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Opinión

4 de marzo de 2022 17:02

Derechos que no suman

ESCRITORIO 1

El último dato de informalidad pone a Bolivia en el primer puesto a nivel Latinoamérica y uno de los niveles más elevados a nivel mundial (82,8%) es decir 8 de cada 10 bolivianos encuentra ocupación en la informalidad (Organización Internacional del Trabajo). Según Naciones Unidas los trabajadores en este sector son dos veces más propensos a caer en la pobreza que sus pares formalizados.

La evidencia da cuenta que Bolivia no va bien en términos económicos, el nivel de vulnerabilidad de 8 de cada 10 bolivianos que trabajan en informalidad no condice con los discursos políticos del Gobierno Nacional que basa sus triunfos en sus propias estadísticas, distorsionando la realidad para que esta coincida con sus palabras.

Una gran incoherencia en la que varios Gobiernos han incurrido que se ha exacerbado desde el 2006 es la consolidación de los presupuestos de las universidades públicas. Las mismas son deficitarias y están obligadas a negociar mayores cuotas presupuestarias para poder cubrir sus necesidades, en primera instancia costos de operación que se concentran en los recursos humanos dejando los saldos para la inversión en infraestructura y algunas becas (subvenciones) orientadas a alumnos con diversidad de necesidades. A título de derecho a la educación, se dan muchas licencias frente al impacto verdadero de esos recursos.

¿Cuál es el límite para dejar pasar un problema estructural en las finanzas públicas? ¿Cuál es la contribución de la educación superior pública para los fines del Estado? La respuesta predeterminada es afirmar que el derecho de la educación no se puede negar a ningún ciudadano y su acceso “gratuito” es responsabilidad del Estado boliviano.

Sin embargo, a esta respuesta predeterminada se le escapa mencionar que la educación en Bolivia tiene una interpretación particular, una escalera social que ha permitido “ascender” a personas de estratos más bajos hacia sectores más acomodados. En ese caso la primera interrogante saldría sobrando porque los fines de la sociedad y el Estado no tienen punto de coincidencia, sin embargo, los Gobiernos se han rendido a los fines que busca la sociedad boliviana postergando cualquier evaluación sensata acerca de los fondos transferidos y la evolución del contexto socio económico.

La educación superior pública es un mecanismo para proveer recursos humanos capacitados para ofertar su fuerza laboral en el mercado local acorde a las necesidades del aparato productivo privado. ¿Pero que pasa cuando ese aparato productivo es progresivamente más pequeño?

Hay una incapacidad de absorción de recursos humanos calificados, corrección, hay un sobredimensionamiento de la oferta de recursos humanos calificados para demandas inexistentes en el aparato productivo.

Recurriendo a datos del Ministerio de Economía y Finanzas (Memoria 2010 y 2020) las Universidades Públicas recibieron 6.374,86 millones de dólares americanos (aproximadamente 44.761 millones de bolivianos) durante el periodo 2007-2020. El último dato del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) da cuenta que para el año 2020 se tenían matriculados 477.988 que antes de la pandemia había tenido su pico el año 2019 con 491.794 alumnos en todo el sistema universitario público.

Así también 333.913 alumnos lograron titularse en el mismo periodo de análisis, haciendo un promedio de 23.851 alumnos por año aproximadamente.

Por cada alumno que se titularon, se matricularon 3 alumnos nuevos en el sistema universitario, en total fueron 1.297.095 alumnos que ingresaron en el periodo 2007-2020. Asumiendo, de buena fe, que todas las transferencias fueron utilizadas en su integridad en la titulación de 333.913 alumnos, cada alumno le costó al Estado aproximadamente 19.091.38 dólares americanos.

Ahora bien, el ciudadano de a pie ha contribuido con 51,22% (por concepto de Coparticipación Tributaria) de cada titulado del sistema universitario, valga decir 9.778,24 dólares americanos. Desde el 2007 cada contribuyente ha sacrificado 698,45 dólares americanos anuales. Sin embargo, el titulado debe enfrentarse a un mercado laboral formal bastante restringido en continua zozobra e incertidumbre. Así que esos titulados tienen dos opciones: competir, sin experiencia, en un mercado laboral público privado pequeño o resignarse a pertenecer al sector informal donde no existen barreras de entrada, pero sí existen limitaciones que dibujan un techo invisible al financiamiento, a los ingresos esperados, a la construcción legal del patrimonio a partir del ejercicio pleno de la propiedad privada.

Las Universidades del Sistema Público deben recobrar un rol activo y reconocer que han perdido la orientación, de ser espacios de formación, debate e innovación compenetradas con su entorno a simples islas que existen a pesar de lo que suceda a su alrededor, sumideros de recursos del contribuyente ensimismadas en la grandilocuencia de su misión: garantizar un derecho.

Carlos Armando Cardozo Lozada es economista, Máster en Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, Especialidad en Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático, presidente de Fundación Lozanía