La Paz, 7 de Ago. (ANF).- La reformulación de la nueva ley Forestal 1.700 anunciada por el gobierno apunta a modificar cuatro aspectos vinculados que son: El incremento de las sanciones por la quema de áreas forestales de forma ilegal, reposición del costo de la patente por hectárea de tierra, el desmonte de bosques de forma controlada y el control de las concesiones.
El Director Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), Cliver Rocha, dijo que la nueva ley forestal normará las autorizaciones para el desmonte de bosques, el cual deberá estar relacionado a un plan de uso del suelo
“Vamos ha ajustar las normas para las permisiones en los desmontes legales y estos ajustes de norma tendrán que ver con la determinación de planes el uso del suelo“, manifestó.
Para Rocha, este aspecto pondrá a prueba a los sectores productivos quienes deberán determinar si priorizan el mercado antes del respeto a” los derechos de la naturaleza y la madre tierra”.
Además, Rocha manifestó que uno de los aspectos que se tratará en la nueva ley será la reposición de la patente por hectárea de concesión forestal que fue rebajada por el ex Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (2003) de un dólar a la capacidad de uso de la dimensión de la tierra. La medida fue dispuesta mediante el Decreto Supremo 27024.
La autoridad explicó que antes de la aplicación del DS el Estado percibía 2.9 millones de dólares por los 3.7 millones de hectáreas pero después se percibió 137 mil dólares. Por este motivo el Ejecutivo impulsará la restitución de la patente de un dólar por hectárea de concesión forestal.
“Ahora si lo vamos hacer inmediatamente o lo vamos hacer en el próximo régimen forestal porque estamos a puertas del futuro régimen en la que se establezcan estos temas”, afirmó.
Asimismo, el Director Ejecutivo de la ABT indicó que uno
de los aspectos que también amerita ser modificado es la multa que pagan las personas por la quema de pastizales sin ninguna autorización por lo cual en la actualidad sólo pagan 20 centavos de dólar por hectárea.
El funcionario considera que se debe incrementar la sanción porque un productor agropecuario que causa una quema ilegal de 200 hectáreas paga la suma de 400 dólares.
Por último, el control de las concesiones que se iniciará con la auditoria anunciada por el Rocha, es parte de la futura ley que será tratada por el Legislativo, después de que el Ejecutivo concluya con dicha elaboración. La Ley 1700 fue promulgada por el gobierno de Sánchez de Lozada en 1996.
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