Los costos asociados a la inseguridad y la violencia en Latinoamérica para el sector privado representan el 3,44 % del PIB regional. Es decir, cada producto o servicio creado en la región es aproximadamente un 3 % más caro de producir que en cualquier otro lugar del mundo, porque somos la región más violenta del planeta.
Mientras que en África la tasa de homicidios viene reduciéndose desde el año 2000 casi a la mitad, en América Latina crece: de 15 homicidios por cada 100 mil habitantes al comenzar el siglo, a casi 30 en 2025, y se prevé que rondará los 40 para 2030. Todo ello según datos provistos en estudios de la empresa Prosegur (de libre acceso en línea), con información del Instituto Igarapé. Así es como alcanzamos otro récord nefasto: 17 de los 20 países más violentos del mundo están en América Latina.
Las razones no son las que esperamos o creemos. La educación, el acceso a servicios, las oportunidades y el nivel de vida, comparados con los de África, por ejemplo, son mucho mejores, y en ese otro continente la violencia asociada al crimen no es tan feroz. América Latina presenta democracias formales relativamente estables; sin embargo, registra niveles de violencia superiores a otras regiones. La inseguridad no depende solo de factores económicos o institucionales. Podríamos colegir, a partir de los datos de ese estudio, que la cultura de la legalidad y los valores sociales resultan determinantes.
Siguiendo el léxico de la sociología marxista, las razones se hallarían en la superestructura y no únicamente en la base. Es decir —aunque evidentemente se requieren más estudios para demostrarlo— la semilla de la violencia criminal no estaría tanto en las carencias de servicios, educación o nivel económico, sino en un sistema cultural relacionado con la criminalidad y la violencia. Nuestra manera de entender la legalidad y aquello que no lo es, nuestra mirada sobre cómo torcer las leyes, pareciera ser el corazón del problema.
El análisis sugiere que la infiltración de recursos ilícitos en la política debilita la gobernabilidad democrática. La corrupción puede convertirse en un instrumento funcional de poder, porque existe previamente una cultura del privilegio y una nula asunción de responsabilidad por los actos cometidos; es decir, impunidad. A ese conjunto hay que sumarle lo que podría llamarse el círculo de la desilusión: la evidencia de que, desde hace al menos cuatro décadas, los cambios han sido pobres y las mejoras leves para las grandes mayorías, sea cual fuere el resultado de la lucha electoral y política.
Lo único que aumenta es la impaciencia por cambios visibles y sostenibles en una población cada vez más cansada de ver cómo cada nueva generación es impedida de levantar cabeza y avanzar hacia mejores condiciones de vida para sí misma y sus descendientes. Los tiempos de espera se han acortado, y el crimen organizado ha ofrecido una salida: quemar etapas y alcanzar una vida de lujos y privilegios en una sociedad que los valora, de manera rápida, aunque arriesgada. Imagino al chico de 15 años frente a la oferta de una pandilla pensando: “qué más da, si de todas maneras mi futuro será como el de mi padre y mi abuelo; es mejor disfrutar unos años, incluso morir joven, pero resolver mi vida —y la de mi familia— por un tiempo”.
Como ese joven, la cultura del privilegio y la desobediencia a la ley parecen haberse instalado en la psicología social. La debilidad del imperio de la ley incentiva la actividad criminal y la normaliza. Doblar la ley, sobornar, comprar autoridades, encontrar mecanismos para obtener ventajas por debajo de la mesa, parecen prácticas extendidas. Si bien Bolivia aún no se halla en los primeros puestos de las listas sangrientas del continente, la cultura de impunidad, junto al ciclo de la desilusión, son un gran caldo de cultivo frente al que deberíamos estar atentos. Porque probablemente, allí se encuentra el hilo del que empieza a desenredarse este gran ovillo de la violencia.
La autora es periodista
