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Opinión

13 de septiembre de 2021 09:27

Por el territorio y la dignidad, otra vez

ESCRITORIO 1

En 1984 Ana Teco, una niña de 12 años que vivía en un paraje apartado en el Bosque Chimanes tuvo una visión en la que un ángel se le apareció y le dijo que mandara a avisar a toda la gente que se trasladen a donde ella vivía para estar más cerca del lugar que buscan, la Loma Santa. Más de 300 familias se movilizaron dejando atrás sus pertenencias y sus comunidades, debían entrar en la Loma Santa sin posesiones materiales, sin zapatos y sin otro vestido que las camijetas hechas de algodón. Era una de las últimas grandes movilizaciones en busca de aquel espacio y aquel tiempo de abundancia, tranquilidad y libertad; búsqueda que se había iniciado al menos un siglo antes, cuando Andrés Guayocho convocó, en 1887 desde San Lorenzo, a los indios mojeños para llevarlos a una tierra donde puedan vivir en libertad, lejos de los blancos karayanas.

En agosto de 1990, corregidores de distintas comunidades, desde San Lorenzo de Mojos, decidieron iniciar la primera marcha indígena, rumbo a La Paz, cansados del despojo e invasión permanente de ganaderos y madereros. Ernesto Noé y Marcial Fabricano encabezaron la misma. Después de haber recorrido más de 600 kilómetros en 34 días, los pueblos indígenas de las tierras bajas irrumpieron en la sede de gobierno, demandando “territorio y dignidad”.

Desde la convocatoria de Guayocho hasta la “Marcha por el Territorio y la Dignidad” había transcurrido más de un siglo de continuo avasallamiento y explotación de los recursos de territorios indígenas. Ante la presencia e invasión de “foráneos” en el territorio, los indígenas optaron por adentrarse en el bosque en las periódicas convocatorias de búsqueda de la Loma Santa. Sin embargo, para 1990 el territorio extenso e ilimitado, había sido ya ocupado y cercado por las estancias ganaderas y empresas madereras. Por tanto, a los indígenas, no les quedaba más que hacer frente al poder, al avasallador y demandar al Estado, su derecho a vivir en paz en sus territorios, a ser reconocidos como pueblos indígenas y al respeto a su idiosincrasia.

Desde la emblemática “Marcha por el territorio y la dignidad” hasta la actualidad, han pasado algo más de tres décadas en las que se han llevado a cabo 10 marchas indígenas, en todas el eje fundamental ha sido la defensa del territorio.

Hace 16 días, encabezada por el “Tata” Marcial Fabricano, partió la undécima marcha desde el Beni, rumbo a Santa Cruz. Marchistas de distintos pueblos: weenhayek, tacana, cavineño, sirionó, movima, mojeño, yucararé, chiquitano, guarayo y guaraní se han unido nuevamente con el mismo afán y propósito: la defensa de los territorios indígenas que se hallan amenazados de muerte. Esta marcha, se la realiza con el fuego de los incendios como telón de fondo.

Si antes quienes avasallaban los territorios indígenas eran madereros, ganaderos, y traficantes de animales, hoy también son los agroindustriales y los colonizadores llamados “interculturales” quienes realizan los desmontes ilegales. Producto de la expansión de la frontera agrícola, “consagrada” en un paquete de leyes incendiarias, avaladas por el gobierno, estos actores, proceden al desmonte, al chaqueo, el fuego avanza, corre con el viento como aliado y devora miles de hectáreas y todo lo que halla a su paso. A esto se suman los nuevos asentamientos de comunidades interculturales, que también necesitan desmontar el bosque para establecerse.

Esta situación, hace un par de años, ocasionó la mayor y trágica catástrofe ambiental de la última década en el país, los incendios que arrasaron seis millones de hectáreas. Este año, no es la excepción. El departamento de Santa Cruz, sus áreas protegidas y las comunidades indígenas son las directamente afectadas por el fuego. Solo imaginemos las condiciones ambientales que les toca afrontar después de los incendios: hábitat contaminado, fuentes de agua envenenadas, flora y fauna arrasadas, la ceniza y el humo que afectan pulmones y ojos, enfermedades que atacan a niños y adultos. En definitiva, se afecta seriamente las condiciones de vida.

En este escenario se debe entender que la decisión de marchar es una situación límite, porque en el fondo los pueblos indígenas están defendiendo su existencia misma y su dignidad, que se hallan amenazadas.

Los pueblos indígenas de las tierras bajas, con su medida pacífica de marchar, nos han dado enseñanzas de valentía, perseverancia y dignidad. Tener que soportar en el camino la distancia, las inclemencias del tiempo, el cansancio, y encima la agresión de interculturales que se benefician de la tragedia ambiental y humana, no solo es loable, sino que requiere de nuestra solidaridad y apoyo. Su lucha también debe ser la nuestra sino queremos un futuro totalmente gris y en cenizas. 

Gabriela Canedo Vásquez es socióloga y antropóloga