, con su propio ritmo o compás temporal. En lo que genéricamente llamamos “tiempo” de una coyuntura, debe asumirse que se trata de un tiempo común a todos los actores, en el que sin embargo se diferencian cada uno de los tiempos particulares. Por tanto se trata de tiempos que convergen en el marco del tiempo general compartido por todos y en esta convergencia entran inevitablemente en relación. Aquí, en esta interrelación, es donde se concretiza la relación (política) entre los actores. En un contexto democrático, esa interrelación contendrá algunas características intrínsecas: no son relaciones lineales, sino complejas y por otro lado son relaciones por medio de las que también se modifica la preponderancia de cada uno de los actores. 

Mientras que el tiempo del gobierno se refiere principalmente a la agenda que emana del proyecto político que impulsa, el tiempo del Estado nos habla de la manera en la que reacciona la formación económica social a las consecuencias causadas por la ejecución del proyecto del gobierno. Por último, el tiempo de la sociedad se alimenta básicamente de las experiencias acumuladas a lo largo de la historia. Esta acumulación de experiencias le permite entender el sentido del proyecto político que cada gobierno ejecuta, así como la alta o baja pertenencia que tiene la sociedad con respecto tanto a dicho proyecto, como con relación al Estado que lo cobija. 

Como se comprende, cada actor no únicamente tiene un propio tiempo, con su propio ritmo, sino también su historia; que es la resultante de las experiencias acumuladas en acción. Dicho en otros términos, tiene su memoria histórica acumulada. Todo ello nos dice, por tanto, que se trata de relaciones no lineales, sino de relaciones cambiantes y dinámicas. Por otra parte, nos muestra que se trata de relaciones que revelan los desfases de los tiempos. Por lo general, el Estado se encuentra desfasado con respecto a la sociedad; aunque también puede suceder que el gobierno (o sea el transitorio administrador estatal) se encuentre desfasado, tanto respecto a la sociedad, como con respecto al Estado. No es que en los casos de Bolivia, Venezuela o Nicaragua por ejemplo, no se presenten también este último tipo de desfases, sino que la debilidad institucional de estos países, marca casi como una constante la inclinación hacia este tipo de desfases. 

Estas ideas generales nos pueden ayudar ahora a volver a la consideración del problema de la vigencia de referéndum de hace ya tres años. Queda claro que el desfase entre el gobierno y la sociedad nos remite a ritmos del tiempo político y acumulaciones democráticas distintas. Diríamos que el gobierno de Evo Morales muestra una gran inmadurez democrática y política, en comparación a la que sustenta la sociedad. Se trata de un desfase que se expresa en la contradicción entre el proyecto dictatorial pretendido por el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) y la preservación de las libertades democráticas manifestada por la sociedad. Pero la inmadurez gubernamental y el consiguiente tiempo “caótico” (ejemplificado en los frecuentes tumbos que da el gobierno) no únicamente marcan este doble desfase, sino al mismo las iniciales consecuencias que ello tiene sobre el Estado. Esta realidad resulta llamativa incluso en un contexto de tradicional debilidad institucional como el boliviano. El que la desinstitucionalización del Estado hubiera requerido tan poco esfuerzo por parte del MAS, no quiere decir que con ello se hubiera borrado la memoria o la acumulación estatal; como tampoco quiere decir que el tiempo del Estado se hubiera alineado al tiempo del gobierno. 

No es suficiente imponer simples peones, en calidad de operadores políticos en la Fiscalía, el Poder Judicial, la policía, el ejército, el Tribunal electoral y otras, para uniformar los compases temporales del gobierno y el Estado. No lo es, porque a pesar de la obsecuencia con la que actúan los operadores del MAS en esas instituciones, el aparato estatal simplemente no puede rebasar ciertos límites políticos, como lo desearían los hombres del poder ejecutivo. Así, el gobierno tuvo que bajar, al menos en parte, el tono en la vigilancia y persecución policial a ciudadanos críticos de las políticas dictatoriales de Morales. Tampoco pudo militarizar el país para ejercer un férreo control sobre la población, ni menos proscribir a los partidos de oposición o a algún candidato presidencial, a pesar que lo intentaron con verdadero esmero. ¿Por qué? En lo que al Estado respecta, porque actúa en él su propia acumulación y memoria institucional. De esta manera, pues, se ratifica la diferencia entre el tiempo del Estado y el tiempo del gobierno. Para sorpresa de muchos, uno de los componentes que alimenta, en esta coyuntura, al tiempo del Estado es precisamente el referéndum del 2016. 

Esa consulta democrática fue un acto estatal. El que posteriormente los peones políticos del gobierno, en las instituciones estatales, hubieran desconocido los resultados del 21 F, para adecuarse al proyecto dictatorial del MAS, no modifica la calidad estatal del referéndum, ni los efectos políticos que ocasionó en los diversos actores sociales y políticos. Desde ya, colocó al gobierno y a sus operadores políticos al margen de la Constitución Política del Estado (CPE). En el Estado, el resultado del 21 F y su posterior desconocimiento, contribuyó a su debilitamiento, sentando las condiciones para que, en perspectiva y en la (improbable) hipótesis que se concretara la intención antidemocrática del MAS, reflote la crisis estatal. En la sociedad, ha revelado la magnitud de su inclinación democrática, enmarcada en el ordenamiento constitucional. La evolución de estos distintos impactos es lo que en gran medida explica la configuración del actual cuadro político nacional. En este cuadro tenemos al gobierno con la notoria pérdida de legitimidad social y al Estado, no sólo distanciado de la sociedad sino incluso mostrando signos que varias de sus instituciones comienzan a revelar indicios de una situación de atrofia institucional. Estos hechos  testimonian el curso que está tomando el extravío gubernamental. En el caso de la atrofia institucional, hablamos de los efectos que provoca el cumplimiento de la agenda antidemocrática del partido de gobierno. La sociedad, al contrario, reactivó su memoria democrática, cuya adquisición histórica se diera en el marco de la defensa de la democracia representativa, hacía cuatro décadas. 

El desfase de los tiempos entre los distintos actores también muestra las diferentes direcciones que cada quien tomara. Esta última derivación representa una perspectiva riesgosa, ciertamente, por cuanto ratifica los signos de la crisis estatal que asoma. Recordemos que la relación de los actores y de sus tiempos presupone, en política, el predominio de uno de ellos. No son relaciones entre equivalentes, sino relaciones de fuerza en las que un actor predomina (predomino que en democracia no quiere decir, por supuesto anulación de los otros actores; tal como lo entiende Evo Morales). Esto quiere decir que en el juego político no sólo debemos referirnos a las cambiantes relaciones de fuerza, sino, en lo que es más importante, a los notorios desfases entre los tres actores; algo que hoy por hoy se vive en el país de manera evidente. En esta peligrosa dinámica, pero, también circulan y se modifican las potestades o soberanía de cada actor. Para decirlo de manera directa; tanto el gobierno, como incluso el Estado pierden autoridad democrática frente a la sociedad, razón por la cual incrementan sus pulsiones autoritarias. 

Lo que continúa inalterable, sin embargo, desde el referéndum del 2016, es precisamente la decisión y voluntad de la mayoría de la población, de cerrar el paso a la cadena de atropellos a la CPE que impulsa el gobierno del MAS, a fin de instaurar su dictadura. Es en esta persistencia que la sociedad exhibe su mayor desarrollo y madurez democrática. Se trata de una acumulación democrática superior a la del gobierno y del Estado, por cuanto la ciudadanía ha demostrado una rapidez sorprendente para detectar las tendencias dictatoriales del proyecto del MAS. Ello ha impedido que la sociedad cayera en las redes del engaño o del chantaje, tendidas por Evo Morales y su equipo. Las promesas electorales del MAS hacia una década no estuvieron formuladas para ser cumplidas, sino para intentar engatusar a una sociedad demasiado atenta en su vigilancia respeto de las libertades democráticas. Por ello tampoco tiene mayor impacto esa suerte de chantaje, en el que se ha convertido el pago del denominado segundo aguinaldo y ofertado con la inocultable burda intención gubernamental de revertir el mayoritario rechazo de  la población a la inconstitucional candidatura oficialista. 

Nadie duda que estos esfuerzos del gobierno son inútiles pataleos de ahogado, porque la adquisición democrática de la sociedad, expresada el 21 de febrero del 2016, no únicamente continúa manifestándose en el presente, sino tiende a destacar con el tiempo cada vez más su valor, para abarcar e incorporar a su ratio de influencia o convocatoria, también a ciudadanos indiferentes a las intenciones del gobierno por imponer un régimen dictatorial. El atropello a la democracia, la violación a la CPE y el desconocimiento a los resultados del 21 F marcan, en consecuencia, un devenir que inevitablemente terminará sumiendo al MAS en la profundidad del despeñadero político. 

Omar Qamasa Guzman Boutier es escritor y sociólogo

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