Opinión

11 de septiembre de 2019 15:47

El costo de los incendios


En el origen de los incendios provocados en la Chiquitanía se encuentran las inconfundibles huellas de Evo Morales y su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS). En este origen destaca el pensamiento anti-indígena de Morales, en torno al cual, por ejemplo, el gobierno ha justificado su desinterés, primero, por atender los requerimientos de las tierras comunitarias de origen (TCO´s) y luego, frenar abiertamente la titulación de ellas. Posteriormente vinieron las arremetidas en contra de las organizaciones indígenas, particularmente de las tierras bajas (o sea de la Amazonía), aglutinadas en la Central indígena del oriente boliviano (CIDOB). Aunque hay que recordar que tampoco su similar de las tierras altas (el altiplano), organizados en el Consejo nacional de markas y ayllus del Qullasuyu (CONAMAQ), se salvaron de ello. La intención gubernamental era, como quedó demostrado en el conflicto del territorio indígena del parque nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), el avasallamiento de esas tierras, para facilitar la expansión de la frontera agrícola a fin de favorecer, en lo principal, a los productores de coca del Chapare cochabambino (cuyo presidente es precisamente Morales) por medio de asentamientos ilegales. 

Estas causas han estado presentes aún antes del incendio propiamente y no han hecho sino prolongar hasta nuestros días, las huellas del desastre y amplificar, ante la opinión pública, el contenido etnocidio que ellas suponen. De manera muy dolorosa para el país, se ha extendido pues una atmósfera de muerte, a raíz de la calamidad ecológica. La expansión de esta atmósfera cubre no sólo el espacio, sino también el tiempo; o sea el actual tiempo político pre-electoral. Lo que el incendio de la Chiquitanía abrió, por tanto, es la caja de Pandora que el MAS había incubado. 

De esta caja saltaron, así, hechos que el MAS pretendía ocultar, dejando al desnudo el carácter depredador y etnocidio de este partido. Entre los más importante mencionemos el beneplácito oficial por los asentamientos ilegales en la Amazonía boliviana y concretamente en la Chiquitanía, notoriamente desde el año 2015. Estos asentamientos hay que entenderlos en el marco de la habitual práctica corrupta del MAS, como un mecanismo de prebenda política para sujetar, en particular, a las bases sociales que apoyaban al denominado CONAMAQ orgánico, es decir, crítico al gobierno. Planteamos que en lo principal estos asentamientos sirvieron como un instrumento de control político a este sector. 

En segundo término y a consecuencia de lo que acabamos de plantear, se reveló que el carácter depredador quedó reforzado por la autorización oficial para permitir la tala y quema de bosques, dada mediante un simple Decreto Supremo, con el infantil argumento de procurar chaqueos “controlados”. Esta autorización, debido a la magnitud del desastre ecológico que provocó, colinda con una actitud abiertamente criminal, en contra de la naturaleza. Los incendios provocados por los supuestos chaqueos “controlados”, no pueden desligarse de los asentamientos ilegales ni del loteamiento subsiguiente que impulsara el gobierno de Morales y el MAS. 

Por último dejó en claro la instrumentalización de los órganos oficiales de la reforma agraria, a cuya cabeza se encuentra, por mandato constitucional, el Presidente, para impulsar el proyecto depredador. Que ello desdiga los objetivos y las funciones de la institución de la reforma agraria (lo que en buenas cuentas significa el incumplimiento de funciones de estas instituciones) es algo que tiene sin cuidado al MAS. En realidad, también en este caso hay una prolongación de hechos, que responde a una decisión gubernamental. El control férreo del área del aparato estatal relacionada a la distribución y administración de tierras fiscales, es la manera en la que se expresan en el Estado, de manera superestructural, los movimientos experimentados en la base de la sociedad boliviana. Nos referimos a la presión de las élites campesinas, en su pugna contra los grupos dominantes tradicionales, para acceder a formar parte del círculo privilegiado de dominio. La apropiación y el control de las tierras fiscales expone, en primer término, a las tierras selváticas protegidas del país, a la voracidad de los grupos campesinos emergentes y las convierten en verdaderos botines de conquista. Por supuesto que sectores de los grupos agroindustriales tradicionales del oriente boliviano (que pactaron desde el 2006 con el MAS) no son ajenos a ello. 

Con todo, la atmósfera de muerte que expanden por todo el país los incendios provocados por el MAS, ha creado un impacto en todos los órdenes: la ecología, la economía, la política y la sociedad. Es innegable que en esta última ha despertado súbitamente la conciencia ecológica y la convicción de proteger nuestro patrimonio selvático, así como el medio ambiente. Paralelamente ha puesto al descubierto a los responsables de este desastre. Ante esta situación, ¿cómo responde el gobierno? Al margen de los balbuceos, las iniciales marchas y contramarchas en la toma de decisiones y para tratar de restaurar en algo el enorme desprestigio internacional que levantó su vocación depredadora, el gobierno no ha encontrado nada mejor que tratar de esconder su responsabilidad ante el hecho. Para ello acudió con la velocidad de un rayo, a la firma del “Pacto de Leticia”. Este pacto, suscrito por los gobiernos de Colombia, Perú, Argentina y Bolivia el pasado viernes 6, expresa la supuesta voluntad de tales gobiernos, para proteger la Amazonía. 

Supuesta voluntad porque, en primer término, este tipo de pactos no generan Ley, es decir, no constituyen, para los Estados firmantes, obligación legal de su cumplimiento. Se trata, siguiendo la vieja costumbre latinoamericana del amor por las apariencias, más de una exhibición, un show, para presentar ante la comunidad internacional una fingida preocupación por la destrucción de la Amazonía. En el caso boliviano, según vimos, destaca aún más esta impostura a la luz de la conducta que, en lo interno y referido a la materia, sigue el gobierno. Nosotros, los bolivianos, conocemos muy bien la doble moral con la que el gobierno de MAS actúa. Desde ya, pero, es poco probable que ante este show la comunidad internacional tome en serio la firma del Pacto de Leticia. 

Por último, es innegable que en lo interno, el efecto que provocará la atmósfera de destrucción de la Chuquitanía, se refleje en la merma de la votación que el MAS aspira a obtener en las próximas elecciones. Se entiende que ante un desastre nacional, todo gobierno serio (que efectivamente no es el caso del MAS) debe, en primer término, asumir la responsabilidad para con toda la sociedad. No se espera, como lo hace el gobierno boliviano, que frente a un desastre nacional de la magnitud que observamos, tome partido por grupos particulares y descalifique a sectores mayoritarios de la ciudadanía que muestran su indignación por los incendios provocados. Así las cosas y siguiendo el lema de que no hay mal que por bien no venga, al menos se ha incrementado el rechazo nacional a la ya insostenible pretensión del MAS, de continuar usurpando el poder. Es verdad, tristemente, que el costo que la naturaleza paga por ello es muy alto. 

Omar Qamasa Guzman Boutier es escritor y sociólogo

Opinión

Noticias