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Opinión

25 de abril de 2022 16:13

¿Inflación? definitivamente una realidad…

ESCRITORIO 1

En los últimos dos años, los países de América Latina y El Caribe han sido afectados por la pandemia del COVID19 y sus repercusiones, lo que no es secreto para nadie. Los sistemas de salud han mostrado su debilitamiento al no poder responder a la emergencia sanitaria por falta de infraestructura física, capacitación del personal médico, acceso a insumos y medicamentos y acceso a las vacunas, entre otros; pero no sólo el sector de la salud se encontraba débil, sino también el sector de la educación por los cortes en la asistencia a clases, el retroceso en los niveles de educación, el desconocimiento de la educación virtual en el corto plazo, la falta de capacitación de los maestros y el poco acceso a herramientas tecnológicas, entre otras.

Por su parte, el sector productivo, que incluye la agricultura, ganadería y manufactura, ha sufrido las repercusiones de la pandemia debido a la falta de acceso a mercados y las medidas de encapsulamiento, aplicadas en varios países, lo que al mismo tiempo ha disminuido su capacidad de generación productiva y por tanto de ingresos. Muchos pequeños emprendimientos han cerrado y otros se han reinventado a las necesidades vigentes. Ha sido común ver en las calles de nuestros países, empresas familiares vendiendo mascarillas artesanales, medicinas naturales, envases para desinfectantes, ropa de bioseguridad y otros. Según estudios realizados por la Corporación Andina de Fomento (CAF), las pequeñas y medianas empresas representan más del 99,5% de las empresas en la región de América Latina y el Caribe, las cuales generan el 60% del empleo productivo formal, por tanto, son motores críticos para el crecimiento y la inclusión social a nivel regional, así como una prioridad clave para los responsables de políticas públicas. 

Sin embargo, las PYME latinoamericanas se enfrentan a la competencia de un gran sector informal y a una brecha de productividad significativa respecto a las empresas grandes. Según datos de la ONU, durante el primer año de la pandemia podrían haber cerrado alrededor del 19% de las empresas, generando del mismo modo, un incremento de 8% en el desempleo de la región[1]. No obstante, la micro, pequeña y mediana empresa sigue siendo uno de los pilares fundamentales en el proceso de reestructuración post pandemia.

Los procesos de restructuración económica han comenzado a implementarse desde la gestión 2021 en la mayoría de los países, luego de más de un año de pausa en la actividad económica. Algunas políticas implementadas por los gobiernos conjugan la generación de nuevos empleos, el acceso a créditos con tasas de interés bajas, diferimiento en los pagos de deudas, dotación de equipos y maquinarias, entre algunas de las más importantes.

No obstante, es inminente que las variables macroeconómicas, como el desempleo y la inflación, se vean afectadas por estos cambios, afectando a todos los sectores de la economía. Cuando el crecimiento se desacelera, la inflación aumenta y está en curso un fuerte ciclo de endurecimiento de la política monetaria. La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) calculó una tasa de 7,2% de inflación en la Región, a diciembre 2021, sin contar los países con economías más inestables como son Venezuela, Argentina, Haití y Surinam, quienes fueron catalogadas como economías con inflación crónica[2].

En Venezuela, debido a la crisis política que atraviesa desde hace más de 15 años, la pandemia ha incrementado más aún la tasa de inflación llegando a 2.355,15%, muy por encima de Argentina, Surinam y Haití, quienes representan las mayores tasas en América Latina, superiores al 20%. Las menores tasas se encuentran en Bolivia, Costa Rica, Guyana, Trinidad y Tobago, Belice y Bahamas, según datos de 2021.

A esta situación se añade la actual guerra entre Ucrania y Rusia, que ha llegado hasta nuestra región, a través de las relaciones comerciales bilaterales, directas e indirectas. Uno de los productos que ambos países proveen al mundo entero es la harina de trigo, insumo básico para la producción de pan, bien que constituye la canasta básica de todos los países. Pero también está el efecto que el conflicto puede generar en los precios de los commodities a nivel mundial, como es el caso del petróleo, el combustible y la electricidad.

Dado que Ucrania y Rusia representan más de una cuarta parte de las ventas anuales de trigo en el mundo, la guerra ha causado un aumento significativo del precio de los alimentos: no solo del trigo, sino también de la cebada, el maíz y el aceite comestible, entre otros productos exportados. Los precios de los alimentos a nivel local y mundial ya estaban cerca de máximos históricos antes de la guerra, y un gran signo de interrogación se cierne sobre las cosechas de las próximas temporadas en todo el mundo debido al fuerte aumento de los precios de los fertilizantes (CEPAL). Lo que para algunos podría tratarse de una especulación, no está lejos de ser una realidad en los próximos meses, de no asumirse las políticas públicas adecuadas.

En las últimas semanas varios gobiernos de la región se han pronunciado al respecto de algunas medidas que pueden poner en marcha para evitar una crisis inflacionaria insostenida que se avecina:

  • Políticas de precios y fideicomisos, negociaciones con panificadores para mantener o bajar el precio, ampliación de la Tarjeta Alimentar (Argentina).
  • Ollas comunes y beneficiarios de los programas sociales, incluido en el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo (FEPC) a la gasolina, así como al diésel, que son los más usados por los sectores de menores ingresos y el transporte de carga y de pasajeros (Perú).
  • 21 medidas para generar empleo y parar la inflación, apoyo para acceso al crédito de las PYMES, congelamiento de la tarifa de transporte e incremento del salario mínimo nacional (Chile). • Expansión de la frontera agrícola para el cultivo de maíz y la importación de maíz para cubrir el mercado interno (Bolivia).
  • Reducción en aranceles de importación, nuevos instrumentos de liquidez de créditos e implementación del Programa Ingreso Solidario (Colombia).
  • Exoneración del pago del impuesto al valor agregado para los insumos agrícolas, subsidio semestral para la compra de fertilizantes e insumos agrícolas, el sector productivo y comercial dejará de pagar el 10 por ciento de su consumo eléctrico, aprobación de un decreto para exonerar del pago del impuesto a la renta a los importadores de agroquímicos (Ecuador). 

No obstante, las políticas públicas están principalmente orientadas a abastecer el mercado de consumo y el insumo para la producción de los bienes básicos, dejando de lado el abastecimiento de los otros sectores que forman parte de la cadena productiva del maíz, del trigo, etc., como es el sector apícola y ganadero, los cuales requieren el insumo para el alimento de las aves o el ganadero. De no tomarse en cuenta estos sectores colaterales, también podrán generarse incrementos en los precios de la carne.

Es inevitable que todos los sectores se vean afectados de alguna manera y que, a pesar de las medidas que se adopten, en los próximos meses, se enfrentará incrementos en las tasas de inflación y preocupación por el desabastecimiento del mercado. La inflación es definitivamente una realidad en la Región de América Latina y El Caribe para el 2022.

La Comisión Económica para América Latina y El Caribe afirma que las existencias mundiales de arroz, trigo y maíz siguen siendo históricamente altas. En el caso del trigo, el producto básico más afectado por la guerra, las existencias se mantienen muy por encima de los niveles durante la crisis de los precios de los alimentos de 2007-2008. Las estimaciones indican también que alrededor de tres cuartas partes de las exportaciones rusas y ucranianas de trigo ya se habían entregado antes del inicio de la guerra.

En América Latina y el Caribe se observa una expansión acelerada de la superficie cosechada durante los últimos 50 años, destacando el aumento de la superficie cosechada destinada a la soya, que durante los últimos diez años se ha visto incrementada en más de 14 millones de hectáreas. (CEPAL) No obstante, la 4 pregunta radica en que, si las existencias actuales son suficientes para el abastecimiento de la cadena productiva de estos productos y por al menos 6 a 8 meses, tiempo mínimo para la implementación de las medidas de gobierno citadas. 

El trigo constituye el cuarto producto más importante producido en la Región lo que podría garantizar el abastecimiento por algún tiempo. No obstante, en 2019, las exportaciones intrarregionales de El Caribe representaron el 12% del total de sus exportaciones, de las cuales el 60% se dirigió a los propios países del Caribe, 26% a América del Sur, y 13% a Centroamérica, lo que revela una fuerte dependencia del mercado externo de nuestros países.

Rusia y Ucrania son grandes exportadores de materias primas básicas, desde trigo y cereales hasta petróleo, gas natural y carbón, oro y otros metales preciosos. En materia de producción, los dos países representan alrededor del 14% de la producción mundial de trigo y casi el 60% de la producción de aceite de girasol. Ambos sumados representan casi el 5% de la producción mundial de maíz, como se puede apreciar en los siguientes cuadros: 


Asimismo, los diez principales destinos de exportación de maíz de ambos países, donde se puede ver que Irán representa más del 30%, en promedio, de las exportaciones de Rusia, y el principal destino para Ucrania es China, con una participación menor al 20%. El resto de los países del mundo, donde podrían encontrarse los países de América Latina e El Caribe representan un menor porcentaje, lo que no deja de ser igualmente preocupante y necesaria la aplicación de medidas gubernamentales de prevención.

El Banco Mundial plantea algunas medidas a seguir como países:
  • Mantener el comercio de alimentos y mantener los mercados abiertos
  • Apoyar a los consumidores y los hogares vulnerables a través de redes de protección social, para el acceso a los alimentos, especialmente en los países de ingresos bajos y medios
  • Apoyar a los agricultores, protegiendo las cosechas de la próxima temporada y lograr seguridad alimentaria
  • Trabajar en la transformación de los sistemas alimentarios, para que sean más resilientes al cambio y lograr seguridad alimentaria.
  • Apoyo de las agencias de cooperación es vital en este proceso, principalmente para iniciativas agrícolas y de protección social, según sus propios datos. 

Por otro lado, una mejor focalización en el gasto público, la movilización de financiamiento privado y la inversión en innovación e investigación serán clave para "hacer más con menos", es decir producir alimentos más diversos y nutritivos para una población en crecimiento, con menos agua y fertilizantes, limitando al mismo tiempo el cambio en el uso de la tierra y las emisiones de gases de efecto invernadero. (CEPAL)

A estas medidas se adicionan aquellas vinculadas con la cadena productiva y los sectores vinculados con esta producción. Asimismo, la implementación de programas de apoyo productivo y acceso a los créditos, considerando que aún el sector productivo más pequeño, se encuentra en etapa de recuperación post pandemia y la participación activa de estos sectores, en el diseño de las políticas públicas.

Finalmente, resaltar el importante rol que juegan las organizaciones de la sociedad civil en el fortalecimiento del sector productivo, así como el seguimiento y monitoreo en la implementación de los programas de gobierno, bajo un enfoque democrático participativo. 


[2] .- https://www.cepal.org/es/euromipyme/mipymes-covid-19

Marcela Rabaza Valverde es directora ejecutiva de Pastoral Social Caritas Bolivia. Es economista de la Universidad Católica Boliviana San Pablo y cuenta con estudios de posgrado en Políticas Públicas y Gestión, Preparación, Evaluación social y Gestión de proyectos