Opinión

Presupuesto general del estado 2022 prioriza empresas públicas y redistribución del ingreso

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Desde el año 2006 hasta la actual gestión gubernamental se mantiene una política económica de expansión del gasto fiscal utilizando los ingresos fiscales ordinarios, extraordinarios, desahorro público y deuda pública, colocando al país en situación de riesgo de solvencia y sostenibilidad de las finanzas públicas.

Un presupuesto al utilizar crédito externo para, financiar gasto público afecta a la generación presente y futuro de una sociedad por comprometer ingresos públicos futuros.

Es importante que el Presupuesto General del Estado (PGE) sea tratado en audiencias públicas, porque los ciudadanos financian con el pago de impuestos el gasto público.

El Estado tiene la responsabilidad de ejecutar con eficacia, eficiencia, economía y efectividad todas las actividades destinadas a la oferta de bienes y servicios públicos al utilizar la recaudación de los impuestos.

En el presente análisis del PGE 2022 se utiliza la presentación realizada a los medios de comunicación por la autoridad del órgano fiscal del país.

En el proyecto del PGE 2022, el presupuesto agregado de Bs. 304.045 millones que significa un aumento del 2,9 por ciento respecto al 2021, mientras que el presupuesto consolidado alcanza a Bs. 235.090 millones cifra mayor en 2,9 por ciento respecto al 2021.  Ambos presupuestos aumentan cerca al tres por ciento, sin embargo, continúa elevado el déficit fiscal de 8,0 por ciento, respecto al promedio durante el período 2006-2021 y además para financiar la brecha fiscal se utilizará recursos provenientes de crédito interno y externo, que no es posible de hacerlo con los ingresos corrientes esperados que se generen durante el próximo año. 

El proyecto del PGE 2022 consideró un precio base del petróleo de US$ 50,47/barril, nivel superior en US$ 8,47 respecto al utilizado en el PGE 2011 que fue US$ 42,00/barril que significa un incremento de 20,2 por ciento. 

Respecto a los precios esperados 2022 de venta del gas natural a la República Argentina y al Brasil, así como también con los volúmenes de producción de gas destinado a la exportación, y también del resto de productos de exportación no se conoce públicamente.

Las variables macroeconómicas estimadas para el 2022 y utilizadas en el PGE fueron: PIB: 5,1 por ciento de crecimiento; tasa de inflación; 3,4 por ciento; Déficit Fiscal del Sector Público No Financiero (SPNF): 8,0 por ciento respecto al PIB (ver gráfico 1) y presupuesto consolidado del gasto del Sector Público (SP) Bs 235.090 millones.  Todas las variables están por encima del promedio registrado durante el período 2006-2019, excepto las variables de inflación que es menor y gasto consolidado que están por encima. (ver cuadro 1)

En el presupuesto consolidado 2022 los ingresos corrientes aumentarían un 13,95 por ciento respecto al 2021 y los gastos corrientes 3,9 por ciento, que resulta en un ahorro público de Bs 3.044,6 millones después de cubrir gastos de sueldos y salarios, bienes y servicios, pago de intereses de la deuda pública y resto de gastos. El monto del ahorro y los ingresos de capital no es suficiente para financiar los gastos de capital de Bs 39.040 millones, que resulta en un déficit fiscal de Bs 34.480,9 millones a ser financiados con crédito externo y crédito interno. (ver cuadro 2)

El monto programado de inversión pública 2022 registra las siguientes cifras: Inversión Pública (entidades del PGE) $US 5.015 millones que representa un aumento de $US 1.004 millones (25 %) con relación al 2021 que fue $US 4.011 millones. Las fuentes de financiamiento de crédito externo alcanzan alrededor de $US 2.156,5 millones que representan un 43 por ciento, y $US 2.858,5 millones de crédito interno que es un 57 por ciento de participación, continuando en utilizar recursos internos.

Las cifras de inversión pública distribuidas sectorialmente de la siguiente forma:  productivo crece un 52,2 por ciento; social decrece 13,6 por ciento; infraestructura 3,2 y multisectorial 225,3.  Los proyectos de inversión productivo crecen a costa de la disminución de los proyectos de inversión social y se triplica el monto de los proyectos multisectoriales respecto al 2020. (ver cuadro 3)

El PGE 2022 mantiene la misma característica de los anteriores presupuestos en la expansión del gasto público con déficit fiscal financiado con desahorro público, crédito externo y crédito interno.

Los gastos corrientes son cubiertos con los ingresos corrientes y los ingresos de capital no son suficientes para financiar la inversión pública, y a pesar de no contar con un espacio fiscal que se disponía anteriormente (2006-2013), permanecen los gastos recurrentes e inflexibles a la baja, programas sociales y transferencias condicionadas y no condicionadas, así como los subvenciones a los hidrocarburos, alimentos y servicios básicos.

El problema central no es el gasto público sino es el financiamiento del gasto público que se recomienda sea con ingresos genuinos, es decir los impuestos y si no cubren recurrir a los inversionistas privados otorgando un clima favorable, otra medida es reducir gastos corrientes como son: pasajes, viáticos, publicidad, remodelaciones, muebles, compra de equipamiento, etc., y en gastos de capital asignar a proyectos de inversión pública eficiente con tasas de retorno asegurados. 

Es importante que antes del cierre contable y ejecución presupuestaria 2021 de todo el sector público el Tesoro General de la Nación atienda los comprobantes de egreso C-31 para atenuar el crecimiento geométrico de la deuda flotante, para contribuir a que las empresas que prestan servicio al Estado cuenten con liquidez para el pago de salarios, aguinaldos y préstamos bancarios, contribuyendo de esta forma a la generación  de expectativas favorables sobre la economía boliviana por parte de los agentes económicos, que es fundamental devolverles la confianza, para que continúen con su emprendimiento manteniendo los actuales puestos de trabajo y creando nuevos para disminuir el excedente de la oferta.

Germán Molina Diaz, Economista, miembro de número de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas, docente de la UCB e Investigador asociado del Instituto de Investigaciones Socio Económicos (IISEC) de la UCB. 

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