Al menos suena raro —si no mal— esta historia de las cajas fuertes halladas en la casa de Marcet. El ministro asegura que la caja estaba completa y la Fiscalía se lava las manos: no recibe los objetos porque la prueba dejó de serlo en el momento en que fue trasladada a un banco en otra ciudad “para su protección”. Parece tener razón. Obviamente, el ministro espera que la Fiscalía dé por válida la palabra de la Policía. Pero esa no es su misión. Una Fiscalía no cree en la palabra de nadie, coteja pruebas, ve evidencia y la comprueba. Se trata de ver para creer y no de escuchar y asentir. Para eso hay procesos que en este caso parecen haberse saltado olímpicamente.
Escuchaba a algunos amigos decir: “Qué más da, si de todas maneras nunca vamos a saber qué había en esas cajas fuertes”. Esa reacción es la que más debiera preocupar en este capítulo de la lucha contra el crimen organizado.
Haber perdido la confianza y sospechar de todos es, justamente, lo que han conseguido la seguidilla de actos de corrupción y las noticias sobre la infiltración de mafias en la justicia, la Policía y otros frentes del Estado. La sensación de que tenemos la casa tomada, de que hay un río oscuro corriendo por debajo nuestro, es funcional a las lógicas de las mafias. Si el desinterés se apodera de todos, si aparece el “me da igual”, entonces la vigilancia social desaparece y la última barrera empieza a romperse. Esta última barrera que anida en la capacidad de la sociedad civil de organizarse para espacios de vigilancia y luchar contra la imopunidad.
Nutrir el tejido social, exigir transparencia, exigir procesos y mantenernos alertas es parte de la función ciudadana para construir seguridad y confianza. Sin él, el miedo actúa como un gran disciplinador que alimenta la impunidad.
La opacidad en las acciones del Gobierno no ayuda a remar fuera de las aguas oscuras del crimen y la corrupción. Puede que el sigilo haya sido el camino elegido para profundizar investigaciones, pero entonces debe explicarse así. Lo que hoy se percibe es otra cosa. Se siente una falta de transparencia que empieza a generar —todavía de forma incipiente— desilusión sobre el cambio prometido en las formas de hacer las cosas, en los valores.
Ver cómo se levantan los hombros y se dice “así nomás es” no ayuda a reconstruir una cultura de transparencia que, en última instancia, es la base de una cultura de paz. En Latinoamérica —y Bolivia no es la excepción— la criminalidad crece cuando se instala un clima de laxitud frente a la ley y cuando la corrupción se normaliza. Ese es el terreno perfecto para que el crimen se instale, crezca y se reproduzca en todos los niveles.
Nuestras estructuras son permeables. Persiste la idea de que el poder es sinónimo de enriquecimiento y de que las leyes pueden doblarse según la urgencia del día.
El imperio de la ley es un concepto que hace años se perdió, y sobre el que muy pocos están pensando seriamente en cómo reconstruir. Y ojo, no se habla del imperio de la Ley desde la fuerza —como el ejemplo de El Salvador— sino desde la sociedad. Desde los comportamientos más pequeños como enseñar a nuestros hijos que la autoridad se respeta, que la Policía es una autoridad, que los trámites se hacen y no se saltan, que las reglas se cumplen y no están hechas para buscarles la trampa.
Desde esas pequeñas cosas hasta las grandes como que las autoridades sean pulcras en el cumplimiento de normas y procedimientos, que eviten a toda costa dejar vacíos de información en temas de alta delicadeza, como las maletas del charter privado o las cajas fuertes de Marcet.
Empezar a cambiar implica construir hábitos de transparencia desde la autoridad y hábitos de exigencia desde la sociedad. Dejar de encogerse de hombros, levantar la mirada y pedir explicaciones. Hacer presión desde las bases.
Porque si el desencanto nos gana y la desconfianza vuelve a normalizarse, lo más probable es que mañana no solo vivamos con miedo, sino que terminemos obedeciéndolo.
La autora es periodista
