Opinión

19 de agosto de 2019 11:15

Un pésimo inversionista


Los últimos 14 años la población atestiguó una de las principales debilidades del Gobierno de Evo Morales, la inversión, refiriéndome de manera global tanto a los proyectos sociales y productivos como también los emprendimientos empresariales que al día de hoy son foco de las principales críticas de sus detractores en el escenario político y en la sociedad civil.

Sin embargo, muy poca atención se ha puesto en materia financiera, pretendo desagregar solo dos puntos que considero fundamentales para alertar del riesgo de trasladar el mismo desempeño evidenciado en otras áreas como la social y productiva al campo financiero.

Primer punto, El Fondo de Pensiones, desde el año 1997 a partir de la Ley de Pensiones N° 1732 (noviembre 1996) y la posterior reforma de diciembre de 2010 con la Nueva Ley de Pensiones N°065 poco o nada ha cambiado respecto al manejo que se hace de los aportes a la jubilación. En términos de rentabilidad de las inversiones realizadas por los agentes de fondos de pensiones anteriores (Previsión BBVA y Futuro de Bolivia) y la actual Gestora Pública de Seguridad Social, que valga decir tiene 8 años de retraso en su implementación. han generado rendimientos anuales promedio de tan solo 0,39% (1997-junio 2019).

Hablamos de menos del 1% de rentabilidad, lamentablemente esta no es la rentabilidad real, si descontamos el efecto de la inflación anual promedio que ascendió a 4,63% (Banco Central de Bolivia) nos encontramos con que en los últimos 22 años y fracción las pensiones de los jubilados han sufrido pérdidas en un -4,24% promedio cada año. En total durante este periodo de tiempo se tuvo una pérdida acumulada de 103,15% y 101,93% en las agencias Futuro de Bolivia y Previsión BBVA respectivamente.

Durante este tiempo se tuvo 9 años de gobiernos “neoliberales” y 13 años y fracción de Evo Morales a cargo de la conducción del país, bueno en ese tiempo los fondos de pensiones de los jubilados han tenido pérdidas sostenidas sin despertar la mínima preocupación tanto en las anteriores administraciones como en esta. El problema no radica en las agencias de fondos de pensiones sino en las leyes que norman sus operaciones (Ley N°1732 y Ley N°065), ya que ambas dan holgura al Gobierno para vender letras y bonos a través del Tesoro General de la Nación y el Banco Central de Bolivia sin limitante alguno, y priorizan el mercado financiero interno al externo aún si este no es atractivo desde el punto de vista de la rentabilidad de su oferta de activos financieros.

El lector se preguntará cual es el problema, si el Tesoro General de la Nación y el Banco Central de Bolivia son entidades serias y forman parte del Estado por tanto el nivel de riesgo debe ser mínimo. Pues bien, los gobiernos de antes y el actual tuvieron y tienen en sus respectivas leyes la posibilidad de financiar déficits fiscales a través del crédito interno (deuda con las AFPs para el año 2018 ascendió a 5.165,7 millones de bolivianos) y los Fondos de Pensiones son un buen mecanismo para disponer de liquidez inmediata a cambio de la venta de activos financieros como letras y bonos con un rendimiento o tasa de interés mínima, estipulada por el mismo Gobierno.

Ese fue y sigue siendo el principal motivo por el que los fondos de pensiones no son invertidos en otros mercados financieros más dinámicos que representen una mayor rentabilidad y así garantizar una jubilación digna a todos los contribuyentes. Actualmente el mercado financiero boliviano representa muy pocas alternativas para invertir, bonos a largo plazo en algunas empresas que cotizan en la Bolsa de Valores Boliviana, Depósitos a Plazo Fijo en Entidades Financieras y el grueso en activos financieros variados en el Tesoro General de la Nación y el Banco Central de Bolivia.

En resumen, el sistema de jubilación se sustenta sobre la base que los aportes deben generar el capital de jubilación y no así una inversión inteligente de sus aportes generar a través de los intereses en el tiempo un capital que permita garantizarle un nivel de vida similar o mejor al que tuvo cuando se encontraba en actividad.

Segundo punto, el Gobierno Nacional ha dado señales de ser un inversionista imprudente, y a las pruebas me remito. El año 2017 el Banco Central compró bonos soberanos de deuda al Salvador por un valor de 191,2 millones de dólares con recursos de las Reservas Internacionales, el Salvador tenía en ese entonces una calificación de riesgo a corto plazo “B” (altamente especulativa) de acuerdo a la empresa Fitch Ratings (03 de mayo 2017) y la calificación “C” (extremadamente especulativa) de la empresa Standard and Poor´s (05 de mayo de 2017), así también una alta probabilidad de caer en default (cesación de pagos de deuda externa), todos síntomas de que su economía no solo estaba en serios aprietos sino también la certeza de que ese país no estaba en condiciones de pago de ningún tipo. Sin embargo, el Gobierno Nacional dio luz verde a la compra de este paquete de bonos “basura” pasando por alto todas las señales de mercado que decían lo contrario, carentes del más mínimo sentido común.

Por todo lo expuesto alertó del riesgo que corre las finanzas del país y del ciudadano de continuar bajo la senda de la improvisación y la irresponsabilidad de la administración de Morales, que defiende a ultranza la espiral de endeudamiento por encima de la estabilidad financiera del país y la sostenibilidad del sistema de seguridad social.

Carlos Armando Cardozo Lozada es economista, máster en Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, Especialidad en Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático    

Opinión

Noticias