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Opinión

20 de octubre de 2018 09:12

Reflexiones a 36 años de la recuperación de la Democracia en Bolivia

ESCRITORIO 1

El pasado 10 de octubre de 2018 se celebraba 36 años de la vida democrática de nuestro sistema político, ¿cuál es el fondo de esta celebración? En un contexto previo a 1982, durante los regímenes militares, teníamos un país que se encontraba hecho pedazos, habían vulnerado la libertad de expresión por exilios, torturas y asesinatos clandestinos. Además de los robos a las arcas del Estado y una cuantiosa deuda externa. 

Posteriormente gracias al surgimiento de partidos que nacieron a la vida democrática junto al Pacto de unidad, que fue la alianza de partidos que catapultó el liderazgo de Hernán Siles, como presidente. El 10 de octubre de 1982, fue un momento inédito para que el país le muestre a la región y al mundo que sí cree en la justicia y en la democracia. Todos los bolivianos que hubieran podido considerarse de las izquierdas más comunistas o de los extremos más liberales, más allá de sus rivalidades ideológicas lograron sobreponerse y salir adelante gracias a la unidad, dejando una gran enseñanza: que las diferencias ideológicas que nos quieren hacer ver son innecesarias a la hora de gobernar. Lo indispensable para liderar un país es: la honestidad, el respeto y la compresión. No existe otro faro más que ese, porque para pensar en un proyecto común como el de 1982, no necesitábamos más que la unidad del pueblo.

La mayor premisa del gobierno del ´82 fue devolver el carácter democrático y humanitario al país. La recuperación de los valores y principios humanistas, como la democracia y el respeto a los derechos universales, fueron los pilares de este proceso de transformación. 

Se inició una agenda política restauradora de los derechos humanos fundamentales, aquellos que eran flagrantemente violados por los regímenes militares. Se inició con la recuperación de la independencia de los poderes de la República, principalmente el poder judicial, dando como primer paso la presentación de las responsabilidades penales en contra de todos los militares y políticos involucrados en actos de lesa humanidad y violaciones civiles; atendieron a todas las víctimas que presentaron sus denuncias.

Asimismo, se procedió a recuperar los bienes administrados por el Estado a través de la investigación financiera a los anteriores regímenes que se habían apropiado de innumerables bienes públicos. Progresivamente se fueron recuperando las libertades vulneradas respecto a la asociación política; la autonomía universitaria, la prensa independiente y las elecciones periódicas.

Se iniciaron juicios políticos por haber atentado contra la seguridad nacional de la patria y entre ellos resaltaron figuras como Juan del Granado que se ganó el apodo de \"Juan sin miedo\", por enjuiciar a Luis García Meza, el exdictador militar.

Una de las medidas que más llamó la atención de la prensa nacional e internacional fue el enjuiciamiento de Klaus Barbie en un Tribunal Francés (1983) luego de su deportación desde Bolivia y condenado a cadena perpetua. Barbie, un ex-oficial de las Gestapo, conocido como el carnicero de Lyon. Esa clase de criminales habitaban libremente y sin responsabilidad alguna en Bolivia y a la vez trabajaba bajo sueldo de las dictaduras militares, en la específica tarea de perseguir y torturar a jóvenes líderes universitarios.

Se retomaron las bases procedimentales para elaborar leyes con la efectiva participación ciudadana, ello permitió establecer la democracia del sufragio. Sus aspectos elementales fueron: convocar a elecciones libres, informadas y transparentes; convocar a los procesos electorales y determinar un sistema electoral proporcional y por circunscripciones. En sí, todas estas reformas permitieron recuperar los principios más esenciales para vivir en democracia: la Libertad y la Dignidad. 

Otra de las medidas de sufragio que adoptamos más adelante fue la consulta ciudadana del referéndum, como la máxima instancia de la soberanía popular; ella está por encima de las autoridades en ejercicio y respaldada por los principios de un Estado Social de Derecho; por la Declaración Internacional de los Derechos Humanos y por la Carta Democrática de los Estados Americanos.  Nuestro primer referéndum lo llevamos a cabo el 18 de julio de 2004, durante el gobierno del presidente Carlos D. Mesa Gisbert, como el proceso inicial para nacionalizar los hidrocarburos. 

Poco tiempo después se escoge al primer dirigente indígena de Bolivia en las elecciones presidenciales del año 2005, Evo Morales. Y en el año 2016 el referéndum del 21 de febrero, le negó al mismo una futura repostulación como candidato presidencial para las elecciones del año 2019. Sucesos que no hubiesen sido posibles sin la vigencia de nuestro sistema democrático recuperado en 1982, que por encima de todo pondera al voto ciudadano como la única garantía de su validez.

Hoy en día cualquier partido político tiene todas las posibilidades para generar una nueva representatividad en la Asamblea Legislativa Plurinacional en estas elecciones 2019, sin la necesidad de cometer un delito al ignorar los resultados de un referéndum democrático. Los sistemas, parlamentario y presidencial siempre pueden configurarse en nuevos escenarios políticos de ser necesario. Sin embargo, la legitimidad y acreditación de estos, depende de la creencia generalizada de que el sistema político funciona en base a normas y acuerdos, en igualdad de condiciones desde la misma ciudadanía. 

En la actualidad, las crisis políticas se empiezan a manifestar agudamente en la región por la falta de respeto al cumplimiento de los mismos acuerdos adoptados por la sociedad. Si un Estado no da cumplimiento a sus propias normas, difícilmente podrá asegurar la transparencia de su propio sistema en un mundo que solo puede funcionar en base a preceptos y reglas claras; desde la defensa y respeto de los derechos humanos y ambientales, hasta el comportamiento de la economía. No obstante, con este tipo de arbitrariedades legales, peligramos de perder la credibilidad en nuestras instituciones y por defecto el sentido de confianza y pertenencia de la misma comunidad, al saber que no se respetan las decisiones de la ciudadanía.

Apartarse del apego y el respeto a las normas establecidas por la ciudadanía puede devenir en actos atroces, como los que habíamos vivido en él periodo de las dictaduras militares, donde se imponía la voluntad planificadora unilateral de los consejos militares.  Hoy en día esas consecuencias ya son tangibles en países que están pasando por una constante inestabilidad política en sus instituciones públicas, como el caso del régimen madurista en Venezuela. Que impulsa a que exista una gran ola migratoria de su población, a causa del desempleo y la violación a los derechos humanos. Y en otro de los extremos, pueden presentarse escenarios donde candidatos presidenciales como Jair Bolssonaro en Brasil, se legitimen bajo premisas de intolerancia, autoritarismo y la negación a las desigualdades.

No esperemos que nuestro país vaya a aprender nuevamente lo que es democracia gracias a un eventual autoritarismo.  Una crisis institucional parecida a los ejemplos citados, se supera en décadas. Lo más sensato y acertado en estos momentos es que el presidente Morales tenga un comportamiento coherente, ético y acorde con el respeto a los derechos ciudadanos, aquellos que le posibilitaron ser presidente hoy en día. Todavía está a tiempo de actuar con integridad y poder demostrar la firme voluntad de que estas elecciones sean limpias y de común acuerdo. De lo contrario, pondrá en riesgo la vigencia de un sistema de más de tres décadas y media, que más adelante nos puede costar al país entero, daños institucionales irreversibles. 

Si Morales se repostulara vulnerando el acuerdo de la ciudadanía, todo el sistema democrático colapsaría y las elecciones serian cuestionadas por el resto de las organizaciones políticas.  Es decir, habríamos renunciado al más elemental mecanismo de nuestra democracia: -el valor del sufragio- a cambio de las arbitrariedades legales por cuestiones puramente personales e ideológicas.

Una situación que sólo podría ser revertida por la misma vocación inclaudicable que en la recuperación de la democracia. Las consecuencias del irrestricto abuso de poder pueden costarnos la libertad, el deber de cumplir con los acuerdos y la condición humanitaria de nuestra comunidad. Por eso, la decisión de que alguien con la trayectoria política como líder e intelectual por la democracia, como el ex-presidente Carlos D. Mesa Gisbert, sea el nuevo candidato presidencial para el año 2019 nos devuelve no solo la esperanza en nuestro sistema político, sino que llega a representar la suma total de una lucha por las libertades y por nuestros derechos ciudadanos. El noble gesto de un ciudadano mas, que se resiste a no dejarnos gobernar por el cinismo y la angurria de poder.

No hay que idealizar a un solo candidato sino empezar a trabajar juntos, sin descuidar que hoy en día tenemos importantes temas que han sido postergados por el gobierno actual como: el deterioro del sistema judicial, la falta de empleo juvenil, los efectos adversos del cambio climático, la explotación de áreas protegidas y tierras indígenas, la desigualdad de género, la situación precaria de la salud, la educación y la seguridad social. Por ello es indispensable continuar trabajando en democracia porque aún nos queda mucho que hacer por las profundas diferencias con las que habitamos. 

Arturo Castrillo es politólogo