Hasta marzo de 2025 se registró una inflación general de 5% en 3 meses, una inflación de alimentos del 6,92% la, la población boliviana ha sido testigo de un constante aumento en los precios de los productos básicos. Ante esta situación, la ciudadanía ha salido a las calles exigiendo a las alcaldías que intervengan para frenar la especulación. Las protestas se han intensificado en forma de marchas y cacerolazos, reflejando el malestar generalizado. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la inflación de alimentos en 2024 fue del 15,40%. Sin embargo, al analizar el comportamiento de los productos más esenciales —como la carne, el arroz, fideo, huevos y el aceite— se estima que la inflación percibida por los hogares osciló entre el 25% y el 30%.
A esta crisis se suma la escasez de hidrocarburos, que ha provocado largas filas en todo el país. Las recientes declaraciones del presidente de YPFB, en las que afirmó que no había recursos para cubrir la subvención a los combustibles, generaron una ola de incertidumbre que desembocó en una mayor presión inflacionaria y especulación en el mercado paralelo de divisas.
Ante este panorama, cabe preguntarse si el Movimiento Al Socialismo (MAS) alguna vez tuvo un plan económico serio. Un análisis retrospectivo de su historia, desde su fundación en 1991 hasta su llegada al poder en 2005, muestra que en sus documentos fundacionales apenas se abordaban cuestiones económicas de manera estructurada. No fue sino hasta su ascenso al gobierno en 2006 que el MAS comenzó a delinear un enfoque económico, promoviendo el llamado “Modelo Económico Social Comunitario Productivo” (MESCP), que en la práctica ha funcionado más como una narrativa política que como una estrategia coherente y sostenible de desarrollo.
Según la socióloga Maristella Svampa, varios países de América Latina abandonaron el modelo promovido por el Consenso de Washington de 1995 —basado en la liberalización económica, el ajuste fiscal y la apertura de mercados— para transitar hacia lo que ella denomina el “Consenso de los Commodities”. Este nuevo paradigma implicó una gestión económica fuertemente dependiente del auge de los precios internacionales de las materias primas, impulsado por la demanda creciente de países industrializados y potencias emergentes como China.
Este modelo trajo beneficios evidentes: crecimiento económico, aumento del gasto público y acumulación de reservas internacionales, apalancado en las ventajas comparativas derivadas de los recursos naturales. No obstante, también generó nuevas asimetrías y profundizó desigualdades sociales, al consolidar un esquema extractivista que debilitó la diversificación productiva. En países como Bolivia y Venezuela, la alta dependencia de los commodities y la fragilidad del tejido empresarial agravaron estos problemas, limitando la capacidad de respuesta ante la caída de precios internacionales o crisis externas.
En Bolivia, entre 2006 y 2014, el panorama económico parecía prometedor. La ciudadanía percibía un auge sin precedentes: crecimiento del sector de la construcción, alza en el valor de los inmuebles, y un fuerte incremento del gasto público. Este ciclo expansivo fue impulsado principalmente por los ingresos extraordinarios provenientes de la renta gasífera. Sin embargo, a partir de 2015, estos ingresos comenzaron a disminuir significativamente debido a la caída de los precios internacionales y a una menor capacidad exportadora. Lejos de tomar medidas de ajuste o de invertir en exploración para recuperar el potencial energético, el gobierno optó por cubrir el déficit utilizando reservas internacionales y deuda pública.
Un análisis crítico de la situación actual obliga a preguntarse: ¿por qué no se fortaleció a YPFB con recursos para prospección y producción?, ¿por qué no se realizaron ajustes ante la merma de ingresos fiscales?, ¿por qué se mantuvo un tipo de cambio fijo artificial y se continuó con la subvención a los hidrocarburos?, ¿por qué se otorgó el doble aguinaldo durante varios años pese a la caída de ingresos? Las decisiones del gobierno en ese periodo fueron irresponsables, y también lo fue el respaldo acrítico que recibieron por parte de organismos multilaterales que, en su momento, elogiaron al entonces ministro de Economía, Luis Arce Catacora, destacando la supuesta solidez del modelo boliviano sin advertir sus debilidades estructurales.
Durante su gestión como presidente, Arce ha evitado tomar decisiones económicas de fondo frente a una crisis que exige medidas estructurales. En marzo de 2023, se presentó la oportunidad de aplicar minidevaluaciones graduales para contener la especulación en el mercado de divisas, pero se prefirió la inacción. Esta falta de respuesta permitió que el mercado informal incrementar el tipo de cambio sin control, generando una mayor inestabilidad y debilitando la confianza.
Un año después, en marzo de 2024, el gobierno convocó a empresarios para buscar consensos, en medio de una escalada especulativa del tipo de cambio. Era el momento adecuado para sincerar variables económicas clave: ajustar el tipo de cambio oficial a Bs. 9 por dólar y aumentar el precio del diésel a Bs. 5.50. Si bien estas medidas podrían haber generado una inflación alimentaria estimada en torno al 15%, también habrían corregido distorsiones estructurales acumuladas. No hacerlo, por temor al costo político, solo postergó lo inevitable: en agosto de 2024, los precios de los alimentos se dispararon igualmente, pero sin que el Estado obtuviera ningún alivio fiscal ni estabilización económica a cambio.
La última crisis de incertidumbre surgió el 11 de marzo de 2025, cuando el presidente de YPFB reconoció públicamente la falta de fondos para sostener la subvención a los combustibles. A partir de ese momento, la incertidumbre se disparó y la especulación del tipo de cambio se profundizó. Antes de esas declaraciones, el dólar paralelo cotizo de Bs. 11.30 por varios meses; actualmente, supera los Bs. 13.20. No es que no existan dólares en el sistema, sino que la percepción de riesgo inducida por comentarios sin acción y la falta de transparencia gubernamental ha incentivado la especulación.
A escasos cuatro meses de las elecciones generales, es urgente exigir al gobierno que no cometa más errores costosos. A la vez, es necesario pedir a la ciudadanía mayor responsabilidad: se debe presionar a los candidatos a presentar propuestas económicas viables, realistas y detalladas. Bolivia ya no puede darse el lujo de votar por razones identitarias, étnico-culturales o simbólicas. Es momento de elegir en base a planes de gobierno sólidos. La experiencia del MAS ha demostrado los límites del intervencionismo estatal cuando este se gestiona de forma clientelar, centralista y dependiente de un solo recurso natural.
El autor es investigador y analista socioeconómico
