Opinión

26 de junio de 2018 09:34

Insegura seguridad en las fronteras


El asalto a un puesto militar fronterizo con el Brasil, en el municipio Porvenir del departamento de Pando, el pasado 15 de junio, puso en cuestionamiento la seguridad de las fronteras. El hecho ocurrió cerca de las 22:45 y los asaltantes, presumiblemente pertenecientes al grupo delincuencial “Comando Vermehlo” del Brasil, habrían retornado a su país, a 30 km de distancia, por tierra. Según el ministro de Defensa, Javier Zavaleta, al momento del asalto el comandante de la guarnición no se encontraba en su puesto de trabajo. El ministro calificó el asalto como un hecho delincuencial, por lo cual, añadió, entra en el ámbito policial.

Lo más probable es que Javier Zavaleta no perciba la seriedad del caso. Recordemos que la soberanía -el disponer de uno mismo- es el alma de todo Estado independiente. Por otro lado se supone que el ejército es la última zona del Estado, por lo cual el ejército sintetiza al Estado. El ejercicio de la soberanía estatal presupone un ambiente de seguridad que debe brindarse a los elementos que componen al Estado y uno de ellos es, pues, el territorio. La inseguridad en las fronteras como el que se ejemplifica con el asalto a un puesto militar, por tanto, no puede reducirse con tanta ligereza a un mero asunto policial, como lo hace el ministro de Defensa. La seguridad de las fronteras, al contrario, debería ser entendida por el gobierno como un tema de Estado, porque contiene al ámbito geográfico hasta donde, se supone, llega la determinación estatal.

El que un grupo delincuencial se haga de las armas de un puesto militar fronterizo dice que esa zona de emergencia del Estado que es el ejército, brinda no únicamente una insegura seguridad al territorio nacional, sino incluso que no es capaz siquiera de brindarse seguridad a sí misma. El hecho refleja en realidad algo más; refleja algunas características institucionales tanto del Estado como del ejército bolivianos. El exitoso asalto demostró el poco profesionalismo con el que se maneja la institución militar. No se trata solamente del abandono del puesto de trabajo, por parte del comandante, al momento en el que se produjo el asalto, sino de una cadena de actos llamativos que se suceden en esa institución. Desde ya, anterior al asalto, puede citarse por ejemplo la presencia de una banda militar de música amenizando una fiesta particular.

La poca profesionalidad puesta al descubierto, al mismo tiempo, es en gran medida consecuencia de la sujeción de los mandos militares a la clase política, particularmente a los gobernantes de turno. No puede justificarse ello señalando que se trata de la sujeción a la Constitución Política del Estado (CPE) en abstracto, porque el abandono del puesto del deber o el uso de bienes del Estado en beneficio privado, contravienen toda norma y sólo son explicables por la cobertura política con que cuentan los jefes militares, para que tales actos no sean sancionados; salvo casos excepcionales. Si estaríamos en una exposición académica diríamos que incluso refleja la mentalidad estatal, en lo que respecta a la comprensión precisamente del deber patrio (mentalidad que es común a toda nuestra América Latina).

Hablamos de entender al patriotismo como la realización de desfiles militares en fechas cívicas, o sea el patriotismo de los estandartes. A pesar de la renovación material en el ejército el hecho del puesto fronterizo devela esa curiosa comprensión del patriotismo. Esta debilidad es causada, en gran medida, no tanto por la falta de recursos económicos sino por una mentalidad que en definitiva se extiende a toda la sociedad; referencia máxima en última instancia tanto del Estado como del ejército. Se trata de una mentalidad premoderna, que orienta, hoy al igual que en el pasado, las acciones de los operadores del Estado y del gobierno. Así, antes de valorar temas estatales, la preocupación principal del gobierno de Evo Morales radica en enjuiciar a opositores políticos y atropellar la voluntad democrática de la mayoría de la ciudadanía. En este orden, no es de extrañar que todo el aparato estatal se concentre en el objetivo antidemocrático de violar la CPE, descuidando temáticas como las referidas a la seguridad de las fronteras y otras.

Lo que se concluye, por tanto, es que la constante del Estado boliviano en asumir el (des)control  de las fronteras, continúa. Como en los cerca ya dos siglos de su fundación, Bolivia no termina de resolver un problema tan básico para todo Estado independiente. En estas condiciones, es sencillamente imposible pensar que el país pudiera elaborar una  política medianamente seria de protección y potenciamiento de su geografía.

Omar Qamasa Guzman Boutier

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